VIENA, viernes, 16 septiembre 2005 (ZENIT.org).- A pesar del empeño de los Estados de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), en estos países se dan todavía problemas que afectan a la libertad religiosa, advirtió Antonio Gaspari, delegado de la Santa Sede, en un reciente encuentro de la Organización.
Intolerancia, discriminaciones, espectáculos musicales y libros marcados por la cultura del odio contra los cristianos y otras religiones crea un clima que degenera frecuentemente en acciones violentas contra creyentes, comunidades, lugares de culto y cementerios: es el panorama actual que se trazó en el segundo Encuentro de Expertos de Policía organizado por la OSCE (www.osce.org) el 12 y 13 de septiembre en Viena.
Delegaciones de los 55 Estados miembros tomaron parte en la cita, durante la cual se analizaron fenómenos como antisemitismo, islamofobia, cristianofobia, intolerancia y violencia respecto a etnias gitanas y frente a sectores más vulnerables de la población, como discapacitados, enfermos y pobres.
El delegado vaticano aplaudió la «tutela y promoción que la OSCE asegura a la libertad religiosa», así como la atención que la Organización presta, de modo especial, «a la intolerancia y a las discriminaciones contra los cristianos y contra los miembros de otras religiones».
Recordó que, por su parte, la Santa Sede «no se cansa de elevar su propia voz contra toda forma de discriminación y de violencia cometida por razones raciales, étnicas, lingüísticas o religiosas».
Pero «a pesar de los compromisos adoptados por los Estados miembros de la OSCE en el campo de los derechos humanos, en algunos países sobreviven normativas, decisiones o comportamientos que impiden –o al menos limitan– algunos aspectos del ejercicio de tales derechos, dañando Iglesias y comunidades cristianas, otras comunidades religiosas y a sus respectivos fieles».
De ahí que para la Santa Sede sea «esencial verificar que la legislación y la jurisprudencia de los Estados participantes estén en línea con los estándares internacionales a los que ellos mismos se han adherido», además de que «también es necesario adoptar medidas concretas para contrarrestar las violaciones y de tal normativa».
El delegado vaticano lamentó la persistencia de «restricciones indebidas a la inscripción de las Iglesias y de las comunidades cristianas o de otras religiones», «retrasos injustificados, o incluso el rechazo, a la hora de restituir las propiedades que les habían sido confiscadas» o «la ingerencia ilegítima en su autonomía organizativa, obstaculizándole la coherencia con las propias convicciones morales».
En presencia de una religión mayoritaria el delegado de la Santa Sede también denunció «la falta de reconocimiento por parte de las autoridades civiles de la personalidad jurídica de las Iglesias o comunidades minoritarias y, sobre todo, la limitación de las actividades y la imposición de injusticias».
«A ello se añaden episodios de violencia, física o psíquica, en perjuicio de algunos cristianos o miembros de otras religiones, o de algunos lugares de culto», apuntó.
Igualmente lamentó «actitudes intolerantes y no raramente hasta denigrantes ante los cristianos y miembros de las demás religiones» por parte de algunos medios de comunicación masivos.
Por lo que se refiere al pluralismo en los medios de comunicación, el delegado consideró que requiere «una correcta información sobre los hechos religiosos, la garantía de que también las comunidades religiosas tengan acceso a los medios y que en ellos se proscriban los discursos marcados por el odio ante los cristianos y los miembros de las demás religiones».
En el pleno respeto de la libertad de expresión, el delegado de la Santa Sede pidió «medidas eficaces y coherentes con los estándares internacionales para prevenir y combatir la manipulación de los mensajes de las comunidades religiosas y la irrespetuosa presentación de sus miembros».
La OSCE, cuya sede principal se encuentra en Viena (Austria), fue fundada en 1975 en Helsinki como Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Es la mayor organización para la seguridad regional en el mundo con 55 Estados miembros de Europa, Asia Central y Norteamérica.
Sus actividades se enmarcan en tres ámbitos específicos: político-militar –control de armas y cuestiones ligadas a problemas de seguridad en los países de la OSCE–, humanitario –defensa de los derechos humanos, proceso de democratización, cuestiones religiosas, monitorización de las elecciones, tráfico de seres humanos, apoyo a favor de medios de comunicación libres, etc.– y económico-ambiental –crecimiento económico sostenible de las zonas más pobres del área de su competencia–.
