BOGOTÁ, 6 diciembre 2002 (ZENIT.org).- «Colombia se ve enfrentada a lo que parece ser un ataque directo contra la libertad religiosa», ha denunciado la ministra de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez de Rincón, en una carta dirigida al director del diario español «El País», publicada este jueves.
Según la titular de la cartera de Defensa, la Iglesia es un refugio: «una institución de seguridad, respetada por su fe y consistencia en el servicio a todas las personas sin distinción».
En Colombia, la Iglesia representa un aliado vital, puesto que tanto el gobierno como la población trabajan para crear «una sociedad donde haya seguridad para todos».
«Es una de nuestras instituciones civiles más respetadas y efectivas –insiste Ramírez de Rincón–, y debe ser protegida como símbolo de fe y esperanza de todos».
Los ataques contra la fe
La liberación de monseñor Jiménez Carvajal –obispo de Zipaquirá y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano–, secuestrado por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), fue un éxito de las fuerzas militares y de la propia población, constata.
«Es una de las 523 víctimas liberadas este año mediante operaciones contra el secuestro en Colombia», explica la ministra.
Sin embargo, se observa en el país una evolución «desconcertante»: en los últimos 10 meses se ha producido un incremento del 300% en la violencia contra los líderes religiosos.
«Sólo durante este año, 14 líderes religiosos han sido asesinados por grupos terroristas en Colombia, predominantemente las FARC», constata la titular de Defensa.
La tendencia del «ataque contra la fe y la religión en Colombia» se demuestra por el hecho de que en 40 años han sido asesinados en total 38 líderes religiosos; de ellos el 28% murieron este año.
«No podemos olvidar que el ataque terrorista más infame en la historia de Colombia ocurrió tan sólo hace seis meses, cuando las FARC lanzaron una bomba contra una iglesia en Bojayá llena de civiles inocentes y tres sacerdotes», añade.
Sólo en ese ataque 119 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellos mujeres y niños.
La acción del gobierno colombiano
Para contrarrestar esta situación, el gobierno ha puesto en marcha un programa de protección para los sacerdotes y aquellos que se encuentren directamente amenazados.
Además, a través de la «Nueva Red de Cooperación Ciudadana», se instruye directamente a la población. «Esta red –reconoce Ramírez de Rincón– fue un factor determinante que condujo a la liberación del arzobispo Jiménez y otros desde el inicio del programa, el 11 de agosto de 2002».
«Como ministra de Defensa –continúa–, estoy trabajando con las Fuerzas Armadas para confrontar esta nueva amenaza contra los líderes religiosos y contra nuestros maestros, periodistas y sindicalistas, y trabajaremos para garantizar la seguridad y libertad de la religión en Colombia».
Necesidad de colaboración internacional
No obstante, la ministra de Defensa colombiana subraya en su misiva la necesidad de recibir ayuda y apoyo de la comunidad internacional. En este sentido, explica que las FARC y ELN, e incluso las AUC, «han logrado explotar la neutralidad profesional de los diplomáticos y periodistas al pretender ofrecer una alternativa ideológica a la democracia en Colombia».
«Los ataques recientes contra la Iglesia no son errores aislados –denuncia–, sino una campaña fríamente calculada contra la libertad de culto en Colombia por mafias criminales disfrazadas de rebeldes».
Según sus palabras, las redes de infraestructura y financieras de estas mafias son transnacionales, y «muchas de ellas utilizan cuantas bancarias en Europa y en Estados Unidos para negociar rescates, lavar dinero y adquirir armamento para llevar a cabo sus actos de terror».
«Es el momento de cerrar estas organizaciones criminales y sus redes –exhorta– y que la comunidad internacional trate a estos asesinos de sacerdotes como enemigos de la libertad y la humanidad, que es lo que realmente son».
