CIUDAD DE GUATEMALA, martes, 2 febrero 2010 (ZENIT.org).- Los obispos de Guatemala han celebrado su asamblea plenaria anual, entre el 25 y el 29 de enero, en la que han evaluado la acción pastoral de la Conferencia episcopal, han visto la realidad del país y escuchado “voces de dolor y tristeza”.
“Hemos visto la realidad de nuestro país y escuchado sus voces de dolor y tristeza, esperanza y agradecimiento –dicen los obispos–. Lo que hemos visto y oído lo compartimos ahora con quienes tienen la responsabilidad de dirigir nuestra patria, miembros de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y con quienes dirigen la economía del país”.
Manifiestan su gratitud por “la entrega constante, silenciosa, esforzada de los sacerdotes, de los consagrados y consagradas, de los catequistas y laicos comprometidos en la acción pastoral” y por “los signos de su presencia en medio de nosotros, visibles en la lucha de los guatemaltecos por defender su dignidad ganándose el pan de cada día honradamente, sus esfuerzos por encontrar mejores horizontes de bienestar para sus familias; las iniciativas positivas a favor del desarrollo integral, la coherencia ética y solidaria de algunos empresarios y terratenientes, las iniciativas en favor de las cooperativas y del mercado justo, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, los compromisos de activistas a favor del respeto de los Derechos Humanos, la mayor conciencia política de líderes campesinos e indígenas, la ética profesional de algunos funcionarios”.
Constatan sin embargo que “el número de homicidios y asesinatos no ha disminuído. Pilotos de autobuses, mujeres, familias enteras han sido asesinadas, en algunos casos de modo salvaje y extremadamente cruel. La cantidad de linchamientos ha crecido”.
Esta violencia, según los obispos, “tiene múltiples causas: Sin duda hay responsabilidad de parte de las autoridades del Estado ya que el Acuerdo Nacional para el avance de la Seguridad y la Justicia, no ha sido eficiente ni tampoco las iniciativas de la Comisión Internacional contra la Impunidad para impulsar algunas nuevas leyes no han sido tomadas en cuenta, pero también es verdad que cada ciudadano y particularmente quienes se consideran cristianos deben reconocer su propia responsabilidad al fomentar la violencia en sus propias familias o al ser indiferentes cuando el problema no les ha afectado”.
“Lo hemos dicho y repetido: es vergonzosa y decepcionante la insensibilidad ante el irrespeto a la vida humana, expresada en la promulgación de leyes antinatalistas y en la promoción de una educación anti-vida”, añaden.
Constatan que “los grupos clandestinos de poder que durante el conflicto armado actuaron impunemente continúan haciéndolo, intimidando a la población, secuestrando, extorsionando. Hay una fatídica alianza entre ellos y las maras juveniles” y que “no se ha puesto en marcha un efectivo programa de desarme, y en muchos lugares del país hombres fuertemente armados controlan la población a su gusto y antojo. Muchos de ellos están al servicio de los capos del narcotráfico”.
Subrayan que las condiciones favorables para un crecimiento “son siempre escasas” y que algunos programas del gobierno “son pequeñas gotas en el océano de la miseria Nacional” que “no tocan las causas de la pobreza y con frecuencia fomentan el clientelismo político”.
Señalan que “en el área rural y en las áreas marginadas se siente más el impacto de la pobreza. Los hermanos campesinos viven en permanente situación de vulnerabilidad, sobreviviendo y sin acceso a los servicios básicos que les permitan llevar una vida digna de seres humanos”.
Indican que “los avances en la aprobación de una Ley de Desarrollo Rural son mínimos” y “lo mismo sucede con las reformas profundas sugeridas por organizaciones ambientalistas y la Conferencia Episcopal a la actual Ley de Minería”.
Constatan que “aún con un aumento del salario mínimo la mayoría de familias guatemaltecas no logran comprar lo que necesitan para vivir dignamente”.
“¿Cuáles son las raíces de la violencia que nos acaba?”, se preguntan los obispos. Y responden: “Son múltiples: la impunidad, la injusticia estructural, la pobreza, la carencia de una educación sana e integral, el deterioro en la práctica de los valores morales, que comienza desde las familias, muchísimas de ellas afectadas por la desintegración, los divorcios, la infidelidad, el machismo, una libertad mal entendida en el uso de la sexualidad en los adolescentes y jóvenes. A esto hay que añadir la debilidad del Estado Guatemalteco en las instituciones que deben velar por la seguridad de los ciudadanos”.
“La pobreza en Guatemala es fruto de un sistema en el que el Estado protege los intereses de pocos en detrimento del beneficio de la mayoría. Este sistema genera desigualdad y exclusión”, subrayan.
“El modelo económico que domina la sociedad guatemalteca es un modelo en el que predomina la ‘lógica mercantil’. En la práctica la actividad económica “no está ordenada a la consecución del bien común que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política”.
Ante esta situación los obispos hacen una serie de recomendaciones: que se implemeneten nuevas leyes como la ley anticorrupción y algunas reformas legales sobre el tráfico de migrantes, delitos sexuales y el Acuerdo Nacional para el avance de la Seguridad y la Justicia; que se impulse un modelo de desarrollo integral a largo plazo; que en las discusiones sobre la Reforma Fiscal no se olvide que “la finanza pública se orienta al bien común”.
Piden también que el Congreso “implemente las medidas recomendadas por la Comisión por la Trasparencia sobre la actividad minera y que la Comisión de Energía y Minas del Congreso haga las reformas consensuadas por las organizaciones ambientalistas y la Conferencia Episcopal a la actual Ley de Minería; que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural consensuada con las organizaciones campesinas; que los guatemaltecos, sin distinción de credos religiosos o ideologías políticas, fundamentemos nuestro futuro en el fundamento sólido de la libertad, la justicia, la verdad y la solidaridad, para tener una paz firme y duradera”.
En medio de las dificultades que afronta el país, los obispos concluyen exhortando “al pueblo de Guatemala a mantener la serenidad y evitar recurrir a la violencia para solucionar nuestros problemas”.
Por Nieves San Martín
