Además, Gabaldón afirmó que el Gobierno es «intransigente» por «desoír las opiniones del Consejo General del Poder Judicial», que se ha pronunciado contra los términos del proyecto, e incluso «evitar que éste se pronuncie» y por «anteponer su criterio al del Consejo de Estado».
Gabaldón rechaza que «vaya a comenzar el debate parlamentario sin haber oído en absoluto a los agentes sociales que han solicitado insistentemente la convocatoria de una Mesa de Diálogo en la que puedan manifestar su criterio».
