MADRID, miércoles 21 de septiembre de 2011 (ZENIT.org).- El Foro de la Familia de España pidió a los gobiernos de las distintas regiones que dejen de financiar abortos con recursos públicos y los dediquen a ayudar a las mujeres embarazadas a ejercer su derecho de ser madres.
“En un momento en el que no hay recursos económicos ni para atender la sanidad y la educación públicas, la financiación estatal de las empresas del aborto resulta especialmente ofensiva”, declaró el presidente de la entidad, Benigno Blanco.
Las regiones españolas están adaptándose a la ley del aborto aprobada en 2010, que prevé la financiación pública del aborto.
El Servicio Catalán de la Salud, por ejemplo, ha adjudicado 3,5 millones de euros para realizar unos 13.000 abortos quirúrgicos durante un año a dos clínicas de Barcelona: Clínica d’Ara Agrupación Tutor Médica y el Centro Casanovas de Ginecología y Planificación Familiar.
El contrato público contempla un gasto de unos 14,2 millones de euros durante los próximos cinco años, informó Europa Press.
Ese mismo contrato señala que un aborto cuesta entre 260 y 1.300 euros, según la semana de gestación y el tipo de intervención.
El cambio legislativo sobre el aborto en España trata también de dar prioridad al aborto farmacológico durante las siete primeras semanas del embarazo.
En este sentido, diez ambulatorios y hospitales están autorizados en Cataluña para la dispensación de la píldora abortiva RU-486, y la Generalitat trabaja en la acreditación de otra decena de centros.
Asimismo, las farmacias catalanas venden sin receta cerca de 9.000 píldoras postcoitales de emergencia cada mes, sin computar las que dispensan en las redes sanitarias, según los últimos datos dados a conocer en marzo.
Para Blanco, “la connivencia gubernamental con los empresarios del aborto parece estar por encima de la crisis económica y ser más fuerte que el compromiso del Estado con los pensionistas».
El Foro de la Familia recordó que el aborto acaba con una vida humana, es un drama inmenso para la mujer que aborta y hace a nuestra sociedad más inhumana.
“No puede ser financiado con dinero público, diga lo que diga la ley sobre su carácter delictivo o no –destaca un comunicado publicado este lunes-. No todo lo que no es delito debe ser financiado por el Estado”.
El Foro de la Familia propuso emplear los recursos disponibles en apoyar a la mujer para que ejerza el derecho a ser madre en vez de pagar abortos.
En este sentido, siete Comunidades Autónomas apoyan, a través de RedMadre, políticas de ayuda a la mujer embarazada en situación de desamparo social.
Sin niños
Una de las consecuencias del aborto señalada por muchos expertos se refiere al descenso de natalidad.
En España nacieron 484.055 niños en 2010, según el Instituto Nacional de Estadística, pero se necesitarían 750.000 nacimientos anuales para alcanzar el nivel de reemplazo generacional y empezar a cambiar la tendencia de envejecimiento poblacional, advirtió el Instituto de Política Familiar (IPF).
El número de nacimientos del año pasado volvió a descender respecto al año anterior, representa 35.000 niños menos que hace dos años y casi 90.000 niños menos que en 1980, a pesar del aumento de la población en 10 millones de personas.
El leve repunte de la natalidad experimentado en los últimos años se había debido, casi en exclusiva, a la aportación de las madres extranjeras que, con 99.460 nacimientos en el 2010, representan ya el 20,55% de la natalidad en España.
A pesar del aumento significativo de la población española en las tres últimas décadas en casi 10 millones de personas, sin embargo los nacimientos se han reducido con 87.000 niños menos, alertó el IPF.
“Es un hecho que España se queda sin niños y la baja natalidad en la que está sumida es un preocupante y alarmante grito de alerta de que algo no funciona correctamente en la sociedad española”, señala un comunicado del IPF publicado esta semana.
“Un descenso en el número de hijos que provoca, además, un descenso en la población juvenil –añade-. Descenso en la población juvenil que si se consolida en el tiempo, tal como está pasando en España, provoca la inversión de la pirámide poblacional”.
El IPF lamentó que las administraciones no hayan comprendido todavía que lo que destinan en las ayudas a la maternidad y a la natalidad no es un gasto sino una inversión.
