17 mar 2001 (ZENIT.org).- ¿Deberían los laboratorios farmacéuticos ceder sus patentes o vender fármacos por debajo del coste para ayudar a las víctimas del sida en África? Hace varias semanas que se ha intensificado el debate sobre los costosos tratamientos a base de cócteles de medicamentos empleados para combatir el sida que, a un precio habitual en los países ricos, resultan demasiados caros para los africanos.
Esta semana Bristol-Myers Squibb anunció que ya no intentaría poner freno a otras compañías en África que hacen versiones genéricas de uno de sus fármacos, indicado para tratar el virus de inmunodeficiencia humana adquirida (VIH), según informaba el «New York Times» (15 de marzo). Bristol-Myers posee la patente del d4T «stavudine», vendido como Zerit, y dijo que no haría uso de sus derechos legales con el fin de que permanezcan por debajo del coste las versiones genéricas de su medicamento en Sudáfrica o cualquier otro país africano.
Bristol-Myers declaró también que recortaría el precio de Zerit y otros fármacos antisida -ddl o dianosina, vendido como Videx, en África- a un precio conjunto de un dólar al día. En Estados Unidos, en cambio, la dosis diaria de los dos fármacos cuesta 18 dólares.
La decisión fue aplaudida por muchos activistas, que habían estado urgiendo a las empresas farmacéuticas para que permitieran a los fabricantes de medicinas genéricas realizar versiones más baratas de los medicamentos necesarios para la vida. «Esto es innovador» -dijo Kate Kraus, miembro de «Act-Up Philadelphia», un grupo que ha dirigido protestas en todo el mundo contra los grandes laboratorios farmacéuticos.
El anuncio de Bristol-Myers se produjo poco después de la decisión de la empresa estadounidense Merck de que ofrecería Crixivan y Stocrin, sus dos medicinas anti-retrovirales, por 600 y 500 dólares respectivamente por paciente y año en el mundo en vías de desarrollo. «A estos precios -dijo- no habrá beneficios», informaba el «Financial Times» (7 de marzo).
Se abre el juicio en Sudáfrica
La decisión de reducir los precios se produce justo después de que se inicie un proceso en Sudáfrica, promovido por 39 compañías farmacéuticas, en respuesta a una ley de 1997 que permite al Gobierno producir o importar versiones más baratas de los fármacos todavía protegidos por patentes. Las autoridades dicen que con cuatro millones de personas con VIH a su cargo, la industria farmacéutica no ha reaccionado adecuadamente para ayudar a costear el alto precio del tratamiento de los infectados. Mientras que las compañías acusan a Sudáfrica de no reaccionar ante el problema del sida hasta que estaba fuera de control.
Los grupos de defensa de los derechos humanos, según el «Washington Post» (6 de marzo), dicen que el caso va más allá del tema legal, y suscita la cuestión del alcance del derecho de propiedad de las prósperas corporaciones occidentales y la duda de su prevalencia sobre la necesidad del mundo en vías de desarrollo de frenar una gran crisis de salud pública.
Se estima que de 36 millones de personas que viven con el VIH, más de 25 millones se encuentran en África subsahariana.
El juicio ha sufrido el aplazamiento de varias semanas poco después del inicio, para conceder a los abogados más tiempo para considerar las evidencias. Mientras tanto, continúa la campaña por los que son demasiado pobres para pagar el tratamiento.
«The Guardian», en un artículo del 12 de febrero, indicaba que no sólo los infectados por el VIH, sino también enfermos de diarrea, meningitis, malaria y tuberculosis se quedan sin tratamiento porque los fármacos que necesitan son inasequibles.
El coste del tratamiento del VIH es especialmente alto. El AZT y el 3TC, los fármacos básicos anti-retrovirales, tienen marcado un precio de 10.000 a 15.000 dólares por paciente al año. Pero la mayoría de los trabajadores dependientes en Sudáfrica ganan menos de 3.000 dólares al año, y se pueden considerar ricos en comparación con la mayoría del resto del continente.
