FRESNO, lunes, 6 septiembre 2004 (ZENIT.org).- El viernes pasado un tribunal civil de California reconoció responsable del homicidio del arzobispo de San Salvador (El Salvador) –monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez– a un antiguo capitán de las fuerzas aéreas salvadoreñas, Álvaro Rafael Saravia.
La sala 2 del tribunal estadounidense del distrito Este de California (con sede en Fresno), presidida por el juez Oliver Wanger, ha estimado las pruebas contra Saravia, mano derecha de Robert D’Aubuisson.
Ya fallecido, D’Aubuisson organizó escuadrones de la muerte y organizaciones paramilitares compuestas por miembros civiles y militares que cometieron asesinatos por motivos políticos y otros abusos contra los derechos humanos en El Salvador.
El magistrado, que calificó el asesinato de monseñor Romero de «crimen contra la humanidad», ha condenado a Saravia a pagar en concepto de daños diez millones de dólares estadounidenses, de los que dos millones y medio se destinarán a un familiar del prelado, que ha permanecido en el anonimato durante el proceso por razones de seguridad.
En septiembre de 2003, «The Center for Justice & Accountability» (CJA) y la firma «Heller Ehrman White & McAuliffe LLP» presentaron una demanda civil contra Álvaro Rafael Saravia, quien en ese momento residía en Modesto (California), por su presunta participación en la organización del asesinato del arzobispo Oscar Romero.
Mientras celebraba la Eucaristía en la capilla de la Divina Providencia en San Salvador, el prelado fue asesinado por arma de fuego el 24 de marzo de 1980.
La demanda –interpuesta en nombre de un familiar del arzobispo desaparecido– alegaba que Saravia obtuvo armas, vehículos y otros elementos para el asesinato, ordenó a su conductor que llevara al asesino a la capilla donde monseñor Romero fue asesinado, y pagó al asesino una vez perpetrado el crimen.
Según apunta el CJA, tanto la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron, tras investigaciones separadas, que Saravia estuvo involucrado en planear y llevar a cabo el asesinato.
El juicio se ha celebrado en ausencia del demandado, del que hace tiempo que se ha perdido el rastro. El proceso legal ha sido posible gracias a una normativa estadounidense del siglo XVIII.
Para Matthew Eisenbrand, abogado del CJA, además del valor simbólico del pronunciamiento judicial, la sentencia brinda a la oficina de inmigración estadounidense los argumentos legales para expulsar a Saravia de los Estados Unidos y permiten que el país «deje de ser un refugio seguro para los responsables de estos horrendos crímenes».
El CJA (www.cja.org) es una organización no gubernamental (ONG) con sede en San Francisco (Estados Unidos) que asiste a supervivientes de tortura y otras atrocidades ayudándoles a iniciar acciones legales contra quienes perpetraron tales abusos de los derechos humanos.
Esta organización independiente fue fundada en 1998 con el apoyo de «Amnistía Internacional USA» y el Fondo Voluntario para Victimas de Tortura de las Naciones Unidas.
