MADRID, domingo, 13 de noviembre de 2005 (ZENIT.org).- La participación en la manifestación contra la reforma educativa promovida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, celebrada este domingo, superó las expectativas.
Según los organizadores, en el encuentro participaron unos dos millones de personas; la Comunidad de Madrid calculó que eran 1.524.000 personas, y la Delegación del Gobierno, 407.000. En vísperas, sus organizadores calculaban que los manifestantes serían un millón.
«Por una educación en libertad» era el mensaje que abría la marcha, llevado por representantes de las diez organizaciones que convocaron y organizaron la protesta, entre ellos los presidentes del Foro de la Familia, de la Confederación Católica de Padres (CONCAPA) o del sindicato USO.
Participaron seis obispos, aunque ninguno de ellos quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación, según fuentes de la Conferencia Episcopal para no restar protagonismo a los convocantes de la protesta.
El episcopado había afirmado públicamente el apoyo a todas las maneras legítimas de protestar contra el proyecto gubernamental.
Algunos carteles decían «Yo no quiero que me eduque Zapatero», «La familia, unida, jamás será vencida», y «Obispos, sed valientes, no estáis solos».
El manifiesto «Por una educación de calidad en libertad», leído al final por la ex Miss Mundo Mariasela Alvarez, asegura que la reforma educativa que promueve el gobierno socialista, «desconoce los derechos y libertades que en materia educativa reconoce nuestra Constitución».
En particular, insistió en «el derecho de los padres a decidir sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos; el derecho a la gratuidad en los niveles básicos y obligatorios; el derecho de los padres a elegir centro sin distinción; el derecho de los centros de promoción privada a recibir fondos públicos; el derecho a crear y dirigir centros educativos y, finalmente, el derecho a definir el carácter o ideario de los centros».
«Afirmamos que la educación es responsabilidad y derecho de los padres, y que el Estado sólo tiene una función subsidiaria. Los poderes públicos no tienen el derecho de educar a los ciudadanos, sino que tienen que asegurar la libertad de los padres para decidir el tipo de enseñanza que desean, sin otros límites que los constitucionales».
El presidente de la CONCAPA, Luis Carbonel, exigió al término de la manifestación una reunión con el presidente del Gobierno para pedirle la «inmediata» paralización de la reforma y se comprometió «a mantener viva la llama que hoy habéis encendido».
Esta movilización de entidades católicas apoyadas es la segunda que se realiza en Madrid después de la que tuvo lugar el 18 de junio pasado contra la ley que autorizaba los matrimonios homosexuales.
