BOGOTÁ, 4 noviembre 2002 (ZENIT.org).- La Iglesia católica en Colombia se ha manifestado dispuesta a promover un eventual proceso de paz entre el gobierno del presidente Alvaro Uribe y los grupos paramilitares que combaten a la guerrilla y, según fuentes de prensa, podría mediar para liberar a los secuestrados por esta última.
En declaraciones concedidas a la agencia Reuters, el cardenal Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Bogotá, expresó este domingo su deseo de que las partes implicadas se comprometan en la reconciliación nacional.
Desde finales de septiembre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que agrupan a unos 10.000 combatientes a nivel nacional, anunciaron que trabajaban en una propuesta unificada del cese al fuego y cumplimiento estricto al Derecho Internacional Humanitario.
«Hago un llamado no solo a ellos, las AUC, sino a los distintos frentes y grupos como son las FARC y el ELN para que entiendan que el país lo que quiere es que podamos entre todos reconocernos como hijos de una misma patria, con la posibilidad de reconciliarnos y ponernos todos a trabajar (…) para que el país que soñamos sea una realidad», dijo Rubiano el arzobispo de Bogotá.
Previamente el máximo líder de las AUC, Carlos Castaño, dijo en una entrevista concedida a Reuters que su organización estaba dispuesta a iniciar un proceso de paz con el gobierno de Uribe si éste se comprometía a garantizar la seguridad y la inversión social en las zonas que controlaban los paramilitares.
Castaño sostuvo que los interlocutores válidos para un eventual proceso de paz eran la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia católica.
De concretarse la voluntad de los paramilitares y la mediación de la Iglesia católica, se podría dar inició a las primeras conversaciones de paz entre el gobierno y los escuadrones paramilitares de derecha en la historia del conflicto armado de 38 años, que dejó 40.000 muertos en la última década.
En el pasado, la Iglesia católica fue mediadora en el fallido diálogo de paz entre el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo rebelde del país con 17.000 combatientes.
Los escuadrones paramilitares son organizaciones ilegales armadas que se financian con aportes de comerciantes, ganaderos y hacendados perseguidos por la guerrilla, a la que combaten y a la que han expulsado de varias regiones del país.
Los paramilitares son acusados de contar con el apoyo de algunos sectores de las fuerzas armadas y de cometer violaciones a los derechos humanos en medio de la confrontación que agobia este país de más de 40 millones de habitantes.
Pese a que Uribe recibió un país con un elevado déficit fiscal, impulsa una estrategia para recuperar la presencia del Estado y de las Fuerzas Militares en apartadas zonas controladas por rebeldes y paramilitares, lo que podría facilitar diálogos de paz con los escuadrones de derecha.
El mandatario busca aumentar en 1.000 millones de dólares al año el gasto militar desde los actuales 3.100 millones de dólares y duplicar el número de efectivos del ejército y de la policía.
Uribe, quien en su campaña puso como condición para un eventual proceso de paz con los paramilitares la suspensión de las matanzas y los asesinatos, se abstuvo de revelar detalles sobre un diálogo a futuro con esos escuadrones.
Según reveló este domingo el semanario «El Espectador» de Bogotá, el Gobierno colombiano está coordinando acciones con la comunidad internacional y la Iglesia católica para alcanzar un acuerdo de intercambio humanitario de secuestrados por guerrilleros presos, que podrían ser enviados al exterior, posiblemente Francia o Canadá.
El semanario explica que un aspecto novedoso de la iniciativa consiste en que el Estado demandará «la liberación de todos los secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin importar si están cautivos por razones políticas o extorsivas».
«A cambio, el Ejecutivo permitiría que los guerrilleros procesados o hasta condenados por delitos políticos y algunos de sus conexos salgan de las cárceles», y sean trasladados a otro país, en donde recibirían garantías de seguridad y posibilidades de trabajo para evitar que sean víctimas de represalias o vuelvan a delinquir, indica «El Espectador».
Al respecto, el informe señala que el Ejecutivo examina la viabilidad de una reforma jurídica que faculte al mandatario colombiano para conceder libertad condicional o provisional a guerrilleros presos, a cambio de la liberación de los secuestrados.
