La Justicia argentina suspende la aplicación de la ley de salud reproductiva

Había sido impuesta por el Banco Mundial y el FMI

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BUENOS AIRES, 12 febrero 2003 (ZENIT.org).- La justicia argentina ha decidido impedir la ejecución de una ley del gobierno que buscaba aplicar un programa de «salud sexual», que preveía entre otras cosas el aborto químico.

La jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, ordenó este martes al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación que «se abstenga de ejecutar en todo el territorio de la República Argentina el «Programa Nacional de salud sexual y procreación responsable»», en particular, en algunos de sus artículos más importantes y polémicos.

La denuncia fue presentada por la organización Mujeres por la Vida el pasado 11 de diciembre. El Estado Nacional no ha presentado apelación.

La presidenta de Mujeres por la Vida, la profesora Cristina González de Delgado, denunció el Programa por considerarlo institucional, pues vulnera tres derechos fundamentales.

Ante todo el derecho ala vida, pues el Programa permitía fármacos que «deberían ser considerados abortivos», y la Constitución argentina defiende el derecho ante el aborto legalizado.

El segundo derecho violado por el Programa, según Mujeres por la Vida, es el de salud, pues preveía la distribución masiva e indiscriminada de elementos dañinos para la salud de las mujeres, para evitar algo que no es una enfermedad, el embarazo.

Por último, el Programa atentaba contra la patria potestad, pues como dijo la organización, viola el derecho de los padres a velar por la educación sexual sus hijos.

Mujeres por la Vida ha revelado que «dicha ley fue una imposición a nuestro país, por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional». La crisis económica argentina ha obligado a Argentina a depender de las ayudas de estas dos instituciones.

Como prueba la institución presenta los informes del Banco Mundial (http://www.bancomundial.org.ar/publicaciones «Los límites de la Ley» y «Estrategias de Asistencia al País», donde incluyen la «salud reproductiva» como un elemento fundamental, de la Estrategia de Asistencia al País (EAP) del Banco Mundial, con relación a la Argentina.

El abogado de la organización Jorge Scala explicó que de este modo el Estado Nacional no podrá utilizar los «80 millones de pesos [más de 25 millones y medio de dólares], que anunció el Ministro se destinarán a la compra de contraceptivos, ni tampoco enviar anticonceptivos a las provincias para avanzar en el programa».

El abogado cuestionó este «derroche» de dinero, y dijo que «resulta particularmente cínico, cuando no dejan de morir chicos por desnutrición, el sistema sanitario público está desmantelado, y sin medicamentos para las personas necesitadas».

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ZENIT Staff

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