Filipinas: Obispos cuestionan la declaración de la ley marcial

Monseñor Bacani la considera “inconstitucional”

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ROMA, martes, 8 diciembre 2009 (ZENIT.org).- Algunos obispos filipinos han puesto en duda la efectividad de la ley marcial declarada a raíz de una masacre en la provincia filipina de Maguindano. Monseñor Teodoro Bacani la considera «inconstitucional».

 
Monseñor Teodoro Bacani, único obispo miembro de la comisión que redactó la Constitución de 1987 afirmó que no había «justa causa» par tal declaración y debería ser revocada.
 
Según el obispo emérito de Novaliches, la Constitución que redactaron en 1986 no prevé que la ley marcial pueda ser impuesta sin que exista una rebelión. «El caso de Maguindanao fue una acción criminal pero no una rebelión contra el gobierno», dijo, según informa hoy la página web de la Conferencia Episcopal de Filipinas.
 
El obispo advirtió que la gente debería estar atenta contra posibles abusos del gobierno. Dijo que la imposición de la ley marcial en una provincia podría ser un modo de «probar las aguas» para una posible ampliación de la cobertura de la ley marcial.
 
El 5 de diciembre pasado la provincia filipina de Maguindanao fue puesta bajo la ley marcial, justificado según el gobierno filipino por el riesgo de una rebelión en la provincia tras el arresto de Andal Ampatuan Sr, jefe del clan que detenta la mayoría de los puestos electivos de la región.
 
La masacre cometida el 23 de noviembre último en Maguindanao ha impresionado a toda Filipinas. Ese día, 57 personas, civiles, fueron abatidas en esta provincia del sur de Filipinas donde las clases políticas rivales están a la cabeza de pequeños ejércitos privados y no dudan en resolver sus diferencias con armas de fuego. El clan a sueldo del gobernador Ampatuan, que dirige la provincia de Maguindanao desde 2001, es altamente sospechoso de la masacre de los miembros del convoy formado por parientes de un rival político, la familia Mangudadatu, y de un grupo de periodistas.
 
Rápidamente después de la masacre, se decretó el estado de emergencia en la región y Andal Ampatuan Jr, uno de los hijos del gobernador, fue arrestado e inculpado de 25 muertes. Varios miles de soldados fueron desplegados en la provincia. Los dos últimos días tras la declaración de la ley marcial, se produjeron nuevos arrestos, entre ellos el del patriarca del clan Andal Ampatuan Sr, y de otro de sus hijos, Zaldy Ampatuan.
 
Según monseñor José Colin Bagaforo, obispo auxiliar de Cotabato, gran ciudad cercana a la provincia de Maguindanao, la ley marcial está justificada en la medida en que «los elementos que contribuyen a una mayor expansión de la violencia» están bien presentes en Maguindanao.
 
«Está claro que el orden público está amenazado, que hay en juego vidas humanas y que habría que añadir a esto elementos ligados al terrorismo», explica el obispo en el sitio web de la Conferencia Episcopal. Añade que no existen las condiciones para ver el funcionamiento normal de los poderes públicos y de la justicia. Sin embargo, señala que no se puede sino esperar que la proclamación de la ley marcial no obedezca a motivos ocultos.
 
Por Nieves San Martín

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ZENIT Staff

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