HUELVA, viernes, 6 febrero 2009 (ZENIT.org).- Un nuevo episodio del largo conflicto que viven los profesores de Religión con la Administración, que tiene competencias educativas transferidas, se ha producido al decidir la Junta de Andalucía (gobierno autonómico) asumir la decisión sobre el lugar de trabajo de los educadores en materia religiosa. Una decisión que afecta a los 860 profesores de Religión que hay en la región.
A partir de ahora la Junta decidirá el destino de los profesores de Religión Católica, una competencia que tenía hasta ahora la diócesis. El cambio se recoge en un proyecto de orden que regula la cobertura de puestos vacantes de profesorado de Religión Católica en los centros de enseñanza secundaria, ya que los de Infantil y Primaria competen al Ministerio de Educación, informa hoy el diario «Huelva Información».
En el borrador, se establecen las bases para la confección de las listas provinciales de estos docentes, que no son reconocidos como funcionarios en igualdad de condiciones con los docentes de las demás asignaturas, y trabajan en una categoría denominada «laborales».
Una vez que aprobada la orden, la Iglesia seguirá decidiendo quiénes enseñan Religión, según un perfil específico, pero será cuestión del gobierno autonómico adjudicar los centros en los que estos profesores desarrollarán su labor.
El profesor de Religión que cuente con el visto bueno del ordinario diocesano entrará a formar parte de una bolsa de trabajo, ordenada según un baremo elaborado por la Consejería de Educación andaluza. El factor que otorga mayor puntuación es la experiencia y los conocimientos en otras áreas distintas de la Religión. En caso de empate, la prestación de servicios en la comunidad educativa será preferente. Este criterio es similar al establecido en las bolsas de trabajo de los interinos y que cambiará a partir de 2011. Por más de seis meses de trabajo los aspirantes tendrán un punto. Los otros aspectos que también otorgan puntuación es la titulación en otras materias y otros conocimientos. En cada Delegación Provincial de Educación existirá un listado del profesorado de Religión Católica ordenado según la puntuación obtenida basándose en el baremo. Una de las mejoras que consigue el profesorado de Religión con el nuevo decreto es la relación laboral «por tiempo indefinido» que mantendrá con la Administración autonómica.
Según Francisco Hidalgo, representante sindical de CSI-CSIF –uno de los sindicatos que más ha luchado por la mejora laboral de estos docentes- con esta «nueva categoría» se consigue mayor estabilidad laboral entre los profesores de Religión, «aunque sigan sin ser funcionarios».
A pesar de estas mejoras, el borrador no recoge otras reclamaciones sindicales. Entre ellas, que la administración corra con los gastos del desplazamiento entre los diversos institutos donde un profesor enseña Religión y que este tiempo entre a formar parte del horario lectivo.
Por otra parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) mostró este jueves su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo que avala la enseñanza de la religión en condiciones equiparables a las del resto de materias en el sistema educativo.
«Con este pronunciamiento del Tribunal Supremo -afirma la confedereación- se pone fin a la campaña orquestada para eliminar la enseñanza religiosa de la escuela, que sólo responde a intereses partidistas y a inconfesables fobias de unos pocos. El Tribunal no sólo hace hincapié en el derecho de los padres, sino que reconoce también el de las confesiones religiosas a la divulgación y expresión pública de su credo, componente esencial de la libertad religiosa».
«El Estado -añade la nota- está obligado por la Constitución y por los tratados internacionales a garantizar el derecho de las familias a que sus hijos sean educados conforme a sus creencias y convicciones religiosas, sin que por ello se vea afectado su carácter aconfesional».
Únicamente cabe lamentar, según los progenitores de los alumnos católicos, «que este expreso reconocimiento del derecho de los padres a decidir cuál ha de ser la educación moral y religiosa de sus hijos no haya sido elemento sustancial de otros pronunciamientos de este Tribunal y, en particular, en el reconocimiento de la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, una asignatura que interfiere en la formación moral de los alumnos».
No obstante, la Concapa espera que «esa sentencia incida en este aspecto y contribuya a eliminar los intentos por formar una conciencia moral única que se atribuye a esta asignatura, resolviendo el verdadero problema surgido en la educación española, que no es si procede o no la objeción sino el reconocimiento de que la formación moral excede de las competencias del Estado y corresponde exclusivamente a la familia, actuando los centros docentes como meros colaboradores en función de la libre elección que realicen las familias».
Por Nieves San Martín
