LINGAYÉN, martes 28 de septiembre de 2010 (ZENIT.org).- Miembros de la Administración superior de la provincia de Pangasinán, en el norte de Filipinas, han atacado fuertemente al arzobispo emérito de Lingayén-Dagupan, monseñor Óscar Cruz.
Se trata de una reacción a las recientes revelaciones del prelado en una audiencia en el Senado que implicaban en el juego ilegal al gobernador de la provincia, informó el 24 de septiembre Eglises d’Asie (EDA), la agencia informativa de las Misiones Extranjeras de París.
Expresando su “indignación” en un manifiesto publicado en el Philippine Star el jueves 23 de septiembre, calificaron las acusaciones del prelado como “totalmente infundadas y notablemente tendenciosas”.
“Hemos decidido que cualquier persona que quisiera atentar de manera malintencionada contra la credibilidad del gobernador e intentara desviar la atención de su excelente trabajo de gestión de la provincia en materia de progreso y de desarrollo, debería ser declarada persona non grata en la provincia de Pangasinán”.
La declaración, firmada por dieciséis miembros del gobierno provincial, precisa también: “Consideramos abyecta la introducción del nombre del gobernador Amado Espino en la lista de los organizadores de jueteng, realizada por el ex-arzobispo Cruz”.
El 21 de septiembre, el prelado presentó al Comité Blue Ribbon del Senado -encargado de investigar y castigar los fraudes de los funcionarios- una lista de más de treinta políticos, funcionarios del Estado y oficiales de policía que han recibido sobornos de la mafia que controla los juegos ilegales de dinero.
La lista está elaborada por la People’s Crusade Against Jueteng (KBLJ), un grupo del que el arzobispo es co-fundador.
El prelado ya había hablado anteriormente ante la Cámara de representantes, precisando que se trataba de la “última oportunidad” que daba al gobierno, pero su intervención no tuvo efecto.
“Es un examen para el nuevo Gobierno de Aquino”, declaró. “Si no se hace nada (···), la elección de alguien bajo la bandera de la integridad no habrá sido más que una gran farsa”:
El jueteng es una lotería ilegal especialmente extendida en Luzón, la isla más grande de la parte norte del archipiélago.
Monseñor Cruz es conocido por su compromiso en la lucha anti-corrupción y especialmente en el ámbito del juego.
En varias ocasiones ha intentado atacar a esta mafia poderosa del jueteng, a la que acusa de arruinar a los pobres y favorecer la corrupción.
Desde la llegada a la presidencia de Noynoy Aquino III, hijo de la conocida Corazón Aquino, el prelado, apoyado por otros obispos de Filipinas, no ha cesado de reclamar al vencedor de las elecciones que cumpla sus promesas de erradicar la corrupción en el interior de la máquina del Estado.
El 23 de septiembre, a través de las ondas de la DZBB de Manila, monseñor Cruz reafirmó su determinación para lograr que el Gobierno cumpla sus compromisos, amenazando incluso con denunciar a otras personalidades bien situadas si su investigación expuesta en el Senado no da resultados.
El prelado “anti-corrupción” afirmó también que algunos eclesiásticos, de los cuales al menos ocho obispos, también están implicados en los beneficios del jueteng.
La lista entregada por monseñor Cruz incluía a altos funcionarios del Estado, de los cuales algunos muy cercanos al presidente Aquino, como Rico Escalona Puno, subsecretario en el ministerio del Interior, o Jesus Verzosa, ex-jefe de la policía nacional.
El arzobispo es consciente del gran riesgo que corre. El pasado mes de febrero, fue asesinado uno de los testigos a quien el prelado había convencido para que hablara ante la comisión de investigación del Senado.
El ex-presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, que hoy tiene 75 años, ha confirmado haber recibido amenazas de muerte los pasados días.
A pesar de que admite que teme por su vida, el arzobispo rechaza de momento la protección ofrecida desde el Senado y desde la Conferencia de Superiores Mayores de Filipinas.
