CÓRDOBA, martes, 14 junio 2005 (ZENIT.org).- En un sistema democrático, los representantes de la Iglesia católica y de otras religiones tienen el derecho a proponer sin por ello ser acusados de «intolerancia», considera la Santa Sede.
Intolerancia sería el intento de los representantes religiosos de «imponer» sus convicciones o el tratar de negarles su derecho a la libre expresión, añadió el arzobispo de Toledo, monseñor Antonio Cañizares, en Córdoba, durante la conferencia internacional promovida entre el 8 y 9 de junio por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre «Antisemitismo y otras formas de violencia».
El purpurado centró su segunda ponencia ante la asamblea en aclarar la diferencia entre «laicidad» y «laicismo» al abordar el tema «La lucha contra la intolerancia y la discriminación contra los cristianos y los miembros de las otras religiones: el respeto de la identidad religiosa en una sociedad pluralista».
El primado de España explicó en su intervención, publicada este martes por la Santa Sede, que «la distinción entre poder espiritual y civil no comporta alejamiento, indiferencia o incomunicabilidad, sino diálogo y confrontación al servicio del auténtico bien de la persona humana».
«Laicidad no es laicismo», subrayó citando una expresión del Papa Juan Pablo II. «El Estado laico asegura el libre ejercicio de las actividades del culto, espirituales, culturales y caritativas de las comunidades de creyentes. En una sociedad pluralista, la laicidad es un lugar de comunicación entre las diversas tradiciones espirituales y la nación».
Por este motivo, señaló, «si las comunidades religiosas manifiestan reservas o proponen alternativas respecto a decisiones legislativas o disposiciones administrativas, no debe ser considerado ipso facto como una forma de intolerancia, a menos que dichas comunidades, en vez de proponer, quieran imponer sus propias convicciones y ejercer presiones sobre la conciencia de los demás».
«Desde el lado opuesto –reconoció–, sería intolerante tratar de impedir que tales comunidades se expresen del modo indicado, o denigrarlas por el simple hecho de no compartir las decisiones que son contrarias a la dignidad humana».
El prelado manifestó una de las preocupaciones más agudas de Benedicto XVI al indicar que «el relativismo ético –que no reconoce nada como definitivo– no puede ser considerado como una condición de la democracia, como si fuera lo único que garantiza la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría».
«Una sana democracia promueve la dignidad de cada persona humana y el respeto de sus derechos intangible e inalienables –señaló–. Sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia puede asegurar una paz estable».
Por último, monseñor Cañizares denunció que «tampoco faltan en los medios de comunicación actitudes intolerantes y en ocasiones incluso denigratorias respecto a los cristianos y los miembros de las otras religiones».
«En el pleno respeto de la libertad de expresión –propuso–, se han de disponer mecanismos o instrumentos coherentes con el orden jurídico de cada país, que defiendan los mensajes de las comunidades religiosas de la manipulación y eviten la presentación irrespetuosa de sus miembros».
