ROMA, 28 de noviembre de 2009 (ZENIT.org). – La transición a una sociedad post cristiana en muchos países está trayendo consigo una creciente presión sobre los creyentes que trabajan en instituciones financiadas con dinero público. Uno de los últimos casos ha sido la ley de matrimonios del mismo sexo de Washington, D. C.
Como explicaba un artículo publicado en el Washington Post el 1 de noviembre, un análisis de la propuesta de legalizar los matrimonios del mismo sexo revela que las cláusulas que dicen proteger la libertad religiosa “son lamentablemente inadecuadas y proporcionan una protección más ilusoria que real”.
La legislación que se está proponiendo, detallaba el Post, no proporciona ninguna protección significativa contra la pérdida de beneficios del gobierno por negarse a reconocer los matrimonios del mismo sexo. También se da una falta de protección de quienes disienten de modo individual, que tengan objeciones religiosas ante las ceremonias de matrimonio del mismo sexo, con excepción de los celebrantes de matrimonios autorizados, que tenga. Esto incluye a quienes proporcionan el catering, a los músicos y a los fotógrafos.
Como resultado, la archidiócesis de Washington ha declarado que no podrá seguir proporcionando los programas de servicios sociales que ahora lleva, informaba el 12 de noviembre el Washington Post.
La archidiócesis teme, por ejemplo, que pudiera verse obligada a dar beneficios laborales a parejas del mismo sexo.
Según el artículo, las organizaciones de caridad católicas actualmente dan servicio a más de 68.000 personas en la ciudad. Además de los fondos públicos que recibe para estas actividades, la archidiócesis dedica otros 10 millones de dólares de sus propios recursos.
El 17 de noviembre, monseñor Donald W. Wuerl, arzobispo de Washington, escribía una opinión para la página web del Washington Post.
En ella precisaba que, aunque la Iglesia católica no está de acuerdo con la redefinición del matrimonio, lo que todos piden es que la ley plantee un equilibrio más equitativo entre los diversos grupos de interés.
Monseñor Wuerl indicaba que la archidiócesis y las organizaciones de caridad católicas se comprometen a proporcionar los servicios, pero las disposiciones de la nueva ley sobre los matrimonios del mismo sexo podrían restringir su capacidad para llevar a la práctica este deseo.
Esto no tiene importancia alguna para los editorialistas del Los Angeles Times, quienes animaran el 18 de noviembre a los funcionarios de Washington a quedar firmes. En dicho editorial, también pedían al gobierno federal que adoptar una postura más fuerte en cuanto a los fondos federales y a las organizaciones de trasfondo religioso, específicamente sobre la posibilidad de no contratar a gente que no comparta sus puntos de vista religiosos.
La obligación de abortar
En Australia, el mes pasado hizo un año desde que se aprobara en el estado de Victoria la legislación que niega a los médicos el derecho a la objeción de conciencia en caso de aborto.
Según Nicholas Tonti-Filippini, un experto en bioética del Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia de Melbourne, al menos dos doctores con objeción de conciencia ante el aborto se han negado a dirigir a sus pacientes a otro profesional para que les pudieran provocar un aborto.
“Estamos esperando ver si alguien toma medidas”, afirmaba Tonti-Filippini, según un artículo publicado el 10 de octubre en el periódico Age.
Como explicaba el artículo, junto con la despenalización del aborto el año pasado la nueva ley obliga a los médicos objetores de conciencia a hacer públicas sus creencias y también a dirigir a un paciente a otro médico que no ponga tales objeciones.
El 22 de octubre de este año, los obispos católicos del estado de Victoria publicaban una carta pastoral sobre el tema de la Ley de Reforma del Aborto de 2008.
En su carta los obispos observaban que, además de negar el derecho de los médicos a abstenerse de cooperar en un aborto, la ley también elimina la objeción de conciencia de las enfermeras.
“En los hospitales prevalece ahora una cierta clase de hipocresía”, afirmaba la carta. “En una habitación se salvará con gran esfuerzo y la mejor tecnología un bebé prematuro. En otro habitación, un niño no nacido, quizá mayor que el bebé prematuro, puede ser asesinado impunemente”.
