La Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) así como la organización Educación y Gestión (EyG) rechazaron este miércoles en declaraciones a Veritas la explicación, ofrecida en algunos medios de comunicación, por el Ministerio de Educación para justificar la expulsión de Manuel de Castro, secretario general de FERE, del Consejo Escolar.
Según recoge el diario «La Razón», el Ministerio habría afirmado que el «proceso de fusión» que FERE y EyG están llevando a cabo, permitiría que hubiera un solo representante de ambas instituciones en el Consejo Escolar.
Emilio Díaz, asesor jurídico de FERE, ha dicho a Veritas que «es falso» hablar de una fusión entre EyG y FERE.
«FERE es un órgano de derecho canónico que agrupa a las entidades culturales de los centros católicos, su objetivo es representar a los titulares de estos centros en los ámbitos culturales y de educación; FERE tiene una función evangelizadora y pastoral», afirmó.
Por otro lado, «Educación y Gestión es una organización patronal, empresarial, constituida en 1989 gracias a la Ley orgánica de Libertad Sindical de 1985, cuyo objetivo es defender los intereses empresariales de los centros educativos católicos», añadió.
El asesor de FERE explica que «la base social de una y otra asociación son comunes, aunque no al 100%, por ejemplo UGT y el PSOE tienen una base social parecida, pero son de naturaleza jurídica diferente y tienen intereses diferentes; de la misma manera FERE es de naturaleza canónica y EyG de naturaleza civil».
Esta base social compartida por las dos asociaciones sería –según Díaz– la que «justifica que desde FERE y EyG se hayan extremado los medios de colaboración y coordinación».
Por tanto, «no se puede decir que FERE y EyG y fusionen, sino que buscan internamente fórmulas para trabajar de forma conectada y coordinada», añade.
FERE tampoco está de acuerdo con la otra razón aducida por el Ministerio de Educación para justificar la expulsión de Manuel de Castro del Consejo Escolar: «el Ministerio considera a una religiosa como superior representante de la Iglesia y los centros católicos en el Consejo; pero Rosa de la Cierva está allí a título individual, como persona de reconocido prestigio, y cuyo currículum acredita su derecho a estar allí y en otros foros».
Según Díaz, «la vinculación histórica de esta religiosa a la Conferencia Episcopal Española» acredita también su representación en el Consejo Escolar, pero no se puede decir que «represente a los centros educativos católicos».
FERE está poniéndose en contacto con el Ministerio de Educación para buscar una solución a este problema, pero según Emilio Díaz «seguiremos denunciando ante la sociedad nuestra preocupación ante esta medida que puede dificultar el diálogo con el gobierno y la consecución del Pacto Escolar, que se hace muy difícil en estas circunstancias».
Por su parte, Jorge Oroz, secretario de EyG, en declaraciones a Veritas «ha desmentido rotundamente la fusión», diciendo que «es imposible porque tienen distinta naturaleza jurídica».
Del mismo modo que Díaz, Oroz ha afirmado «la existencia de un proceso interno de colaboración entre FERE y EyG para mejorar la eficacia y organización de ambas entidades», pero ha aclarado que esto no se puede «vender como la razón para la expulsión de FERE del Consejo escolar».
Según Oroz, la expulsión de Manuel de Castro «ha sido un cese sin recibo, ni por la forma ni por el fondo» y ha recordado la legitimidad de FERE en el Consejo Escolar que está representada en él «desde hace más de veinte años, desde que se constituyó el Consejo Escolar».
El secretario de EyG afirmó que «la implantación de FERE en el mapa escolar español justifica sobradamente su presencia en el Consejo Escolar» y dijo que «no entendemos ni compartimos la razón que da la ministra para la expulsión».
Oroz también ha coincidido con Díaz en rechazar el otro argumento dado por el Ministerio, ya que según la opinión de EyG «Rosa de la Cierva no representa oficialmente ni a la Conferencia Episcopal Española ni a los centros católicos», aunque su prestigio acredite su presencia en el Consejo Escolar.
Por su parte la Confederación Católica de Asociaciones de Padres (CONCAPA) también ha criticado en un comunicado el modo con que se ha llevado a cabo el cese de ocho miembros del Consejo Escolar del Estado.
Según CONCAPA, algunos de los ceses, entre los que señala los de los catedráticos José Luis García Garrido o Ramón Pérez Juste y el del secretario general de la FERE, se habrían producido «no por haber perdido su prestigio –adquirido en años de dedicación a la enseñanza– sino por atreverse a opinar en contra de medidas propuestas o adoptadas por el Gobierno»
Algunos de ellos habían anunciado «votos particulares en contra de la mayoría de izquierdas presente en este órgano consultivo», informa CONCAPA.
La Confederación, además, califica como «talante dictatorial» el hecho de que esos ceses se hayan producido «sin comunicarlo previa y directamente a los afectados y con un “tufillo” de criba ideológica que sólo denota venganzas políticas y posiciones antidemocráticas».
Para la Confederación, la intención del Gobierno es la de «convertir al Consejo Escolar en un “títere” obediente a la voz de su amo, para que apoye por la fuerza de la mayoría, artificiosamente buscada, resoluciones tan poco democráticas como la pretensión de retirar los conciertos de los centros en este régimen».
«Actuaciones como esta indican claramente que el talante de consenso y el pretendido deseo de llegar a un Pacto Escolar son una auténtica falacia del Gobierno socialista que, en materia de educación, no sólo incumple leyes orgánicas como la LOCE, legislando “por decreto”, sino que destituye a quienes piensan distinto», afirma CONCAPA.
