BUENOS AIRES, jueves 8 febrero 2007 (ZENIT.org).- La Comisión Episcopal de Educación Católica de la Conferencia Episcopal Argentina ha criticado algunos aspectos de la nueva Ley de Educación, como la inclusión en el contenido curricular obligatorio del Protocolo CEDAW, que insiste en la instrumentación de programas de planificación familiar que podrían facilitar prácticas como la anticoncepción, la esterilización y el aborto».
Estas observaciones las ha hecho en un documento publicado el pasado 2 de febrero, que incluye una serie de reflexiones tras la reciente sanción de la Ley de Educación Nacional (26.206/2006), promulgada por el Presidente de la Nación (Dto.1938/2006).
El documento recuerda que la Iglesia, junto a otras instancias de la sociedad argentina respondieron «activa y responsablemente a la convocatoria del gobierno, participando en la elaboración de las propuestas que, según nuestras convicciones, debían ser incorporadas en la nueva Ley».
Los obispos argentinos valoran que «el texto normativo sostenga que la educación es un bien público y un derecho personal y social. En consecuencia, reconoce a la familia como agente natural y primario de la educación y, entre sus derechos, el de elegir para sus hijos la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones éticas, filosóficas o religiosas».
Añaden los obispos que «para construir nuestro presente y nuestro futuro común es necesario que la aplicación de los principios generales de la nueva ley tome en cuenta siempre el criterio del servicio a una educación integral de la persona, incluyendo su espiritualidad y su fe religiosa, con un horizonte solidario, de libertad, de búsqueda de la verdad, de fraterna aceptación inclusiva, de superación de preconceptos y de vocación patriótica».
Reconocen que la nueva ley «incluye aspectos, acciones e innovaciones que se estiman de suma importancia» como «el priorizar la educación como política de Estado, la extensión de la obligatoriedad, la doble escolaridad, las políticas referidas a la calidad y jerarquización de la formación docente, el reconocimiento de la libertad de opciones educativas, la prioridad por los sectores más desfavorecidos, y el compromiso de financiamiento de la educación como bien público».
Ven con agrado «la creación de un Instituto Nacional de Formación Docente responsable de planificar, ejecutar y articular políticas del sistema de formación docente inicial y continuo, y la creación de un Consejo Consultivo que garantice la participación de los sectores representativos de la comunidad en la definición de políticas de formación docente».
Califican de «loable el esfuerzo puesto en incrementar el presupuesto educativo que, para no afectar principios constitucionales que nadie discute, debe ser asignado con criterios de justicia social, tomando particularmente en cuenta a quienes menos tienen».
Para salvaguardar la libertad de enseñanza sugieren que «las autoridades educativas aseguren también a las instituciones de gestión privada el acceso a fondos que disponen el propio Estado u Organismos Nacionales o Internacionales destinados a resolver situaciones de desigualdad y a mejorar la calidad educativa».
Consideran «necesario avanzar para que el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación sea real también para los padres de escasos recursos que quieran optar por establecimientos educativos cuyo ideario responda a sus propias creencias y convicciones. Tal principio está condicionado cuando el aporte estatal es sólo para salarios docentes, pues les exige una erogación claramente discriminatoria».
El efectivo reconocimiento de este derecho, indican, «exige también, para su concreción, la oferta diversificada de institutos de educación pública, ya sean de gestión estatal o privada».
Indican los obispos su preocupación por «la excesiva centralización del sistema educativo, particularmente en lo relacionado con la formación docente».
Lamentan «profundamente la sorpresiva inclusión como contenido curricular obligatorio (Art. 92 de la Ley de Educación Nacional) de la Ley 26171 que ratifica el ‘Protocolo facultativo de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer’ (CEDAW), que insiste en la instrumentación de programas de planificación familiar que podrían facilitar prácticas como la anticoncepción, la esterilización y el aborto».
A ello se suma, añaden, «la inclusión en los contenidos curriculares de ‘la no discriminación por género’ (“ideología del género”), principio opuesto a la realidad de la naturaleza humana ya que el hombre desde su concepción biológica es sexuado, varón o mujer; y por ende esta inclusión posibilita una distorsión en la educación sexual».
«Todo esto nos preocupa enormemente –afirman–, en razón de que los padres que no deseen que sus hijos sean enseñados y educados en temas contrarios a los principios de la ley natural y a sus convicciones, podrían hacer valer sus derechos».
Por el contrario, recuerdan, «nosotros, en su momento y basados en la Constitución, hemos propuesto positivamente que en dichos contenidos curriculares obligatorios se incluyera la defensa de ‘la vida humana y de su dignidad’, como única manera de garantizar los derechos humanos contra toda forma de discriminación y atropello».
«Como pastores de la Iglesia –concluyen los obispos argentinos–, en un contexto de sano pluralismo pero también de reaparición de algunos proyectos ideológicos de signo hegemónico, nos comprometemos e invitamos a una activa participación de las familias y de las instituciones de la sociedad civil para asegurar, tanto en la gestión estatal como en la gestión privada de cada jurisdicción, el mejor ejercicio posible de la vida educativa. Nuestros niños y jóvenes merecen los mejores esfuerzos para que puedan lograr un desarrollo integral de su personalidad. De esta manera seremos colaboradores del plan de Dios y de las potencialidades y de la libertad de los argentinos en un proyecto común de nación».
