MADRID, lunes 19 de octubre de 2009 (ZENIT.org).- La Marcha por la Vida celebrada el pasado sábado 17 en Madrid, en protesta contra la nueva legislación española del aborto, fue un “éxito”, según sus organizadores, y ha empezado a suscitar las primeras reacciones políticas, aunque es difícil que pueda detenerse la ley.
Alrededor de un millón y medio de personas (dos millones según los organizadores, 1,2 millones según las autoridades regionales) se concentraron el pasado sábado en Madrid, procedentes de toda España, para protestar contra la nueva ley del aborto.
En la manifestación, que estaba convocada por 42 organizaciones lideradas por el Foro Español de la Familia, participaron conocidos periodistas, actores, líderes de asociaciones familiares y algunos políticos a título personal.
Entre otros, el actor y director mexicano Eduardo Verástegui, autor de la película “Bella”, y el ex presidente del Gobierno, José María Aznar.
El acto, muy emotivo y festivo, incluyó entre otras cosas, un homenaje a los niños no nacidos desde la aprobación del aborto en 1985, y en la lectura de un manifiesto en favor de la vida, además de numerosos testimonios.
Primeras reacciones
Tras el éxito de la convocatoria, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunció ayer domingo en rueda de prensa que la intención de su grupo es detener la tramitación de la ley en el Parlamento.
También el portavoz de Convergència i Unió en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, se mostró ayer partidario de no modificar la ley actual, y pidió al presidente que “reflexione y escuche a la gente”.
Sin embargo, el actual Gobierno no muestra signos de querer detener el proyecto de ley, para el cual ya cuenta con el apoyo de los grupos más radicales de izquierdas que tienen representación parlamentaria (ERC, BNG e IU, entre otros), a pesar incluso del parecer contrario de importantes exponentes socialistas, como el presidente del Congreso, José Bono.
Precisamente, según publica el diario ABC, el Gobierno ha vetado estos días un documento interno elaborado por una de sus alas ideológicas, “Cristianos por el Socialismo”, que si bien apoyada el aborto libre dentro de unos plazos, criticaba uno de los aspectos más controvertidos de la ley, el de permitir el aborto a menores sin el consentimiento paterno.
Otro de los aspectos más criticados de la ley en este documento es la falta de una red de apoyo a la mujer que decide seguir adelante con su embarazo.
Reforma en entredicho
La actual reforma, que no estaba prevista en un principio en el programa electoral socialista de 2008, fue incluida en las últimas semanas previas a las elecciones (cfr. Zenit, 7 de febrero de 2008) tras el escándalo protagonizado por el doctor Carlos Morín, propietario de la red de clínicas abortistas Ginemedex.
El 29 de octubre de 2006, la televisión pública de Dinamarca emitía un reportaje en el que demostraba que en una clínica de Barcelona se realizaban abortos de fetos de siete meses alegando “urgencia médica” y previo pago de una fuerte suma. Anteriormente, en octubre de 2004, unos periodistas ingleses habían publicado en el Sunday Telegraph un reportaje similar sobre la misma clínica.
Tras admitirse a trámite una querella de la asociación cristiana E-Cristians, la fiscalía de Barcelona ordenó el registro de varias clínicas y en ellas se encontraron entre otras cosas una máquina trituradora de restos humanos y otras pruebas de realización de abortos ilegales.
En Madrid, la asociación provida La Vida Importa denunció el hallazgo en contenedores de restos humanos de fetos con aire en los pulmones (signo de que habían nacido en el momento de la muerte), y huellas de Cytotec, un medicamento utilizado para provocar el aborto en embarazos tardíos.
La apertura de investigaciones judiciales llevó a los representantes de las clínicas abortistas (ACAI) en enero de 2008 a recurrir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien les mostró su apoyo y su intención de reformar la ley.
Tras las elecciones, el nuevo Ministerio de Igualdad, presidido por Bibiana Aído, ha sido el impulsor de la reforma del aborto, texto para el que ha contado con un Comité de Expertos en el que no ha habido un solo representante provida, y sí reconocidos defensores del aborto.
El texto de la ley salía aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre, a pesar de los informes contrarios del Consejo Fiscal y del Manifiesto de Madrid, un informe científico que defiende la existencia de vida humana desde el momento de la concepción.
Polémica abierta
Precisamente, el Foro Español de la Familia presentaba, este viernes en rueda de prensa, un día antes de la manifestación, un informe según el cual las clínicas abortistas presuntamente defraudan al erario público español alrededor de 50 millones de euros al año.
El Foro Español de la Familia afirma que el Ministerio de Sanidad conoce estas cifras, y que si no toma medidas al respecto, las asociaciones convocantes estudian presentar las acciones civiles y penales que sean necesarias. Los representantes de las clínicas respondían con la amenaza de querellarse por difamación.
Ese mismo viernes, el día antes de la manifestación, un juez de instrucción cerraba la investigación abierta hace más de dos años contra la clínica abortista Isadora, acusada de practicar abortos ilegales, e incluso acusa a los guardias civiles encargados del caso, de “intimidación”.
El propio Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que el Misterio está investigando a los agentes.
[Por Inma Álvarez]
