VALENCIA, 1 abr 2001 (ZENIT.org).- Después Cataluña, Aragón y Navarra, Valencia se ha convertido en la primera comunidad autonómica de España en aprobar una Ley de Uniones de Hecho. Tras hacerse pública la noticia, el arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco, ha lamentado que «no haya habido una sola voz de político que reflejara los posibles peligros» que la medida plantea a la familia.
La decisión autonómica es representativa, pues ha pasado por primera vez con el voto favorable del Partido Popular (PP), en cuyo seno hay exponentes de la Democracia Cristiana y que, hasta las últimas elecciones, se presentaba como opción coherente para los votantes católicos.
Las Cortes Valencianas aprobaron el pasado 28 de marzo, con el único apoyo del Partido Popular la ley de Uniones de Hecho, que ofrece reconocimiento jurídico a las parejas que hayan convivido en una relación afectiva un mínimo de doce meses. Estas parejas deberán inscribirse en el Registro autonómico de Uniones de Hecho.
Los populares se quedaron solos en la votación, puesto que la oposición –el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) y Esquerra Unida– considera que el texto legal «se queda corto» y no avanza en los derechos de las parejas homosexuales, ya que no prevé ni la posibilidad de matrimonio ni su derecho a la adopción de menores
Los diputados católicos del PP tuvieron que votar a favor de la ley, pues en el seno de su Partido prevalece la disciplina del voto por encima del voto de conciencia.
El presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa), José Rafael Monter, quien estuvo presente en el debate parlamentario, dijo que la ley de Uniones de Hecho es «una página en blanco» que abrirá el camino a que en un futuro las parejas de homosexuales puedan contraer matrimonio o adoptar niños.
Por su parte, monseñor Agustín García-Gasco, ha afirmado que «no es admisible esa separación tan radical entre fe y política, de la que algunos han hecho muestra y, mucho menos aún, presentarse como católico y enfrentarse o ridiculizar la doctrina de la Iglesia», en referencia a declaraciones de políticos populares.
Igualmente, añade el prelado, «tampoco se puede decir ni como persona ni como católico que el voto político esté por encima de la propia conciencia».
Para monseñor García-Gasco, «todas esas subordinaciones de la propia fe a los dictados políticos desmerecen el don de la fe y manifiestan falta de coherencia».
Los católicos «han de tener una formación lo suficientemente sólida capaz de comprender la coherencia entre fe y política porque, de lo contrario, no podrán ser ni buenos políticos ni tampoco buenos católicos».
Ante las explicaciones de políticos católicos que han afirmado que la ley no penaliza a la familia fundada sobre el matrimonio, el arzobispo de Valencia emplaza a los promotores de la Ley de Uniones de Hecho a que «si con ella no han querido atacar al matrimonio y a la familia, que lo expresen mejor a partir de ahora con hechos y no sólo con promesas».
«Si con esta ley no se ha querido introducir el reconocimiento de nuevas formas de familia y si sólo se ha querido regular sin equiparar», entonces García-Gasco exige que «los recursos educativos y sociales reconozcan el valor educativo y pedagógico de la familia de fundación matrimonial, y no sean utilizados para propagar otros modelos de una pretendida familia alternativa».
