MANILA, viernes, 15 diciembre 2006 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Filipinas (CBCP) se ha manifestado, con un comunicado de su presidente, el arzobispo Angel Lagdameo, contra el propósito del Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo de cambiar la Constitución y ha convocado una manifestación de protesta este domingo.
Según el presidente de los obispos, el intento de reforma constitucional es «fraudulentamente ilegítimo» y «escandalosamente inmoral».
Asociaciones civiles, religiosas y políticas se sumarán a la marcha mientras que en su comunicado, titulado «Observen y recen por los representantes que se sirven a sí mismos», monseñor Lagdameo, precisó que se trata de un «llamamiento para la purificación de la razón, el reforzamiento de las fuerzas morales y para el justo orden de la sociedad».
La oposición política, que acusa a la presidenta Arroyo de fraude en las elecciones del año 2004, rechaza modificar la Constitución, pero esta insiste en cambiar el sistema presidencialista actual por otro parlamentario federalista.
«Nosotros creemos que cambiar las reglas del Parlamento por parte de los congresistas o de la administración para convertirse en una asamblea constituyente es fradulentamente ilegítimo y escandalosamente inmoral. Es un manifiesto servicio a sí mismos por su parte», dice en su comunicado hecho público el pasado 7 de diciembre monseñor Lagdameo, obispo de Jaro.
Lagdameo cuestiona la manera en la que la mayoría de los congresistas ha destruido sus propias reglas que prevén que las propuestas de enmiendas de la Constitución deben ser tratadas como leyes ordinarias que necesitan la aprobación del Senado. «La prisa es cuestionable y sospechosa», afirma monseñor Lagdameo.
Con un voto de 161 contra 25, la mayoría de los legisladores eliminaron un artículo del reglamento del Parlamento que exige el voto separado de las Cámaras baja y alta del Congreso en las enmiendas de la Carta Magna.
Fue ignorada una medida que establece que «la adopción de resoluciones que proponen enmiendas o la revisión de la Constitución seguirán el procedimiento de la aprobación de leyes».
«A pesar del resultado de doce horas de debate turbulento que llevó a gritarse unos a otros a los congresistas, seguimos manteniendo que la manera de cambiar la Carta no es una Asamblea Constituyente sino una Convención Constituyente», señala el prelado filipino.
El presidente de la CBCP, describe como «desesperado» el respaldo de la presidenta Arroyo al cambio de la Carta Magna («Charter change», popularmente denominado «Cha-cha») para acelerar el proceso de la Asamblea Constituyente en su intento de cambiar a un sistema parlamentario unicameral.
El prelado se muestra irónico respecto a la campaña del Gobierno en favor del «Cha-cha» porque en su opinión quienes lo defienden son vistos como movidos por el interés.
«La corrupción no está en la Constitución sino en su impropia aplicación. Es la gente culpable de corrupción la que necesita cambiar», indica el obispo.
«Animamos a los fieles de las parroquias a estar vigilantes, a expresar su opinión sobre el cambio y a ofrecer oraciones por nuestro Gobierno», añade.
El presidente de la CBCP reitera que la Convención Constitucional, cuyos miembros son elegidos por el pueblo, es el mejor modo para enmendar la Carta.
El cambio, afirma, es algo mucho más serio que cambiar los nombres de las calles o la creación de provincias que requieren ambas el voto separado del Congreso y el Senado para su aprobación.
La Conferencia Episcopal de Filipinas ha declarado repetidas veces que aunque está de acuerdo con que algunos aspectos de la Carta necesitan enmiendas, no apoya el apresurado esfuerzo por el cambio sin un amplio debate y la participación de personas adecuadamente informadas o que estén fuera de las salas del Congreso.
«Seguimos creyendo –reitera monseñor Lagdameo– que un gran cambio en la forma de gobierno requiere amplia participación de la sociedad civil, y la correspondiente serenidad que permita un debate nacional».
Monseñor Lagdameo denuncia también los planes de la Administración de eliminar las elecciones del año que viene con la excusa de proseguir el cambio constitucional, y expresa su temor de que esto suponga una «seria tentación» para los funcionarios de permanecer en el poder.
