PANAMÁ, miércoles, 8 octubre 2008 (ZENIT.org).- El arzobispo de Panamá Dimas Cedeño Delgado ha reiterado, en un mensaje enviado a la Asamblea Nacional del país centroamericano, lo dicho repetidas veces en cuanto al proyecto de ley en materia de sexualidad y salud reproductiva por la Conferencia Episcopal de la que es vicepresidente. El prelado en su misiva, hecha pública ayer, lamenta que el proyecto siga adelante y ofrece un diálogo sobre puntos muy concretos del texto legal.
El 22 de septiembre pasado, la Asamblea Nacional recibió el Proyecto de Ley n° 442, que adopta medidas para establecer y proteger los derechos humanos en materia de sexualidad y salud reproductiva y promover la educación, información y atención de la salud sexual y reproductiva.
Sobre este proyecto, la Conferencia Episcopal Panameña (CEP), recuerda el arzobispo, ha invocado en reiteradas ocasiones medidas apropiadas. En particular la CEP ha insistido sobre un compromiso civil para contrarrestar fenómenos (como la violencia intra-familiar, la prostitución, la pornografía, etc.) que afectan gravemente a las familias en sus personas más débiles.
Así mismo recuerda la labor eclesial en este campo a través de sus centros de pastoral familiar, consultorios, grupos familiares, y el servicio en muchos colegios católicos donde se tienen cursos regulares de educación sexual para niños, adolescentes y jóvenes.
Los obispos panameños han participado en la elaboración de la mencionada normativa y han subrayado sus aspectos positivos y negativos.
En marzo pasado, la CEP manifestó explícitamente su satisfacción por las sugerencias acogidas y al mismo tiempo su seria preocupación y contrariedad sobre varios puntos del texto que sin mayores cambios ha sido presentado a la Asamblea Nacional.
En este sentido, monseñor Cedeño afirma que el proyecto, tal como está, “antepone la responsabilidad del Estado a la potestad de los padres de familia. No se menciona la ‘potestad’ de los padres de familia de velar, tutelar, dirigir, prohibir y sobre todo de corregir a sus hijos en este ámbito. La potestad de los padres de familia parece limitarse a acompañar en decisiones de fundamental importancia de la vida de sus hijos”.
El texto, en el artículo 6, señala el prelado, reconoce a todos, menores incluidos, el derecho a tomar decisiones autónomas, libres y responsables sobre su sexualidad y reproducción, aunque muchas consecuencias de este ejercicio impactan sobre la familia.
El documento, añade, ofrece a los mismos jóvenes acceso a los respectivos servicios, a los medios y a los mecanismos, “reduciendo una vez más el rol de los padres a la sola ‘responsabilidad’ de acompañarlos y de guiarlos en sus decisiones” y “limitando su potestad a un reducido papel de consejeros y educadores (art. 7)”.
Esta autonomía de los menores está fortalecida por el art. 28, que prevé “sin excepciones, el derecho a la confidencialidad a los usuarios de los servicios de salud”.
Según monseñor Cedeñor, las disposiciones “parecen promover prácticas gravemente dañinas para la integridad física de la persona como es la esterilización, sin que el texto haga referencia a la edad (art. 22-25). La afirmación sobre la libertad de decidir si tener o no tener descendencia (art. 16) no contiene explicación si este principio de libre elección si tener o no hijos se debe tutelar también después de la concepción”.
El propósito de eliminar “las desigualdades de género” (art. 10), según el arzobispo de Panamá, “difunde la ideología del ‘género’, por la cual ser hombre o mujer no estaría determinado fundamentalmente por la misma naturaleza, sino por la cultura”.
Con ello –explica- “se atacan las bases solidas de la familia y de las relaciones interpersonales”.
El art. 5, “de manera inapropiada –indica el prelado–, entiende como discriminación ‘cualquier restricción o diferenciación arbitraria en … [la] orientación sexual’ y equipara este controversial aspecto con lo del ‘estado civil, origen étnico, etc.. [y hasta] creencias religiosas’”.
Por otra parte, el proyecto, denuncia el prelado, “no hace referencia a los graves fenómenos” de la prostitución, pornografía etc, “que desorientan y conculcan la verdadera libertad y salud sexual y reproductiva y tienen un impacto negativo para el progreso de la persona y de la familia, especialmente de los menores”.
Por estos motivos, subraya, “la Iglesia lamenta expresar una evaluación gravemente negativa sobre el documento presentado a la Asamblea Nacional y auspicia un diálogo más amplio a nivel de la sociedad sobre este fundamental asunto”.
Concluye solicitando al presidente y miembros de la Asamblea Nacional que no impidan este diálogo “con la apresurada aprobación de un texto que muchos gremios de la sociedad civil, y la Iglesia Católica, consideran contener disposiciones contrarias a las auténticas exigencias del desarrollo integral de nuestro pueblo”.
Por Nieves San Martín
