“Europa no debe resolver unilateralmente los problemas de la innmigración”

Un congreso reúne a las comisiones de migraciones de toda África

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NAIROBI, 4 de junio de 2008 (ZENIT.org) Los flujos migratorios han aumentado exponencialmente en los últimos años, y África es uno de los continentes en los que la migración (voluntaria o forzosa) plantea problemas más graves, tanto internos como externos.

Cómo deben las estructuras eclesiales responder a los desafíos que esta situación plantea en los países de origen, es el tema planteado en un Congreso que se está celebrando estos días en Nairobi (Kenia), y en el que participa el Consejo Pontificio para las Migraciones, según informa la agencia Fides.

En el Congreso, que comenzó el pasado 2 de junio y que concluirá mañana, participan los representantes (17 de ellos obispos) de las Comisiones Episcopales de Migraciones de 27 países africanos. Participan también el cardenal Renato Martino y el arzobispo Agostino Marchetto, presidente y secretario respectivamente del Consejo Pontificio para las Migraciones, así como Johan Ketelers, secretario general de la Comisión Católica Internacional para las Migraciones (ICMC).

Según explica el propio monseñor Marchetto, en un artículo publicado hoy en L’Osservatore Romano, «las tendencias revelan un crecimiento cada vez mayor de los flujos migratorios», lo que comporta «exigencias cada vez más intensas a nivel eclesial y social».

Las mayores exigencias a las que hay que responder actualmente son, según monseñor Marchetto, las dificultades que plantea la integración de los inmigrantes en los países de acogida, por un lado, y por otro a la protección de los derechos de los inmigrante y sus familias.

Del congreso, según el prelado, surge una llamada de la Iglesia a la comunidad internacional para que se respeten los derechos de los inmigrantes y de sus familias.

«A los países destinatarios de las migraciones, sobre todo a Europa, se renueva la petición en favor de los emigrantes africanos, muchos de los cuales indudablemente no tienen papeles, pero son empujados por la persecución, el hambre, la violencia y la trata de seres humanos».

Los países destinatarios «tienen la competencia, que nosotros respetamos» de regular los flujos migratorios. «Pero esta competencia debe traducirse en un diálogo multilateral, porque nadie puede resolver hoy estas cuestiones tan complejas de modo unilateral».

Por otro lado, afirma el secretario del Consejo Pontificio para las Migraciones, el primer derecho «es el de vivir con paz y dignidad en el propio país». Los países de origen de los flujos migratorios «deben, con ayuda de la comunidad internacional, promover su propio desarrollo para no obligar a sus ciudadanos a dejar la patria para encontrar una vida digna».

«La consecución del bien común de toda la humanidad exige el apoyo, solidaridad, asistencia y cooperación de los demás, especialmente cuando un país no consigue garantizar su propio desarrollo, paz o seguridad», afirma el prelado.

Otra de las cuestiones planteadas es, según monseñor Marchetto, la protección de la familia inmigrante, en relación con las conclusiones de la última Plenaria del Consejo Pontificio.

«Las personas emigran, entre otras razones, para poder mantener a sus familias. Los inmigrantes necesitan vivir en familia. Por ello, las familias no deben separarse y debilitarse, pues dejan en un estado de vulnerabilidad extrema especialmente a las mujeres y los niños».

Otra de las necesidades a las que hay que responder, según monseñor Marchetto, es la de la integración.

«Se trata de encontrar un equilibrio razonable -esa «razonabilidad cívica» de la que ha hablado el Papa- entre el respeto a la identidad propia y el reconocimiento de la ajena. Integración y no asimilación, ni absorción, ni guetización, ni desarrollo separado, ni apartheid».

«Es rechazable sin contemplaciones la equivalencia que algunos establecen entre inmigrante irregular y criminal. Obviamente, quien emigra a otro país debe observar las reglas sociales y jurídicas, y debe ser considerado, como todos, responsable del mal que cometa. Los gobiernos deben tener en cuenta el bien común de la nación, pero en el contexto del bien común universal, de toda la humanidad», añade.

Por Inmaculada Álvarez

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ZENIT Staff

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