MADRID, lunes 21 noviembre 2011 (ZENIT.org).- La Fundación Universitaria San Pablo-CEU, obra de la Asociación Católica de Propagandistas (AcdP) y organizadora de los congresos Católicos y Vida Pública, al término del décimotercero, dedicado a la Libertad religiosa y nueva Evangelización hace públicas una serie de manifestaciones este 19 de noviembre.
“El respeto a la libertad religiosa –afirma el manifiesto hecho público al término del congreso–, derecho fundamental radicado en la dignidad de la persona, exige que, en materia religiosa, a nadie se le obligue a obrar contra su conciencia, ni se le impida actuar conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros”.
“Este derecho –añade- debe tener su expreso reconocimiento como derecho civil en todo ordenamiento jurídico positivo. La libertad religiosa ‘no es sólo ausencia de coacción’, sino a la vez y ante todo, ‘capacidad de ordenar las propias opciones según la verdad’. La libertad religiosa es un elemento imprescindible de un verdadero Estado de derecho, el mejor indicador para verificar el respeto de todos los demás derechos humanos, de los quees soporte, síntesis y cumbre, y condición del desarrollo humano integral”.
La libertad religiosa es violada –afirma- “de modo especialmente grave cuando se instrumentaliza la misma religión a favor del poder e intereses propios de un individuo o un grupo”.
En este sentido, los asistentes constatan y denuncian que hoy “se vulnera el derecho a la libertad religiosa hasta el extremo, en no pocos lugares, de que su ejercicio puede llevar a la muerte. Y en ninguna parte –ha de decirse– se encuentra plenamente respetada.
Si en el pasado –reconocen con vergüenza– “también en nombre de la fe cristiana algunos recurrieron a la violencia, son los creyentes cristianos los que en mayor número ven hoy violada su libertad religiosa y sufren la más violenta persecución en todo el mundo”.
Violan gravemente la libertad religiosa, dice el texto, “en muchos casos creyentes que llevados de un fanático fundamentalismo llegan a la aberración de invocar a Dios para justificar su terrorismo y sus crímenes de todo tipo”.
Pero denuncian y condenan a la vez “otras formas de hostilidad contra la religión, expresión de un laicismo intolerante, que limitan el papel público de los creyentes en la vida civil y política”.
Los congresistas afirman que “tanto el fundamentalismo religioso como el que puede llamarse fundamentalismo laicista violan gravemente la libertad religiosa, suponen el rechazo del legítimo pluralismo y del principio de laicidad, impiden así una pacífica convivencia sociopolítica democrática y abren la puerta a totalitarismos de uno u otro signo”.
Exigen “el riguroso respeto a la libertad religiosa, como un derecho ciudadano constitucionalmente reconocido”, y rechazan “cualquier intento de restringir su efectivo ejercicio bajo el pretexto de regularlo”.
Exigimos, por eso, “expresamente que se reconozca la dimensión pública de la religión a la vez que se respeta la laicidad positiva de las instituciones estatales. Para lograr en todo el mundo el respeto a la libertad religiosa, condición y camino para la paz, es decisivo el sincero diálogo entre todas las religiones, así como entre creyentes y no creyentes”.
Proclaman su “compromiso en la evangelización”, en “la tarea de llevar la buena nueva tanto a aquellos a quienes no les ha sido anunciada nunca, como de nuevo y de manera especial –en una nueva evangelización– a quienes la recibieron en sociedades y culturas que se han ido “alejando de la fe, a lo largo de un complejo proceso que ha llevado a ‘una profunda modificación de la percepción de nuestro mundo’, en territorios en los que hoy ‘se manifiesta con mayor evidencia el fenómeno de la secularización’”.
La libertad religiosa –afirman los firmantes del manifiesto- tiene su campo de ejercicio en todos los ámbitos y momentos de la vida y de manera especial quieren hoy hacerla eficaz “en la consolidación de la familia, fundada en la unión de un hombre y una mujer, en el respeto a la libertad educativa y en la defensa del derecho de los padres a decidir el tipo de educación que han de recibir sus hijos”.
Manifiestan asimismo su “convicción de que la libertad religiosa constituye una condición ineludible del verdadero desarrollo humano, aun en su dimensión económica”.
