India: Cadena perpetua para diez acusados de violar a cuatro religiosas

La Iglesia: por una vez se hizo justicia

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NUEVA DELHI, 6 junio 2001 (ZENIT.org).- Excepcionalmente se ha hecho justicia en India, en el caso de cuatro religiosas violadas por un grupo de atacantes que saquearon su convento en Jhabua. Diez de los imputados por el crimen han sido condenados a cadena perpetua, un caso que parece cambiar el habitual clima de impunidad en que se mueven grupos fundamentalistas que han realizado miles de atentados a misioneros y otros miembros de la Iglesia.

El tribunal de Madhya Pradesh, en sentencia de 28 de abril, ha impuesto también entre dos y tres años de cárcel a otros siete imputados por el saqueo del convento.

«La confianza de la gente en el sistema judicial de este país ha sido confirmada por esta sentencia que ha hecho crecer la estatura moral del sistema judicial de nuestra nación», dijo el arzobispo Oswald Gracias, secretario general de la Conferencia Episcopal india (CBCI).

Definiendo la sentencia «justa y equitativa», la CBCI expresó «gratitud hacia quienes han contribuido no poco a obligar a los culpables de este abominable crimen a rendir cuentas ante la justicia».

Una justicia que ha faltado en otros casos. En octubre de 1997, los jesuitas de Hazaribag (Bihar) tuvieron que enterrar el cuerpo sin cabeza del padre A.T. Thomas que fue secuestrado, torturado y decapitado. La cabeza no fue nunca encontrada. Y mucho menos los culpables.

Un mes antes, el padre Christuraj, de la diócesis de Dumka, fue obligado a desfilar desnudo durante tres kilómetros por las calles de la ciudad porque había castigado a algunos alumnos del colegio diocesano de San José, de familias influyentes.

En el desfile participaron oficiales de policía y funcionarios y ni siquiera las protestas de gran parte de los habitantes indujeron al gobierno del estado de Bihar a emprender acciones contra los funcionarios presentes.

En 1995, sor Rani Maria, de la orden de Santa Clara, fue apuñalada 40 veces en un autobús atestado de gente, cerca de Indore, en el estado de Madhya Pradesh. Los culpables del partido hindú Bharatiya Janata obtuvieron sentencias muy clementes, debido a las amenazas contra los testigos. Liberados bajo fianza, destruyeron el monumento conmemorativo a la víctima erigido por los habitantes del lugar, a los que la religiosa había ayudado a liberarse de los usureros locales.

Nunca han sido arrestados los culpables del asesinato de dos sacerdotes y un hermano en Gumla, en Bihar, en 1994.

En julio de 1990, por primera vez, más de 20.000 centros escolares cerraron en protesta para pedir el arresto de los violadores de las hermanas del Convento de Nuestra Señora de las Gracias en Gajruala, a 110 kilómetros a sur de Nueva Delhi. Las hermanas, que sufrieron interminables y humillantes interrogatorios acabaron por pedir que se cerrara el caso ya que los únicos sospechosos que presentaba la policía estaban todos en la cárcel cuando sucedieron los hechos.

En octubre de 1990, algunos diarios de Bombay publicaron durante días y días reportajes sobre «el comportamiento sexual» de dos monjas asesinadas en un orfanatorio católico de óptima reputación que las religiosas dirigían en Jogeshwari, un suburbio de la metrópoli. Investigaciones posteriores hallaron que el falso «scoop» había sido un montaje para desviar a la opinión pública del verdadero problema: el homicidio de las dos religiosas que quedó también esta vez sin culpables.

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ZENIT Staff

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