La política más urgente a favor de la familia es asegurar su protección jurídica

Propuesta en el Congreso Internacional de la Familia que se celebra en Murcia

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MURCIA, viernes, 3 diciembre 2004 (ZENIT.orgVeritas).- José Gabaldón y Eduardo Hertfelder, coincidieron este viernes al participar en el II Congreso Internacional de la Familia que se celebra en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), al afirmar que «la protección jurídica» a la familia es la primera ayuda que debe prestarle la Administración.

Gabaldón, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Foro Español de la Familia (FEF) reconoció «el valor moral y cívico» que necesitarán los poderes públicos que enarbolen la defensa jurídica de la familia, «ya que existen corrientes de opinión que, no por erróneas jurídicamente, tienen menos partidarios. Y que están además en los caminos transitados por buena parte de los países de nuestro entorno».

Por su parte, el presidente del Instituto de Política Familiar, dijo que «es necesario aplicar una verdadera política integral de familia, que promocione a la familia como institución, fomentando la idea misma de la familia y promoviendo una cultura y ambiente favorable que permita a la familia afrontar el día a día, ayudando a los padres a tener los hijos que deseen, integrando de manera verdaderamente humana y constructiva sus distintos ámbitos de desarrollo laboral, familiar y personal».

El presidente del IPF afirmó la necesidad de «diseñar y coordinar iniciativas para la protección y el desarrollo del grupo familiar y sus miembros, pero desde intervenciones sociales centradas en la familia como objeto y sujeto de su actuación, por cuanto la defensa de la familia, en cuanto institución, debe ser asumida como el objetivo básico de la política familiar».

«Reducir el debate a los medios y medidas para ayudar y proteger a la familia desde una perspectiva utilitarista, o limitar el derecho constitucional de protección a la familia a unas medidas cuantitativas, financieras o materiales que posibiliten a los miembros de la familia vivir mejor, pero dejando de lado el sentido de institución, es perder el rumbo de la política familiar», afirmó.

Hertfelder sostuvo que «no se puede pedir que la familia sea una instancia responsable y confiarle deberes concretos frente a los hijos, los enfermos, los jóvenes, los ancianos o minusválidos, y al tiempo negarle la dignidad, los derechos y el reconocimiento público en cuanto tal. Es preciso incluir en las políticas de familia el que ésta sea defendida como una institución privilegiada».

Aunque el presidente del IPF detectó que la importancia de la familia comienza a advertirse y empieza por tanto a usarse «como bandera electoral», «el significativo avance que se está produciendo como consecuencia de ello en las distintas administraciones públicas» parte a la vez de «una serie de errores y/o confusiones» fundamentados básicamente en «la definición errónea del concepto de familia».

Por su parte, y en este contexto, José Gabaldón defendió que «la familia es una realidad social que exige ser conocida y protegida por los poderes públicos. La constitución prescribe que «los poderes públicos aseguran la protección social económica y jurídica de la familia».

Gabaldón explicó que «protección jurídica de la familia equivale a protección a la institución familiar. Una realidad social natural que garantiza la continuidad de la especie y que, en cuanto tal, requiere un orden jurídico que permita su desarrollo y confiera certidumbre y constancia a sus relaciones».

Según el presidente del FEF la protección jurídica de la familia lo es de una «institución jurídica que a lo largo de la historia se ha venido a configurar como la mejor forma de satisfacer la necesidad social que representa y es de ahí de donde dimana el interés de los poderes públicos por aquella institución jurídica, y no respecto de meras situaciones ajenas a la institución».

Gabaldón añadió que «el Derecho no tiene por qué reconocer y aceptar lo que no es Derecho ni, para dar cierto amparo a situaciones humanas extremas, necesita asimilar a la institución jurídica unas situaciones que tienen su origen en la huida de las obligaciones propias de aquella».

«La protección jurídica de la familia significa protección de lo que la institución es en su esencia, con sus notas propias de estabilidad y la garantía de seguridad que le confiere la institución matrimonial, único modo de constituir familia según la propia Constitución», dijo.

Gabaldón matizó que «se trata de protección en derecho de la familia matrimonial, institución necesitada de forma, constancia y regulación, elementos indispensables para producir seguridad jurídica en las relaciones nacidas de la misma, es decir, las que vertical y horizontalmente originan y constatan el estado y situaciones de la persona».

«Esto es, pues, lo que determina el interés del Estado: la protección de la institución creadora de seguridad jurídica en el derecho de la persona», añadió.

Para el presidente del FEF, «una clara protección jurídica de la institución familiar supone la afirmación de esta como familia matrimonial y separar radicalmente los sistemas de protección material a la misma de los que deben articularse para la protección de relaciones familiares nacidas de situaciones de hecho».

Aunque Gabaldón había reconocido «el valor moral y cívico» que necesitarán los poderes públicos que enarbolen la defensa jurídica de la familia, teniendo en cuenta «los caminos transitados por buena parte de los países de nuestro entorno», citó también las realidades jurídicas de otros países ajenos al contexto europeo como México o Estados Unidos, donde el propio presidente Bush «Ha señalado como uno de los objetivos de su política el fortalecimiento del matrimonio».

Durante el II Congreso Internacional de la Familia que se está celebrando en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Gabaldón y Hertfelder compartieron esta mañana con el presidente de la Subcomisión episcopal para la Familia, monseñor Juan Antonio Reig, un panel de ponencias titulado el «Marco jurídico y defensa legal del matrimonio y la familia».

Precisamente, en el marco de estas intervenciones, José Luis Mendoza anunció que la UCAM secunda la iniciativa legislativa popular del Foro Español de la Familia, entre otras cosas, mediante la recogida de firmas durante el Congreso.

Es posible seguir las crónicas y reportajes sobre el Congreso Internacional de la Familia, que se clausura este sábado, a través de la agencia Veritas (www.agenciaveritas.com).

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ZENIT Staff

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