VALENCIA, 19 noviembre 2003 (ZENIT.org–Veritas).- El proyecto de Ley que permite la experimentación con embriones humanos que actualmente se discute en el Congreso de los Diputados de España, no es el mismo que enjuició, en una nota el pasado 25 de julio, la Conferencia Episcopal Española.
«Posteriormente, presumiblemente por presiones de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, este proyecto de ley fue modificado, en términos no muy amplios, pero sustanciales», revela el doctor Justo Aznar, jefe del Departamento de Biopatología clínica del Hospital universitario La Fe de Valencia y destacado exponente provida.
Además, constata en una entrevista concedida a Veritas, la técnica actual hace inviable la experimentación con embriones muertos tras el proceso de descongelación, ya que éstos son congelados en un estado tan primitivo que, para poder aprovechar las células madre, habría que hacer revivir al embrión, desarrollarlo y matarlo posteriormente.
–¿Por qué la ley que modifica la de Reproducción Asistida de 1988 no debería de ser aprobada? ¿Es peor la reforma que la anterior ley?
–Justo Aznar: Antes de contestar a su pregunta quiero hacer una puntualización que me parece importante para este debate.
El Gobierno presentó a finales de julio un proyecto de ley para modificar la de 1988 sobre Reproducción Asistida. En dicho proyecto, se puede decir de forma muy resumida, que existían aspectos, positivos y negativos. Positivos: se limitaban a tres el número de óvulos que se podían fecundar en cada ciclo de estimulación y también a tres los que se podían implantar una vez fecundados.
Esto era positivo pues prácticamente se eliminaba la posibilidad de tener que almacenar embriones sobrantes, con lo que se habría dado solución al importante problema de los embriones congelados. Sin embargo, se establecían excepciones que deberían ser reguladas en una disposición posterior. También era positivo que se prohibía cualquier tipo de clonación, tanto reproductiva como terapéutica.
Era negativo que se permitiera, aunque de una forma controlada, la utilización de los embriones actualmente congelados para experimentaciones biomédicas, circunstancia hasta ahora prohibida en nuestro país.
Esta redacción del proyecto de ley suscitó la nota de 25 de julio del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, que resaltaba los aspectos positivos y negativos que anteriormente le he comentado y añadía un juicio moral sobre la posibilidad de utilizar embriones muertos para investigación. Esto lo comentaré más adelante.
Sin embargo, posteriormente, presumiblemente por presiones de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, este proyecto de ley fue modificado, en términos no muy amplios, pero sustanciales. Esencialmente lo que cambiaba era que se ampliaban los casos excepcionales para permitir la fecundación e implantación de más de tres embriones y se reducían las cortapisas para utilizar embriones congelados para investigaciones biomédicas. En efecto, este nuevo proyecto de ley estipulaba que se podrían fecundar e implantar más de tres embriones, siempre que «existiera alguna patología de base en los progenitores», es decir prácticamente siempre que quisieran los responsables médicos del caso.
Este fue el proyecto de ley que se llevó al Congreso de Diputados y el que fue aprobado. Es decir, un proyecto que prácticamente no resolvía el problema de los embriones congelados, pues sin duda se seguirían acumulando y que abría la puerta a la utilización de los actuales embriones congelados sobrantes de fecundación in vitro para investigaciones biomédicas. Por ello, este nuevo proyecto de ley no mejora, desde un punto de vista ético, la ley de Reproducción Asistida de 1988, sino que la empeora.
Sobre este segundo proyecto, que es el válido, que yo sepa, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española no ha emitido ningún juicio sobre su idoneidad moral.
Por tanto, y contestando directamente a su primera pregunta, creo que este proyecto de ley por razones éticas, no debería haber sido aprobado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los votos de la gran mayoría de los parlamentarios populares.
–Usted sugiere en su artículo que la nota de julio emitida por la Conferencia Episcopal Española sobre la posibilidad de investigar con embriones muertos tras el proceso de descongelación debería matizarse ¿puede explicar esto?
–Justo Aznar: Ciertamente, como afirma la nota de la Conferencia Episcopal de 25 de julio, no existe ningún inconveniente ético para utilizar restos celulares de embriones muertos para investigación. El problema estriba en si estos restos son útiles o no para la experimentación biomédica. De forma absoluta es difícil de afirmarlo, pues depende de los fines de esas investigaciones y de otras circunstancias.
Sin embargo, quiero matizar algo. Como ya he comentado ampliamente en publicaciones anteriores, la gran mayoría de los embriones sobrantes de fecundación in vitro se congelan cuando tienen menos de 16 células. Estos embriones tempranos no son adecuados para la obtención de células madres, por lo que, y dicho muy resumidamente, una vez descongelados hay que cultivarlos para que se desarrollen hasta la fase de blastocisto, embrión de 60 a 100 células, para en ese momento destruirlos y obtener las células madre útiles para la investigación. Es decir, en estas circunstancias, siempre se destruye una vida humana.
