MADRID, miércoles 3 de marzo de 2010 (ZENIT.org) La plataforma Ginecólogos por el Derecho a Vivir ha manifestado su tristeza, preocupación e indignación por la ley de Aborto que fue aprobada el pasado miércoles 24 de febrero en España.
La llamada ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo permitirá que cualquier mujer en este país pueda abortar en primeras 14 semanas de gestación y que las menores de edad puedan “interrumpir su embarazo” al menos con el consentimiento de uno de los dos padres.
Ginecólogos por el Derecho a Vivir asegura, en un comunicado enviado a ZENIT, que esta ley “supone un gravísimo atentando contra la milenaria tradición ética y deontológica de la profesión médica”.
La plataforma asegura que con esta medida, el colectivo profesional “es violentamente atacado” y dicen que pervierte “su función social como garante y custodio de la salud de las mujeres y de sus hijos mientras viven en sus vientres, al convertirlos en verdugos y limitar su legítimo derecho a la objeción de conciencia y su condición de agentes morales autónomos”.
Advierte que el aborto intencionado “daña profundamente la salud de la mujer; tanto la mental, como la sexual y la reproductiva”.
“El aborto es un drama para la mujer”, recordaron los médicos. “La única salida ética es tratar de evitar el drama. Lo cual se consigue facilitando y reforzando positivamente a la mujer para aceptar su maternidad desde el momento en que queda embarazada, sea o no de manera planificada”, dice el comunicado.
La asociación alega que la ideología de género no puede ser impuesta de manera forzosa a los médicos que no creen en ella, y que cuando esto ocurre “supone una imposición totalitaria impropia de un Gobierno que pretende ser democrático”.
Dicha ideología es la base para la creación de la ley recientemente aprobada, la cual “no sólo contribuirá a aumentar el número de embarazos no planificados, especialmente en las jóvenes, sino que aumentará el drama del aborto y la violencia contra la mujer y se convertirá en un auténtico problema de salud pública”.
También advirtieron los riesgos del diagnóstico prenatal “que discrimina a las personas por motivos de salud”
Esta plataforma de profesionales hizo un llamamamiento para que el síndrome postaborto “sea considerado una enfermedad profesional y sea contemplado en los programas de prevención de riesgos laborales”.
“Lucharemos activamente con todos los medios legítimos a nuestro alcance para que se respete nuestra libertad de conciencia, nuestra autonomía moral, los principios deontológicos de nuestra noble profesión, la verdadera salud de la mujer y el derecho a nacer y a vivir de nuestros pequeños pacientes”, dice el comunicado.
“Seguiremos ayudando de un modo real y cercano a cada mujer que se plantee terminar con su embarazo ofreciendo alternativas que le permita afrontar poder seguir adelante”, aseguran los ginecólogos.
El comunicado concluye con una invitación a todos los ginecólogos y miembros del personal sanitario “a la resistencia activa y pasiva para que no nos conviertan en cooperantes necesarios en ninguno de los momentos que abarca el procedimiento de la interrupción homicida de la gestación”.