Ahora Brasil, India y Tailandia han empezado a producir alternativas más baratas. Según el «New York Times» (10 de marzo), Cipla, un fabricante indio de medicinas genéricas, pidió al Gobierno sudafricano permiso para vender versiones poco costosas de ocho de los quince fármacos anti-VIH que se usan habitualmente. Cipla dijo que podría ofrecer un régimen contra el sida de 600 dólares por persona al año.
Patentes versus beneficios
En su defensa las compañías farmacéuticas alegan que necesitan proteger la patente para recuperar la vasta suma que supone investigar y poner a punto nuevos fármacos. Afirman que cuesta mil millones de dólares poner un nuevo medicamento en el mercado.
El «Financial Times» (9 de marzo) consideraba que la decisión de Merck de rebajar los precios «podría sentar un precedente extremamente peligroso para la industria farmacéutica». El resultado final podría ser «una guerra de precios». Y lo mismo podría ocurrir en el caso de otras medicinas patentadas. El «Financial Times» citaba a Trevor Jones, director general de la Asociación de la Industria Farmacéutica Británica, quien dijo: «Aunque la industria está más que dispuesta a hacer lo que pueda, no debe actuar como una especie de Servicio Nacional de Salud del mundo».
El «Financial Times» avisaba que si la industria no puede superar la impresión de que está dispuesta a situar la santidad de las patentes por encima de la santidad de la vida, el apoyo en favor de la propiedad intelectual de las medicinas podría erosionarse. «Ello minaría el fundamento sobre el que se asienta la investigación farmacéutica».
Sin embargo, el «Financial Times» también indicaba que aunque los laboratorios han logrado patentes que les permiten obtener beneficios y recuperar los costes de la investigación, la desventaja de este sistema es que el precio de las medicinas patentadas no guarda ninguna relación con el coste de fabricación de las mismas. Y aunque las compañías claman que actúan en un medio competitivo, cuando un fármaco finalmente está libre de la patente, los fabricantes genéricos pueden pedir hasta un 10% de ese precio y todavía obtienen beneficio.
Además, el «Financial Times» observaba que las reclamaciones de la industria de que necesita «super-beneficios» para afrontar arriesgadas inversiones de investigación se debilitan por las enormes cantidades que gasta en operaciones de mercado. Glaxo-SmithKline, la recién fundida compañía anglo-estadounidense -objeto de una reciente campaña de la organización humanitaria Oxfam contra los elevados precios de los laboratorios farmacéuticos- alardea de que gasta 500.000 dólares a la hora en investigación y desarrollo. Pero invierte cerca del doble en operaciones de venta y apertura de mercados.
Sobre la cuestión de la protección de patentes, «The Guardian» (12 de febrero) afirmaba que «las patentes están matando a la gente». Además, acusaba el diario británico, la protección de la propiedad intelectual «se ha convertido en una herramienta para hacer permanente la creciente desigualdad de la economía global». «The Guardian» indicaba que Estados Unidos cuenta ahora con 275.000 solicitudes de patentes al año. Mientras que en 1997 se presentaron 26.000 solicitudes de patentes en la organización de la propiedad intelectual africana, y solo 31 procedían de ciudadanos africanos.
Incluso a precios mucho más bajos, relativamente pocos africanos pueden acceder a los fármacos antisida sin ayuda exterior; los países más pobres tienen presupuestos anuales de salud equivalentes a 10 dólares por persona al año. Así que el próximo paso, según el «Wall Street Journal» (13 de marzo), podría ser la acción por parte del grupo de las siete mayores potencias industriales (G-7). Parece que hay presiones para anunciar un plan ant
isida en la cumbre de julio en Génova, Italia.
Italia, que acoge la cumbre de Génova, ha propuesto la creación de un fondo fiduciario de al menos mil millones -parte procedente de los gobiernos y parte de las empresas privadas- que podría ser administrado por el Banco Mundial y que lucharía contra el sida, tuberculosis, malaria, disentería y otras enfermedades.
Hay que encontrar un modo mediante el cual los laboratorios farmacéuticos reciban protección suficiente para tener un incentivo financiero que mantenga la creación de nuevos productos. Al mismo tiempo, es claramente injusto exigir al Tercer Mundo los mismos precios de tratamiento que se pueden pagar en los países ricos.
