PARÍS, 16 julio 2001 (ZENIT.org).- En Francia quien viene al mundo con una minusvalía tiene derecho a una indemnización por haber nacido. Le pagarán los médicos, culpables de no haber aconsejado el aborto a la madre. Esto es lo que han decidido los jueces del Tribunal de Casación, confirmando la «sentencia Perruche» que, en noviembre pasado, estableció una compensación económica a un niño que nació con una minusvalía tras haber sufrido la madre la rubéola.
Se consagra así en la jurisprudencia francesa un derecho que parecería un antiderecho: el “derecho a no nacer”. Paradójico ya que, mientras el derecho reconoce con esfuerzo los derechos del nascituro o el embrión sano, cuando se trata de protegerlo del aborto o la experimentación, en este caso, por el contrario, no hay problema en reconocerle al que tiene una minusvalía el derecho a no seguir viviendo.
En realidad, parece que la moviola de la historia ha dado un salto atrás en el tiempo y nos encontramos en la sociedad espartana, en la que los niños con malformaciones congénitas eran arrojados con los desperdicios por el monte Taigeto, mientras que, en Roma, se desechaban desde la roca Tarpeya, a pocos pasos de los palacios capitolinos y del Foro, símbolo del derecho y la civilización.
El Tribunal de Casación parisino ha establecido que es “mejor morir que nacer con una minusvalía”, sirviéndose de un silogismo bastante discutible. Si el médico sabe que el niño nacerá enfermo -dice la sentencia-, tiene el deber moral de aconsejar a la madre el aborto terapéutico. Si no lo hace, se hace automáticamente responsable de la enfermedad y como tal, debe pagar el perjuicio al pequeño, “obligado” a venir al mundo cuando habría podido evitarse tales sufrimientos no viendo la luz.
Las reacciones han sido tan fuertes que la ministra de Trabajo, Ségolène Royal, ha anunciado «la apertura de una reflexión global sobre las relaciones entre ética y minusvalía”.
Pero la indignación más grande ha estallado en las familias de las mismas personas con minusvalía, las cuales han calificado la sentencia como “una gran ofensa a nuestros hijos y a los esfuerzos de todos nosotros, como padres”.
Y las diversas asociaciones de apoyo, que representan a tres millones y medio de personas, entre familiares y voluntarios, han anunciado una protesta sin precedentes: se quedarán en la ventana hasta las próximas elecciones y luego darán el voto sólo a los partidos que hayan sabido adoptar, en relación a ellos, una línea más digna que la de los jueces.
Jean-Marie Le Méné, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune, ha dicho que “está clarísimo que se ha llegado a esta sentencia, por una parte, para no contradecir una sentencia precedente, que representa una grave violación de la dignidad humana y, al mismo tiempo, para permitir al Tribunal de Casación irse de vacaciones, dejando la escena de puntillas. Pero todo esto representa de todos modos un gran derrota para la dignidad de la persona con minusvalía”.
