SAN FRANCISCO, 22 nov (ZENIT.org).- Por primera vez los grupos estadounidenses que luchan contra la pena de la muerte se han reunido en San Francisco (California). Los delegados no podían creerlo.
En total, un millar de personas se reunieron durante cuatro días de trabajos en el Centro de Congresos Cathedral Hill, con el objetivo de salir de un aislamiento que es a la vez la fuerza y la debilidad del movimiento abolicionista estadounidense.
Los puntos fuertes del movimiento están en la disponibilidad de gente que viaja a tiempo pleno por todo el país, como George White y Bill Pelke, para explicar con fuerza conmovedora, como sólo pueden hacerlo los familiares de las víctimas, que la única solución es «amor y compasión».
Ahora bien, esta corriente también tiene puntos débiles, como la desunión entre las asociaciones, desligadas unas de otras, empeñadas en un solo caso, o radicadas en un solo Estado con dificultades para percibir lo que sucede fuera.
Por este motivo, el entusiasmo de San Francisco estaba justificado. Entre las organizaciones presentes, se encontraban «Death Penalty Focus», «National Coalition for Abolition», «American Friends Service Committee» y la Comunidad de San Egidio.
Esta última, un movimiento católico surgido en Roma (http://www.santegidio.org), ha logrado implicar a 132 países en la campaña a favor de una moratoria de la pena de muerte. Además, ha recogido más de dos millones y medio de firmas entre ciudadanos para sostener esta petición. Las firmas serán entregadas al secretario general de la ONU, Kofi Annan, el próximo 18 de diciembre.
Juan Pablo II ha apoyado en varias ocasiones, en consonancia con el espíritu del Jubileo, la propuesta de proclamar una moratoria de la pena de muerte en todo el mundo.
Y mientras llega la moratoria de la pena de muerte, la Comunidad de San Egidio se encuentra comprometida en la asistencia espiritual y humana de 350 condenados a muerte.
Desciende el consenso
En San Francisco, se constató que la pena de muerte está perdiendo apoyo entre la población. Según los datos que se ofrecieron en el encuentro, el apoyo hace cinco años era del 80%, ahora ha descendido al 64-66%. Si se pide que la sentencia capital caiga sobre una persona arrestada por primera vez, entonces tan sólo el 48% de la población se muestra partidario de infligir esta pena.
Si la cadena perpetua se asocia a la posibilidad de trabajar, producir riqueza útil para mantenerse a sí mismos y contribuir con programas de lucha contra la pobreza, entonces el 57% de la población se pronuncia a favor de medidas alternativas a la pena de muerte.
Al mismo tiempo, resonaron en la asamblea los testimonios de condenados a muerte que hoy están libres porque fueron víctimas de errores judiciales.
En el Congreso también se distribuyeron sondeos, según los cuales, ocho norteamericanos de cada diez piensan que algún inocente ha sido ajusticiado en los últimos cinco años y muchos están insatisfechos por el hecho de que su país es el que ha ajusticiado al mayor número de menores.
Cambio de actitud
El clima comenzó a cambiar en Estados Unidos cuando el gobernador republicano, George Ryan, declaró el pasado mes de enero una moratoria en Illinois por la inquietud del enorme número de detenidos, que estaban desde años en el corredor de la muerte y que han sido liberados porque eran inocentes (Cf. Semana Internacional, 10 de junio de 2000). Seis Estados han puesto en marcha una revisión de los sistemas de pena y cuatro debaten una moratoria semejante a la adoptada en Chicago.
El último caso de las dudas que provoca el sistema judicial ha tenido lugar precisamente hoy. El gobernador de Carolina del Norte, Jim Hunt, ha conmutado con la cárcel para toda la vida la condena a pena capital para un hombre cuya ejecución estaba prevista para hoy, miércoles, pues existen dudas sobre la equidad del proceso.
Lo ha hecho público un comunicado de la oficina del gobernador, difundido ayer por la noche. Marcus Carter había sido condenado a muerte por el intento de violación y asesinato, en 1989, en Goldsboro, de la joven Amelia Lewis.
Por su parte, los obispos católicos han aprobado un documento contra la pena de muerte y se han mostrado favorables a una revisión del todo el sistema judicial estadounidense, para que se concentre en la rehabilitación del condenado.
