MADRID, miércoles 16 noviembre 2011 (ZENIT.org).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió el 8 de noviembre una sentencia condenatoria contra Eslovaquia por la esterilización de una mujer gitana que entonces tenía veinte años, en un hospital público sin su consentimiento informado, por lo que se han violado derechos fundamentales como, entre otros, la prohibición de trato inhumano o degradante.
En el caso de VC versus Eslovaquia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo por unanimidad que se produjo: una violación del artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) de la Convención Europea de Derechos Humanos.
El caso se refería a la denuncia de una mujer eslovaca de origen romaní, víctima de esterilización forzada. Esta es la primera sentencia de la Corte que se ocupa de la esterilización.
La demandante, VC, eslovaca de origen gitano nació en 1980 y vive en Jarovnice, Eslovaquia.
El 23 de agosto de 2000, fue esterilizada en el Hospital y Centro de Salud de Prešov, Eslovaquia oriental, del Ministerio de Salud, durante el parto de su segundo hijo por cesárea. La esterilización implicó ligadura de trompas, con el fin de prevenir la fertilización.
La demandante alegó que, en las últimas etapas de la operación, se le preguntó si quería tener más hijos y que, si lo hacía, ella o el bebé morirían. Dijo ante el tribunal que, por dolor y miedo, firmó el consentimiento de la esterilización, pero que, en ese momento, ella no entendía lo que significaba la esterilización, su naturaleza y consecuencias del procedimiento, y, en particular, su irreversibilidad.
Dijo no haber sido informada de la existencia de métodos alternativos. Su firma, al lado de las palabras escritas «esterilización a petición del paciente», es inestable y su apellido de soltera se dividió en dos palabras. También afirma que su etnia romaní –que se establece claramente en su historial médico- jugó un papel decisivo en la esterilización.
El hospital por su parte dijo que la esterilización fue llevada a cabo por motivos de salud: riesgo de ruptura del útero, y que la paciente había dado su autorización después de haber sido advertida por los médicos de los riesgos de un tercer embarazo.
En enero de 2003, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos Civiles y Humanos publicó un informe titulado Body and Soul, sobre la esterilización coercitiva y agresiones a la libertad reproductiva en Eslovaquia. La demanda civil fue desestimada en última instancia de apelación por el Tribunal Regional de Prešov, Eslovaquia, en mayo de 2006.
La solicitante se refirió a una serie de publicaciones que apuntan a una historia de esterilización forzada de mujeres romaníes, que se originó bajo el régimen comunista en Checoslovaquia, en la década de 1970, que presuntamente fueron diseñadas para controlar la población romaní. En particular, sostuvo que, de acuerdo con un estudio, el 60% de las esterilizaciones realizadas de 1986 a 1987, en el distrito de Prešov, habían sido en mujeres gitanas.
El gobierno sostiene que el cuidado de la salud en Eslovaquia trató a todas las mujeres por igual y que, de acuerdo a un informe publicado en mayo de 2003, todos los casos de esterilizaciones se basaron en razones médicas.
Pero la esterilización no claramente consentida por la mujer eslovaca gitana tuvo en su vida comunitaria y conyugal graves consecuencias lo que a su vez produjo graves secuelas médicas y psicológicas.
Cabe destacar que en 2007/2008 mostró signos de estar embarazada, pero en realidad fue “embarazo histérico”. Tratada desde 2008 por un psiquiatra, sigue sufriendo por la esterilización. Ha sido condenada al ostracismo por la comunidad romaní. Se ha divorciado de su marido, y cita su infertilidad como una de las razones de su separación.
La solicitud fue presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 23 de abril 2007.
La Corte señaló que la esterilización equivale a una interferencia grave del Estado en la salud reproductiva, con la implicación de múltiples aspectos de la integridad personal (físico y bienestar mental, así como la vida emocional, espiritual y familiar), que hubiera requerido el consentimiento informado de un paciente adulto y en su sano juicio. Por otra parte, el consentimiento informado, como requisito previo a la esterilización, se regula en una serie de documentos internacionales, en particular el Convenio del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y la Biomedicina, ratificado por Eslovaquia en diciembre de 1999, y en vigor en el país en el momento de la esterilización de la parte demandante.
Sin embargo, la solicitante paciente adulta mentalmente competente, aparentemente no fue completamente informada sobre su estado de su salud, la esterilización propuesta y/o sus alternativas. En cambio, le pidieron firmar un módulo escrito, mientras estaba todavía sufriendo la operación.
Por otra parte, dijo la corte que había sido presionada a firmar el documento tras ser informada por el personal médico de que si tenía un hijo más, ella o el bebé morirían. La intervención no era de necesidad inminente, ya que cualquier amenaza a su salud era sólo probable en el caso de un futuro. embarazo. De hecho, la esterilización no se considera generalmente una cirugía para salvar vidas. El Tribunal consideró que la forma en que el personal del hospital actuó fue “paternalista”, ya que no le presentaron ninguna otra opción, sin darle tiempo para reflexionar sobre sus implicaciones, o para hablarlo con su marido .
El sufrimiento que supuso ha tenido repercusiones duraderas y serias en su estado de salud físico y psicológico, así como en la relación con su marido y la comunidad romaní.
Teniendo en cuenta lo anteriory que, tanto el comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos y la comisión europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) han identificado graves deficiencias en la legislación y la práctica de esterilización, en general, en Eslovaquia, y habían declarado que la comunidad gitana, muy desfavorecida en la mayoría de las áreas de la vida, era más propensa a ser afectada por estas deficiencias.
En particular, el Tribunal consideró que una simple referencia a su origen étnico en su historia clínica, sin más información, indica una cierta mentalidad por parte del personal médico en cuanto a la forma en que la salud de la demandante, como gitana, debía ser tratada.
El Tribunal consideró que Eslovaquia deberá abonar a la demandante € 31.000 (euros) en concepto de daño inmaterial, y 12.000 euros de costas y gastos.
Más información en: http://www.gitanos.org/servicios/prensa/noticias/78261.html y www.echr.coe.int.
Por Nieves San Martín
