CIUDAD DEL VATICANO, 14 marzo 2002 (ZENIT.org).- El Informe del Europarlamento aprobado este miércoles por dos votos (242 contra 240, y 42 abstenciones) es un ejemplo de «fundamentalismo laico», según el cardenal Roberto Tucci.
El purpurado, director general del Comité de administración de Radio Vaticano, comentó ante los micrófonos de la emisora este jueves el Informe «Mujeres y fundamentalismo» presentado por la socialista española María Izquierdo.
«Una resolución del Parlamento europeo no tienen ninguna influencia inmediata sobre la legislación de los diferentes Estados, pero es un mensaje ideológico que puede tener su importancia», señala el cardenal Tucci.
«A mi me parece –confiesa– que es una auténtica manifestación de un laicismo exasperado, me atrevería a llamarlo un «fundamentalismo laico», que se está difundiendo y podría tener –esperemos que no– consecuencias para la redacción de la así llamada Convención europea, la constitución que se está estudiando».
Al igual que artículos publicados en la prensa, el cardenal Tucci considera que el Informe viola el principio de separación Iglesia-Estado (pues el Estado quiere imponerle a las Iglesias en el documento lo que tienen que creer y vivir) y el de la libertad religiosa.
Para poder ganar el apoyo suficiente, en el debate del Parlamento de Estrasburgo se retiraron algunas afirmaciones del Informe original que negaban abiertamente derechos fundamentales. Condenaba a los exponentes religiosos «cuando las comunidades religiosas asumen competencias pertenecientes al sector de las autoridades públicas, funcionan objetivamente contra el ordenamiento jurídico democrático existente en la UE».
El Informe, redactado por la socialista española María Izquierdo, contaba con el apoyo del Partido Socialista Europeo (PSE), de los Liberales y los Verdes/ALE (Alianza Libre Europea). Poco antes de la votación, celebrada Izquierdo logró el apoyo de GUE/NGL (Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica).
Se mantuvo, sin embargo, el texto en el que considera «lamentables las injerencias de las Iglesias y las comunidades religiosas en la vida pública y política de los Estados, en particular cuando pretenden limitar los derechos humanos y las libertades fundamentales».
El texto, se basaba en el drama de las mujeres bajo regímenes fundamentalistas islámicos, como el de los talibán, para mostrar su rechazo de toda propuesta religiosa.
El documento condena «a los dirigentes de organizaciones religiosas y de movimientos políticos extremistas que fomentan la discriminación racial, la xenofobia, el fanatismo y la exclusión de las mujeres de las posiciones dirigentes en la jerarquía política y religiosa».
El informe pide explícitamente que los Estados miembros de la UE «no reconozcan a los países en los que las mujeres no puedan adquirir plena ciudadania o estén excluidas del Gobierno». Basándose en tal principio, la liberal Lousewies Van der Laan añadió que la UE debería, en consecuencia, suspender sus relaciones diplomáticas con el Vaticano, que a su vez debería perder su estatuto en la ONU.
La Eurocámara negó así a las religiones el derecho a anunciar su doctrina moral y su sistema interno de organización, violando el principio de separación Iglesia-Estado.
El anuncio de las verdades religiosas es garantizado por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (octubre de 2000) en el Artículo 10 sobre «Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión».