Los obispos también precisaban que las mujeres que buscan abortar no tienen acceso a información precisa sobre qué le ocurre a su hijo o el riesgo que corren ellas mismas.
Problemas más profundos
“No debemos ver la legalización del aborto en Victoria como un problema aislado, sino como un síntoma de un problema cultural más profundo de un secularismo y un relativismo crecientes”, advertía la carta.
“Leyes como la Ley de Reforma del Aborto de 2008 representan una amenaza directa a toda la cultura de los derechos humanos porque la teoría de los derechos humanos se basa en la afirmación de la persona humana no puede someterse a la dominación de otros”, continuaba la carta.
El arzobispo de Melbourne, monseñor Denis Hart, presidió el 25 de octubre un servicio de oración ecuménico en la Catedral de San Patricio, en reparación por el aborto. En su homilía apuntaba que, desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado el mal moral de cualquier aborto procurado.
“Puesto que el embrión debe ser tratado como una persona desde el momento de la concepción, se debe defender su integridad, cuidarlo y curarlo lo mejor posible como a cualquier otro ser humano”, afirmaba.
Más al norte, en la capital del país, Canberra, los líderes católicos están preocupados por la propuesta de venta al gobierno local del Hospital del Calvario por parte de la Little Company of Mary Health.
Como el Canberra Times informaba el 29 de octubre, el cardenal George Pell de Sydney expresó su preocupación por el hecho de que los motivos del gobierno sean ideológicos y dirigidos por elementos anticristianos.
El artículo también observaba que antes el vicario general de la archidiócesis de Canberra, Mons. John Woods, había expresado también su preocupación de que la misión de la Iglesia de proporcionar cuidados sanitarios se viera comprometida por la venta.
Como escribía Angela Shanahan en el periódico Australian el 31 de octubre, hay sospechas de que el gobierno, bajo el control de una coalición entre los verdes y la izquierda, “quiera simplemente sacar a la Iglesia católica de la sanidad pública en la capital del país”.
Citaba un informe del antiguo miembro de la asamblea por parte de los Verdes, Kerrie Tucker, que recomendaba que el hospital se quitara de manos católicas o se vendiera al gobierno porque no quería hacer abortos, esterilizaciones o “toda una serie de servicios reproductivos”.
Personal sanitario
Los Estados Unidos han sufrido estos debates a principios de este año cuando la administración Obama rescindió las normas que protegían al personal sanitario que no desease participar en abortos.
En febrero, el departamento de sanidad y servicios sociales dio la noticia de que a se atendría a dichas normas, informaba el 28 de febrero el New York Times.
En una declaración con fecha de 23 de marzo, la secretaría de la plenaria de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos declaraba que: “La protección del derecho básico de conciencia adquiere incluso una urgencia mayor cuando los miembros de las profesiones sanitarias están sometidos a presión, o a riesgo de ser presionados, para participar en la muerte de una vida humana inocente, conducta que es directamente hostil al papel y función de la medicina”.
La declaración señalaba también la contradicción fundamental entre la postu
ra de la administración federal al comprometerse con una política de “elección” en cuanto al aborto mientras que, al mismo tiempo, quita la posibilidad de elección a las enfermeras, médicos y hospitales de proporcionar o facilitar los abortos.
Monseñor Raymond Burke, prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, trató el tema de la cultura de la vida en el actual contexto político en una cena el 18 de septiembre.
“Aunque la verdadera religión enseña la ley moral natural, la observancia de la ley moral no es una práctica confesional”, observaba. “Es más bien una respuesta a los que está inscrito en lo profundo de todo corazón humano”, afirmaba.
“Si los cristianos fallan a la hora de articular y respaldar la ley moral natural, fallan en su deber fundamental de patriotismo, de amar a su país sirviendo al bien común”, señalaba. Violar los derechos de conciencia, por tanto, no sólo es una afrenta a los creyentes, sino también una negación de los principios fundamentales que deberían guiar una sociedad laica
Por el padre John Flynn, L. C.
