El producto sólo podrá ser adquirido en las farmacias con receta médica, y su precio rondará las 2000 pesetas (algo más de diez dólares), al quedar fuera de la financiación pública.
Los obispos católicos españoles en varias ocasiones han publicado documentos en los que recuerdan que este fármaco constituye un tipo de «aborto químico».
La medida pasa con el apoyo de la fuerza mayoritaria del gobierno español, el Partido Popular, de centro derecha, familia política en la que se encuentran presentes exponentes de la Democracia Cristiana y que hasta las últimas elecciones se presentó como opción coherente para los votantes católicos.
