LÉRIDA, jueves, 30 abril 2009 (ZENIT.org).- José Jaime Rico, abogado y portavoz de varios padres objetores de Lérida, España, que han recurrido contra la denegación de su derecho a la objeción de conciencia, ha informado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado un Auto instando a la Generalidad a pronunciarse sobre la posibilidad de adaptar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) al ideario de los centros privados.
De esta manera -informa a ZENIT Ignacio Pascual, de la asociación Profesionales por la Ética- dicho Tribunal ha admitido su petición de prueba consistente en requerir al Departamento de Educación de la Generalidad a fin de que certifique si, tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo, dicho Departamento va a permitir que los centros escolares privados y concertados de Cataluña impartan Educación para la Ciudadanía adaptada al ideario de dichos centros, así como si les permite que puedan elegir un libro de texto acorde con su ideario.
Mediante dicha resolución la Sala de lo Contencioso Administrativo ha rechazado el recurso del letrado de la Generalidad contra la admisión de dicho medio de prueba. El auto supone en consecuencia, según los padres, «un importante triunfo para las tesis del movimiento objetor».
El portavoz de los padres ha destacado la importancia de esta decisión, ya que obligará a la Generalidad a pronunciarse sobre la posibilidad o no de adaptación de la EpC al proyecto educativo de los colegios y de forma que garantice el respeto a las convicciones morales, religiosas o filosóficas de los padres y madres de alumnos de Cataluña.
«Con nuestra petición -ha dicho- queremos que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos, así como la libertad de enseñanza, y que la Administración diga públicamente si va respetar dichos derechos fundamentales».
Por su parte Ramón Novella, presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña ha manifestado su apoyo a los recurrentes, y ha recordado que los decretos de la Generalidad dictados en desarrollo de los Decretos de Enseñanzas Mínimas del Ministerio de Educación tienen un contenido aún más adoctrinador que la normativa estatal, y que interfieren gravemente sobre el carácter propio de los centros educativos de iniciativa social. Además ha destacado que los Decretos han sido recurridos y todavía no se ha dictado sentencia.
Por ello ha llamado a los padres a seguir atentos a la educación que reciben sus hijos, luchando contra esta materia, y a denunciar todos aquellos contenidos, libros de texto o profesores que incurran en adoctrinamiento, ejercitando las acciones judiciales correspondientes, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que no cabe que ni la Administración educativa, ni los centros docentes, ni los concretos profesores puedan imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.
Finalmente ha anunciado que el 14 de mayo tendrá lugar en Barcelona un acto para informar de la situación de la objeción después de las sentencias del Supremo y de las próximas iniciativas del movimiento objetor.
