SEVILLA, 30 julio 2003 (ZENIT.org-VERITAS).- Las dos entidades que representan al sector de la enseñanza concertada de ideario católico en Andalucía, Educación y Gestión (EyG), y la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), denuncian algo que puede definirse como «un alarde de sectarismo por parte de la Junta de Andalucía», según se concluye de la información recogida por la agencia Veritas.
Los portavoces de los colegios religiosos dicen sentirse «acosados y ninguneados» por el trato de favor que la Consejería de Educación y Ciencia concede a la enseñanza pública no concertada, ignorando a la concertada en cuestiones tan básicas como la aplicación inmediata de la vigente Ley de Calidad (LOCE) en cuanto al casi siempre problemático proceso de escolarización, la dotación de conciertos en Educación Infantil, la informatización, los comedores, las aulas matinales o los viajes de estudios.
Estos centros han enviado una carta al presidente de la Junta, Manuel Chaves, solicitando la implantación de los criterios de escolarización que contempla la LOCE, pese a lo cual han constatado en las reuniones mantenidas con destacados responsables de la Consejería, que ésta no reconsidera ni un ápice su actitud. En palabras de los dirigentes de FERE y EyG, la enseñanza concertada religiosa en Andalucía «vive de los acuerdos firmados con Pezzi en 1999».
La filosofía de fondo que subyace bajo esta controversia es, de un lado la de la defensa a ultranza de un proyecto educativo estatalista, que no contempla los derechos de los padres a la libre elección, a pesar de que la Constitución los consagra en su artículo 27, y del otro una visión, que por cristiana «valora la libertad de elección de centro como un reflejo de los principios morales, ideológicos y religiosos de los padres, en quienes descansa la responsabilidad de educar a sus hijos, antes y por encima de la que pueda recaer en la Administración pública».
De hecho, la existencia en los colegios concertados de unos idearios y estilos propios –generalmente son de titularidad de entidades religiosas de la Iglesia católica–, hace que muchos padres los prefieran para la educación de sus hijos.
Bastión de la enseñanza pública
Si en 1997 la enseñanza concertada en Andalucía tenía un 25 por ciento frente al 75 por ciento de la pública, hoy la relación es del 18-82. La Administración andaluza ha incrementado notablemente su presupuesto en construcción y dotación de nuevos colegios. Mientras, la concertada no sólo queda paralizada sino que la ratio se convierte en inamovible (algo que no es así en los centros de titularidad pública). Pronto comienzan las «expulsiones» de niños sobrantes, a pesar de que la demanda social no desciende.
El curso 2000-2001 resulta dramático para muchas familias que se ven obligadas a llevar a sus hijos a colegios públicos, a veces distantes de sus domicilios. Ha habido incluso casos de hermanos separados en colegios distintos. Ante tal estado de cosas, se tiene que recurrir a los sorteos para escolarizar a los niños. Y entonces llega la confrontación. Padres que se sienten engañados, discrepancias en el método seguido, sospechas de falsificaciones en los datos aportados que llegan hasta la contratación de detectives para que espíen a los otros…
Al mismo tiempo, Educación reduce a la mitad los conciertos en Enseñanzas Medias, lo que da lugar a pleitos, sobre todo por parte de los Salesianos, que ya han conseguido varias sentencias a su favor. La Junta llega a sancionar a algunos centros que habían decidido aceptar a todos los niños que demandaban plaza, aunque para ello tengan que costear lo que niega la Administración.
Durante los últimos años, y tras los incidentes registrados –hubo un inspector que «levantó» a los alumnos de clase para poner en su lugar a otro–, los padres han ido cediendo y resignándose. De ahí, probablemente, que muchos concertados hayan dejado de tener problemas, ya que los directores se han ocupado de disuadirles y han controlado incluso la matriculación en Infantil para que esos niños tengan los puntos necesarios a la hora de ingresar en Primaria. Se da la circunstancia de que los colegios públicos, que pronto estarán obligados a ofrecer el cien por cien de las plazas demandadas en Infantil, dan prioridad a los niños que han cursado en ellos Preescolar, pero esta práctica está prohibida en los concertados.
Salesianos de Triana
Así las cosas, y tras una temporada de tregua, la postura de los colegios concertados se ha recrudecido. En total, este año unos cuatro mil niños andaluces tendrán que estudiar en colegios no elegidos en primera opción.
La escuela concertada habla de «alarma social» y «castigo» en la política seguida por la Consejería.
Y en medio de la tormenta, surge un ejemplo emblemático de la crisis: los Salesianos de Triana. Cuando más protestas se levantan contra la intransigencia de la Junta, el colegio de San Pedro, una institución de la congregación de Don Bosco, que desde hace setenta años ha centrado sus esfuerzos en dar educación a niños de condición humilde, y que desde 1997 tiene dos líneas de Primaria y tres de ESO, se encuentra con la intención anunciada por la Delegación de Educación de suprimir una de las líneas de ESO desde el curso que viene. La razón argumentada por la Administración es que ningún niño de Primaria de ese centro se va a quedar sin plaza en Secundaria.
Constituido un colectivo social para defender dicha línea, han organizado manifestaciones, han recogido casi 19.000 firmas, han redactado un manifiesto suscrito por treinta personajes destacados, han celebrado una clase en las puertas de San Telmo –presidencia de la Junta–, etcétera.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, mantiene la postura de confrontación, a pesar de haber sido alumno de los salesianos de Utrera (Sevilla), y de haber escogido el colegio de los Salesianos de Triana para celebrar el último Día de Andalucía, pronunciando unas palabras que los defensores de la concertada no han olvidado, ya que en ellas Chaves ha reconocido deberle su vocación política a los salesianos. Pese a existir cuarenta niños sin plaza en la zona –incluyendo centros públicos–, no ha concedido la reclamada línea, sino que por el contrario la ha creado en un instituto del barrio.
Las declaraciones del viceconsejero atribuyendo a un acuerdo de bases del 97 y a un mapa de previsiones hecho por la misma Consejería en 1996 han desatado la cólera de la concertada, que lo ha negado rotundamente y le ha exigido una rectificación pública, algo que no se ha producido. Los colegios concertados están teniendo que recurrir a ayudas voluntarias de los padres –a menudo se aplica una cuota por defecto, salvo expresa comunicación en contra–.
Recientemente, un centro cercano al de los Salesianos ha acordado con la APA, tras la celebración de una multitudinaria asamblea de padres, la aportación de 25.000 pesetas anuales por alumno. Si a esto unimos la sistemática discriminación de que la concertada es objeto a la hora de convocar ayudas oficiales, la supervivencia económica está más que comprometida. EyG ha denunciado dicha situación, y la CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza) ha presentado recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La filosofía de fondo de las reivindicaciones por parte de la concertada es que este tipo de enseñanza también es pública, por cuanto está sostenida con fondos públicos. Estos centros concertados son colegios subvencionados en virtud de los acuerdos España-Santa Sede de 1979.
