MONTEVIDEO, 17 octubre 2003 (ZENIT.org).- Con un llamamiento al Estado a convertir a la familia en el centro de verdaderas políticas concluyó el sábado pasado el II Congreso Nacional de la Familia en Uruguay, organizado por la Comisión nacional de pastoral familiar del episcopado del país bajo el lema «Familia: germen de vida y esperanza de mi país».
El Congreso reunió en Montevideo a 1.300 delegados de todo el país para profundizar en los desafíos que implica vivir la propuesta cristiana para la vida familiar. Hasta 4.000 personas acudieron el 12 de octubre a celebrar la gran Fiesta de la Familia.
«Las familias católicas de Uruguay, congregadas junto a nuestros Pastores, nos dirigimos a todos nuestros conciudadanos a fin de (…) invitarles a colaborar en la defensa y la promoción de la familia “base de nuestra sociedad” (Cfr. Art. 40 Constitución de la República)», comienza el Comunicado Final del encuentro, distribuido por el Departamento de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal del Uruguay
El texto denuncia que la organización del sistema educativo uruguayo no respeta el derecho a que los padres elijan la clase de educación que desean para sus hijos, «contrariando lo garantizado por el Artículo 68 de la Constitución y discriminando injustamente a quienes no están de acuerdo con el tipo de educación brindado en los establecimientos de enseñanza del Estado».
«Nos comprometemos a trabajar –dice el Comunicado– para cambiar esta situación inconstitucional y antidemocrática, a fin de que el Estado asuma plenamente su deber de ayudar a los padres a ejercer su derecho de educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones».
Igualmente, el II Congreso Nacional de la Familia advirtió de que «la crisis de la familia no es sólo una consecuencia, sino también una causa de la pobreza». Por ello, «el fortalecimiento de la familia debe ser un objetivo central de verdaderas políticas de Estado».
«La familia –piden– debe ser asumida como sujeto y objeto político y no como la destinataria de una mera sumatoria de políticas que no la consideran en su unidad. Se debe prestar particular atención a las políticas de empleo».
Y es que la familia tiene un papel fundamental en la formación del «capital humano», del que depende «crucialmente» el desarrollo económico de un país.
Los participantes constataron igualmente que «Uruguay vive un momento crítico de su historia en lo que respecta al primero de los derechos humanos, el derecho a la vida».
De ahí que exhorten «a todos los uruguayos» a «rechazar la legalización del aborto voluntario», a dar «alternativas válidas a las madres que esperan hijos no deseados», a modificar la normativa de adopciones a fin de facilitarlas y a «prohibir la clonación humana y toda forma de reproducción humana asistida que no respete la dignidad esencial del ser humano».
Asimismo subrayan que la familia «es una comunidad de personas basada en la alianza conyugal, por la cual un hombre y una mujer se entregan y aceptan mutuamente, estableciendo entre sí una comunión íntima de vida y de amor ordenada al bien de ambos y a la procreación y la educación de los hijos».
«El matrimonio es una institución natural dotada por el Creador de una muy alta dignidad, que debe ser amparada por la ley civil –exhortan–. No corresponde equiparar el matrimonio con ninguna forma de “unión de hecho”».
«Al concluir este mensaje nos dirigimos especialmente a todos los matrimonios del Uruguay, llamando a cada esposo y esposa a renovar la entrega sincera de sí mismo, a construir entre ambos un amor fiel, fecundo, paciente, solidario y misericordioso y a vivir la paternidad responsable con generosidad».
