ROMA, lunes 17 diciembre 2012 (ZENIT.org).- Madhya Pradesh, estado del centro de la India, es actualmente el lugar de protestas sin precedente de campesinos que denuncia la confiscación ilegal de sus tierras. Entre estas manifestaciones, la amenaza de un suicidio colectivo por los aldeanos de Bujbuja llamó la atención a los medios de comunicación y provocó un debate en la Asamblea del Estado.
Siendo uno de los estados más pobres de la India –informa la agencia Eglises d’Asie–, la situación económica y social en Madhya Pradesh parece haberse agravado estos últimos meses con la multiplicación de proyectos industriales, que suponen la expropiación de tierras a los campesinos, que en este Estado rural forman la mayoría de la población. Vieron confiscar sus tierras de cultivo para la construcción de fábricas, centrales y presas.
El pasado octubre, Madhya Pradesh se llenó de gran cantidad de campesinos sin tierras, jornaleros, adivasi y dalits, acribillados de deudas, para la Gran Marcha para la Justicia. Al denunciar la confiscación de las tierras y la no aplicación de las leyes que protegían a las minorías y a las castas bajas, Jan Satyagraha 2012, marcha no violenta, reunió a más de cincuenta mil «sin tierras y sin derechos», que caminaron diez días hasta Agra donde al final concluyó un acuerdo con el gobierno.
A mediados de noviembre, los medios de comunicación indios – y en particular uno de las más importantes cadenas de televisión, el NDTV – comenzaron a relevar la resistencia de los campesinos expropiados por Bujbuja. Unos veinte hombres y mujeres sentado en sus campos, sobre pilas de madera dispuestas para hoguera, una botella de queroseno y un puñado de cerillas, amenazando al gobierno de inmolarse todos juntos si sus propiedades no les fueran restituidas. Hace más de un mes, que continúan estos relevos sobre estas hogueras improvisadas, resistente a las tentativas de la policía para desalojarlos, rodeados por los habitantes de la región que llevan eslóganes bajo una banderola ancha con la efigie de Gandhi.
En el principio de esta acción colectiva desesperada estaba la adquisición forzada de sus tierras por una empresa, con el fin de construir allí una central eléctrica, a cambio de indemnizaciones financieras irrisorias y sin ninguna reinstalación de sus familias, que se ven privadas de su única fuente de rentas.
A esta expulsión, llevada con violencia por la policía del Estado, se añadieron los suicidios de dos adivasi del mismo distrito de Katni, desesperados por la confiscación de sus tierras: una joven mujer, Sunai Bai, que se inmoló por el fuego el último 15 de noviembre, y un joven tribal que se suicidó por envenenamiento.
La confiscación de «las tierras ancestrales» de los aborígenes en provecho de empresas privadas o de proyectos industriales llevados por el Estado se multiplicaron, denunció la Comisión nacional para las Tribus a las autoridades del Estado el pasado octubre. “Eel gobierno utiliza la ventaja que tiene sobre la pobreza y la ignorancia de los pueblos indígenas que no conocen las leyes que los protegen» , declaró uno de los miembros de la Comisión, Mustak Mansoori, que milita con los cristianos por los derechos de los aborígenes.
Varias campañas de expropiaciones estas últimas semanas provocaron manifestaciones de campesinos en diferentes distritos de Madhya Pradesh, la más espectacular –un grupo de una cincuentena de tribales que se mantuvieron inmersos hasta el cuello, durante diecisiete días, con el fin de protestar contra el proyecto de construcción de una presa sobre sus tierras- permitió obtener indemnizaciones para los campesinos cuyas propiedades habían sido tomadas.
En el Estado, que se prepara para las elecciones legislativas de 2013, la politización del debate era inevitable. La sesión de invierno de la Asamblea de Madhya Pradesh no pudo comenzar hasta el 4 de diciembre, tras el aplazamiento del día de apertura por el Partido del Congreso, principal partido de la oposición, en señal de protesta contra «la actitud vergonzosa del gobierno BJP hacia los campesinos».
El 4 de diciembre, denunciaron al partido de la oposición al poder, por haber faltado a su promesa de hacer la agricultura el florón del Estado y de no cederles tierras cultivables a los industriales.
El líder del Congreso de la Asamblea, Ajay Singh, amenazó al ministro-presidente Shivraj Singh Chauhan con poner en marcha en todo el país una gran campaña de protesta contra «la política anticonstitucional llevada por el BJP» y las adquisiciones forzadas de las tierras de los campesinos» sacrificados sobre el altar de los intereses financieros de los industriales y del gobierno.
El 5 de diciembre, el ministro-presidente declaró delante de los parlamentarios que “ni el Estado ni ninguna empresa podría apropiarse de las tierras de los campesinos sin su consentimiento» y que éste siempre sería obtenido «amistosamente». Singh Chauhan también se comprometió a que los campesinos cuyas tierras fueron requisadas recibieran una compensación justa y financiera.
Pero estas promesas, transmitidas a los campesinos de Bujbuja, no fueron determinantes. Continúan su sentada sobre sus hogueras funerarias, negando la confiscación de sus tierras.
El viernes, 7 de diciembre, Ajay Singh acusó el gobierno BJP de no haber ofrecido a los campesinos «ni compensación suficiente ni posibilidad de reconversión profesional», advirtiendo que «la situación se volvía cada día más explosiva en el Estado».
Traducido del francés por Raquel Anillo
