Filipinas: Los obispos piden abolir la pena de muerte

Presentada en el Parlamento una moción en este sentido

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MANILA, 18 marzo 2002 (ZENIT.orgFides).- La Iglesia católica en Filipinas ha hecho un sentido llamamiento al Gobierno de su país a favor de la abolición de la pena de muerte.

«Es un deber de los obispos pronunciarse contra la pena de muerte, prescindiendo de acontecimientos concretos o procesos políticos. El Gobierno no debe restablecer la pena de muerte como medio para hacer justicia» afirma a la agencia misionera Fides monseñor Orlando Quevedo, arzobispo de Cotabato y presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas.

El debate se abrió cuando el 11 de marzo 15 senadores (de un total de 24 miembros) firmaron un documento en el que piden la abolición de la pena capital, vigente en Filipinas desde 1993. El senador Aquilino Pimentel, portavoz del grupo firmante, explicó que «la pena de muerte no ha logrado el objetivo principal de la justicia penal, es decir desanimar los crímenes».

A pesar de la aplicación de la ley, el crimen aumenta y «esto prueba que la pena capital no es un elemento de disuasión y contradice el otro gran objetivo que es la reeducación del criminal».

En el debate ha intervenido también el cardenal Jaime Sin, arzobispo de Manila, apoyando la moción abolicionista. En un comunicado, el cardenal ha repetido que matar a un individuo en nombre de la ley no es un elemento de disuasión: «Si queremos prevenir los crímenes, tenemos que restituir a nuestro pueblo confianza en las fuerzas del orden».

La pena de muerte fue aprobada en Filipinas en 1993. Desde entonces han sido ejecutados ocho personas hasta que, el 20 diciembre 2000, en la Jornada de los derechos humanos, el ex presidente Joseph Estrada anunció una moratoria de las ejecuciones.

En abril de 2001, la actual presidenta Gloria Macapagal Arroyo anunció la suspensión de las ejecuciones hasta el término de su mandato, es decir en 2004.

Actualmente en Filipinas hay 1.007 personas detenidas en la galería de la muerte. Entre ellas, 15 mujeres, 12 presos encarcelados cuando tenían menos de 18 años y 15 extranjeros, la mayor parte condenados por delitos de droga.

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ZENIT Staff

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