MADRID, martes 16 de febrero de 2010 (ZENIT.org).- Los colegios de la Fundación CEU se reafirmaron en su ideario, contra el que atenta, según denunciaron, la futura Ley de Salud Sexual y Reproductiva elaborada por el Gobierno, y que ahora se tramita en el Senado.
“Nosotros nos acogemos al derecho constitucional del ideario del centro y defendemos la libertad de los padres a escoger la formación moral de sus hijos y la libertad de cátedra”, explicó a ZENIT el director de Colegios del Área de Enseñanzas Medias de la Fundación CEU, Antonio Urzáiz.
En un manifiesto publicado el 3 de febrero, los siete colegios de la Fundación quisieron “reafirmar el compromiso con nuestro ideario educativo y el compromiso en su defensa y mantenimiento frente a los ataques que sufre desde el texto legal aprobado”.
“La imposición de las medidas educativas que señala la ley, así como el observar el aborto como una solución más ante un embarazo imprevisto, cuestión en que la ley insiste especialmente, no son acordes con nuestro proyecto educativo, ni con las expectativas que los padres tienen con el mismo”, afirmaron.
El texto denuncia que “los artículos 5 y 9 de la ley atentan contra el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos”.
“Esta ley impide que los padres decidan la orientación de “la formación en salud sexual y reproductiva como parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores”, añade.
Según el manifiesto, “las enseñanzas que trata de imponer la ley, en cuanto a la información de las técnicas abortivas y de la educación sexual, son contrarias a la verdad de la naturaleza humana e incoherentes con la responsabilidad exigible al ser humano como sujeto moral dueño de sus actos”.
Estos colegios, que escolarizan entre seis y siete mil alumnos, según Urzáiz, exigieron “la retirada de la ley aprobada y el desarrollo de una reforma legislativa que realmente proteja el derecho a la vida de todo ser humano, la dignidad de la mujer y la libertad de enseñanza”.
También manifestaron su compromiso con las movilizaciones sociales que promueven la defensa de la vida, la dignidad de la mujer y la libertad de educación.
En este sentido, Urzáiz explicó que primero el proyecto de ley se tiene que concretar en unas normas de las Consejerías de Educación.
“Ahora es una incógnita cómo van a reaccionar las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas a esas menciones que hace la ley a incluir en los currículums esa formación”, dijo.
Y añadió: “Pero el derecho de todo ciudadano a oponerse a lo que vaya contra sus convicciones debe ser respetado, por ejemplo con la objeción de conciencia”.
Ante la aprobación de la nueva ley sobre el aborto por parte del Gobierno, también la Fundación Universitaria San Pablo CEU y la Universidad de Navarra manifestaron su oposición a algunos aspectos derivados del proyecto de ley, como la obligación de enseñar en sus facultades técnicas para abortar.
En opinión de Urzáiz, con la ley sobre el aborto que se quiere aprobar en España, “en un planteamiento totalitario, quieren cambiar el sustrato cultural de un pueblo, y eso se hace a través de la educación”.
Los colegios de la Fundación CEU ya demostraron la fidelidad a su ideario al oponerse a impartir determinados contenidos morales de la asignatura Educación para la Ciudadanía (Epc) que atentaban contra el mismo.
En este sentido, Urzáiz destacó la diferencia entre la ley sobre el aborto -una ley sanitaria- y la ley sobre EpC -una ley educativa, y explicó que en caso EpC, la discusión está en el contenido de la asignatura.
Actualmente, en los colegios de la Fundación CEU no se están impartiendo los contenidos de EpC contrarios a los idearios de los centros, sino sólo los que no crean problemas con el mismo.
Pero para Urzáiz, “el tema no ha acabado, ya que todavía hay sentencias en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional,…: es un camino largo, que terminará en Estrasburgo”.
La Fundación tiene colegios actualmente en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia, y el curso que viene prevé abrir dos más, en Madrid y en Vitoria.
Por Patricia Navas
