FERE Andalucía y Educación y Gestión afirman que el gobierno andaluz sostiene respecto a la enseñanza concertada una «política educativa global de hostigamiento permanente y paulatino».
«Esta política de restricción y merma de la libertad de enseñanza, y de atosigamiento a la enseñanza concertada, es desigualitaria y segregadora», añaden.
A diferencia de los ciudadanos de otras comunidades autónomas, a los andaluces no se les facilita la libre elección de centro, «discriminando principalmente a los más desfavorecidos de la sociedad» que no pueden acceder a la enseñanza concertada.
La discriminación también se produce en los que acceden a ella «porque la Administración andaluza pone a su disposición menos recursos, menos dotación, menos profesores y con más carga docente».
Ambas entidades denuncian la ausencia de «cauces reales y eficaces de diálogo con la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad y la falta de voluntad política de dicha Administración para acercar posturas».
«Se da una actitud deliberada de enfrentamiento hacia los titulares de centros, hacia los trabajadores de la concertada y, sobre todo, hacia los padres y ciudadanos que eligen, en ejercicio de su derecho a la libre elección de centro, legítimamente, nuestros colegios», afirman.
Entre los diversos factores que han provocado esta denuncia de los representantes de la enseñanza concertada, se encuentra la disminución paulatina de la presencia y oferta de este tipo de enseñanza «en el conjunto de la educación andaluza y en relación a la enseñanza de centros públicos, que de un 23,31 % en Educación Primaria en el curso 1997/1998 ha pasado a un 18% en el curso actual».
También se ha producido, según FERE y Educación y Gestión, una «reducción a la mitad de las unidades concertadas de Bachillerato LOGSE, desde el año 2000/2001, en relación con las unidades concertadas previamente de BUP/COU» y una «reducción paulatina y constante de convenios con Escuela-Hogar».
Además, más del 50 % de las solicitudes de concertación para unidades de apoyo a la integración han sido denegadas. La Administración se ha negado también a modificar una normativa sobre admisión de alumnos «que no da satisfacción a las exigencias sociales sometiendo cada año a gran parte de la población escolar andaluza a un durísimo proceso de incertidumbre y judicialización».
Para FERE y Gestión y Educación la aplicación del plan de apoyo a la familias es «incoherente» porque niega «en el ámbito educativo, todo soporte a las familias que no escolarizan a sus hijos en centros de titularidad de la Administración pública y no aplica el criterio legal de escolarización de pertenencia a familia numerosa».
Además «numerosos alumnos no pueden escolarizarse en el mismo centro que sus hermanos, los hijos de los trabajadores de los centros concertados no tienen garantizada la escolarización en los centros en los que trabajan sus padres y, al concluir la educación infantil en un centro privado, el alumno no tiene ninguna garantía de continuidad en el mismo centro educativo».
Andalucía es la única Comunidad autónoma del Estado que mantiene la negativa a cualquier tipo de financiación de la Educación Infantil en centros privados ignorando en este y otros puntos «la existencia y aplicación de la LOCE en Andalucía como si se tratara de un territorio separado del Estado español».