Si los embriones se congelaron en fase de blastocisto, cosa poco frecuente, se podrían utilizar sus células de inmediato, pero primero, siguiendo el criterio de los obispos, habría que certificar que estos embriones, tras la descongelación, estaban muertos.
A esto hay que hacer tres consideraciones:
a) no es fácil determinar cuando un embrión esta muerto, si no se cultiva y se comprueba que no evoluciona;
b) al descongelarlo la obligación moral es proveer a esos embriones de los medios de cultivo necesarios para garantizar su supervivencia, pudiéndose utilizar solamente los que no sobrevivan;
c) y, creo que ésta es la razón fundamental, estimo que no existirá ningún científico que se arriesgue a iniciar costosas y difíciles investigaciones utilizando restos biológicos de embriones muertos, cuando ahora puede utilizar embriones vivos, obtenidos de líneas celulares comercializadas y, cuando la nueva ley sea aprobada, también podrá hacerlo a partir de los embriones que hayan sobrevivido después de la descongelación.
El que en la mente del legislador subyace la idea de que lo que hay que utilizar son los embriones vivos y de buena calidad queda avalado porque en la nueva ley se crea un único Centro Nacional para regular estos procesos y especialmente para garantizar la calidad de las técnicas de descongelación, a fin de tener la certeza de obtener un material biológico (embriones humanos) adecuado para las investigaciones que se pretenden realizar.
Otra circunstancia que también apoya que lo que se pretende es utilizar a estos embriones para la investigación es que en la nueva ley al embrión preimplantado o embrión temprano se le denomina siempre preembrión. Sin duda alguna para desproveerlo de su carácter de ser humano vivo y así poder manipularlo sin ninguna traba ética. Para apoyar la indudable intencionalidad de los legisladores al utilizar esta denominación, bastaría recordar que en el año 2002, en la literatura científica especializada el término preembrión solamente aparece en 13 ocasiones y en cambio los términos de embrión temprano o preimplantado aparece más de 700 veces. Esto claramente indica que el término preembrión, biológicamente hablando, es un término
obsoleto, por lo que su inclusión en el proyecto de ley que se propone no parece que este justificado, si no es por las razones éticas anteriormente comentadas. Esta hipótesis queda reforzada por el hecho de que el término preembrión no aparece ni una sola vez, tanto el informe de la Comisión Ética asesora del Gobierno sobre asuntos de Ciencia y Tecnología de febrero, como en el informe de la Comisión Europea de abril, ambos de 2003, sobre este mismo tema, comisiones ambas con una amplia y profunda formación científica y ética.
–Usted sugiere también que la publicación de esa Nota episcopal podría haber influido en que muchos parlamentarios populares no se hayan planteado un voto contrario a la ley. ¿Podría explicarlo?
–Justo Aznar: Quiero pensar que la publicación de la nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal de 25 de julio, pudo influir en la decisión de voto de algunos parlamentarios; pero, sin duda, era obligación de dichos parlamentarios saber, sino lo sabían, que el proyecto de ley que iban a aprobar no era el comentado en la nota episcopal, sino otro modificado.
Por ello, estimo más bien que votaron afirmativamente por disciplina de partido, excepto las honrosas excepciones que hubo, al no tener el coraje moral para anteponer su criterio personal al criterio político que predominó en esta votación.
–¿Cree usted que la opinión pública no está suficientemente informada sobre las implicaciones éticas reales que tiene la nueva ley?
–Justo Aznar: Sin duda. No es fácil que, cuando al parecer personas tan cualificadas como los parlamentarios populares, no calibraron bien la trascendencia moral de esta ley, que va abrir en España la posibilidad de utilizar –destruyéndolos– embriones humanos para experimentación, y que no va a resolver el problema de los embriones congelados, personas menos preparadas que ellos no se hayan percatado de la valoración moral negativa que esta ley merece. Por esto, estimo que es muy importante que los medios de comunicación, como ustedes están haciendo, trasmitan a la opinión pública la realidad del proyecto de ley que estamos comentando.
–La ley, que fue aprobada a mitad de octubre en el Congreso, pasa ahora al Senado. ¿Cree usted que quedan opciones y cuáles serían para impedir que se apruebe tal y como está?
–Justo Aznar: Sería aleccionador que en el Senado primara la conciencia moral individual a la disciplina de partido, pero me temo que, salvo honrosas excepciones, como así lo ha manifestado ya el portavoz adjunto del Grupo Popular en esa Cámara, D. José Iribas Sánchez de Boado, predomine en la votación la opinión del Gobierno.
Por ello, la última opción para que este ley no sea aprobada en su vuelta al Congreso de los Diputados es que la voz de los ciudadanos se alce contra un proyecto de ley que va a permitir terminar en nuestro país con un gran número de vidas humanas, precisamente las más débiles e inocentes.
