BOGOTÁ, martes, 3 febrero 2004 (ZENIT.org).- El elevado precio de sangre que está pagando la Iglesia en su tarea de promoción de la reconciliación en Colombia, no ha impedido al presidente de la Conferencia Episcopal garantizar su compromiso en los procesos de negociación.
Lo confirmó el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, al inaugurar este lunes la asamblea plenaria del episcopado que hasta el 6 de febrero se centrará dos temas fundamentales «Evangelización y reconciliación» y «Relativismo moral y pecados sociales».
El arzobispo primado consideró que la situación de violencia en que vive Colombia requiere afrontar sus causas y, reconoció repitiendo una expresión que el episcopado ya ha utilizado en el pasado, el país está «moralmente enfermo».
«Preocupa en verdad el relativismo moral y la ausencia casi total de escrúpulos para transgredir las normas morales –confesó–; preocupa el deterioro de los valores éticos y morales y la incoherencia entre la fe que se profesa y la vida que se lleva. Preocupan los fenómenos del narcotráfico, la corrupción, el secuestro y el recurso a la violencia».
Según el presidente del episcopado, la persistencia de la Iglesia en su búsqueda de una «paz negociada» «hunde sus raíces en la entraña misma del Evangelio, como un objetivo de la acción evangelizadora de la Iglesia».
«Nosotros tenemos la convicción que la paz es posible, pero es indispensable que tengamos presente las causas que originan las situaciones de injusticia –afirmó el cardenal ante unos ochenta obispos–. En el ámbito político y pedagógico, el respeto por la vida humana en todas sus circunstancias, es prioritario; y en una democracia el uso de la fuerza tiene que estar enmarcado en los principios del Estado de derecho».
«La Iglesia reitera su decisión de seguir apoyando y facilitando con los obispos y la Comisión de Conciliación Nacional, los procesos de negociación política entre el Gobierno y las diferentes organizaciones insurgentes y los grupos al margen de la ley, sin menoscabo del Estado de derecho y de los derechos fundamentales en el contexto de la verdad, la justicia y la reparación», aseguró.<br>
«Para avanzar por el camino de la reconciliación en la construcción de la paz, es indispensable que los responsables de los atropellos contra la vida, la libertad y la dignidad de la persona, reconozcan el mal que hicieron y den signos, con hechos, de reparación, de su voluntad de querer integrarse a la sociedad y que también las víctimas se despojen de sus sentimientos de venganza y de odio –exigió–. Por eso, afirmamos, que es indispensable que la justicia se complemente con la caridad y que el amor venza al odio».
Por último, el purpurado pidió «un acuerdo humanitario», que «además de lograr la liberación de numerosas personas secuestradas y buscar incidir en la disminución de los altísimos índices de extorsión y secuestro que sufre Colombia, procurará un alivio a la dolorosa situación que sufren miles de colombianos víctimas de la violencia, el desplazamiento forzado y el abandono estatal».
Al menos 57 representantes católicos, entre obispos, sacerdotes, religiosas, y seminaristas, han sido asesinados en Colombia en los últimos diez años en Colombia.
Entre los crímenes que han sacudido al pueblo colombiano está el del arzobispo de Cali, Isaías Duarte Cancino, asesinado por presuntos rebeldes de las FARC en marzo del 2002.
El mismo grupo rebelde secuestró en noviembre de 2002 al obispo de Zipaquirá y entonces presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, liberado poco después por el ejército.
