PARÍS, 12 noviembre 2002 (ZENIT.org).- El debate sobre la relación entre la justicia civil y eclesiástica ante sacerdotes acusados de abusos sexuales, que en estos momentos se ha desencadenado en Estados Unidos, tiene un interesante precedente en un caso acaecido en Francia el año pasado.
Un tribunal francés condenó el 4 de septiembre de 2001 al obispo de Bayeux-Lisieux, monseñor Pierre Pican, a tres meses de prisión exentos de cumplimiento por no haber denunciado a un sacerdote de su diócesis culpable de actos de pederastia.
En la práctica, como explicó el abogado del prelado, Thierry Massis, a Zenit, la condena supuso, de hecho, «una reducción del campo del secreto profesional», entre un sacerdote y su obispo. Era la primera vez que un obispo era condenado por la justicia en el país tras la Revolución Francesa.
Monseñor Pierre Pican fue acusado de no haber prevenido a la justicia de los actos de pederastia del padre René Bissey, que se los habría confesado en privado (no en el sacramento). El sacerdote fue condenado en octubre del año 2000 a 18 años de cárcel por el tribunal superior de Calvados.
Los abogados del prelado, durante las audiencias del proceso habían explicado que las confidencias que había hecho el sacerdote a monseñor Pican eran sumamente parciales y no justificaban una denuncia seria ante la justicia.
Monseñor Pican reconoció durante el proceso que cometió un error al evaluar los actos del sacerdote, pues no pensaba que eran tan graves.
Cuando el prelado tuvo conocimiento de las acusaciones, en diciembre de 1996, «el sacerdote se encontraba al borde del suicidio», reveló. Por este motivo, pensó que antes de denunciarle a la policía era más importante ofrecerle ayuda, alejándole de la parroquia e internándole en una clínica.
De hecho, desde el momento en el que el obispo tuvo conocimiento del caso, el sacerdote no volvió a cometer esos actos, recuerda el abogado Massis.
Tras la condena, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, el cardenal Louis-Marie Billé, hoy fallecido, lanzó una defensa pública del secreto de la confesión y profesional, que según él, es amenazado en estos momentos por la Justicia de su país.
«Cuando un juez eclesiástico sepa que sus apuntes y sus conclusiones pueden ser mostrados impunemente ante una jurisdicción penal, perderá la libertad de acción necesaria. Encontrará un obstáculo. Y es justamente la libertad de culto lo que está en discusión», constató al intervenir en la asamblea plenaria de la Conferencia que se celebró en la primera semana de noviembre de 2001 en Lourdes.
Billé denunció también el registro por parte de la Policía sin previo aviso del archivo del tribunal eclesiástico de Lyón, ciudad de la que era arzobispo.
«La Iglesia se preocupa de colaborar con la manifestación de la verdad –aclaró el cardenal ante la asamblea episcopal–. Pero, ¿cómo puede hacerlo si sus medidas no pueden ya ser aplicadas? La justicia francesa no puede al mismo tiempo reprochar a la Iglesia su inacción ante crímenes o delitos cometidos por los sacerdotes y bloquear el funcionamiento de su justicia interna».
«Al negar deliberadamente el secreto profesional de los ministros del culto la justicia impedirá a la Iglesia asumir las propias responsabilidades y colaborar en la búsqueda de la verdad», concluyó Billé.
