La Santa Sede exige acabar con las minas antipersonales

En la Conferencia internacional celebrada en Bangkok

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CIUDAD DEL VATICANO, 2 octubre 2003 (ZENIT.org).- La Santa Sede ha hecho un apremiante llamamiento a la comunidad internacional para que apruebe y aplique el la Convención de Ottawa, que tiene por objetivo la prohibición de la producción, almacenamiento y uso de las minas antipersonales.

«No hay nada que pueda justificar el uso de armas que matan, mutilan o hieren indiscriminadamente, que afectan a poblaciones civiles mucho tiempo después de que hayan acabado los conflictos, y que impiden el desarrollo de áreas destrozadas por la guerra», afirmó el representante vaticano en la Quinta Conferencia sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales, que se celebró en Bangkok del 15 al 19 de septiembre.

Monseñor Francesco Cao Minh-Dung, jefe de la Delegación de la Santa Sede consideró en su discurso, publicado este jueves por la edición diaria en italiano de «L’Osservatore Romano» que «ha llegado el momento de reparar cuanto antes por los errores del pasado».

«Queremos esperar que la humanidad no repita los errores al tomar decisiones semejantes sobre estas armas –subrayó–. Sólo la paz, la justicia y el desarrollo son capaces de crear, a nivel nacional e internacional, las condiciones de una seguridad real para todos».

El uso de minas antipersonales en el mundo descendió significativamente en 2002, así como el número de muertes provocadas por estas armas, según informó el 9 de septiembre pasado la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, por sus siglas en inglés).

En ese año, el Tratado contra esas armas fue firmado por 12 países, y recibió la ratificación parlamentaria de otros 10.

El nombre oficial del tratado, que ha sido ratificado por 136 países desde que se aprobó en 1997, es Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción.

Estados Unidos, China, India, Pakistán y Rusia figuran entre los principales países que no han firmado el tratado.

Estados Unidos no produjo ni instaló minas antipersonales en 2002, pero tampoco se comprometió a prohibir su uso, señaló Stephen Goose, director ejecutivo de la división de armas de la ONG humanitaria Human Rights Watch, que coordina la ICBL y es una de las principales responsables de su informe anual.

El Congreso estadounidense no ha ratificado el tratado, y la política de Washington en materia de minas antipersonales está actualmente en un periodo de «revisión gubernamental» que comenzó en 2001 y cuyo fin se anunció para este año.

Esta fuente explicó que Estados Unidos es el mayor contribuyente a los fondos de acción contra las minas antipersonales, aunque su aporte se redujo significativamente en los últimos dos años
Bielorrusia y Afganistán fueron dos de los países que firmaron la Convención este año.

El número mundial de víctimas a causa de estas armas fue 26.000 en 2001, y de entre 15.000 y 20.000 en 2002.

«La remoción de las minas es un desafío crucial no sólo para los países afectados, sino también para los demás», aseguró monseñor Francesco Cao Minh-Dung.

«Si queremos librar a millones de personas, comunidades enteras y decenas de países de la ira de las minas antipersonales, se necesita una mayor cooperación, así como una ayuda técnica y financiera más importante», afirmó.

«Si queremos que el desarrollo en muchas regiones se convierta en una realidad, los Estados que han firmado la Convención deben redoblar sus esfuerzos y utilizar los medios necesarios para acelerar la remoción de minas. Si queremos que los niños del siglo XXI vivan sin el miedo a la muerte o a quedar heridos, se necesita un nuevo empuje de generosidad y humanidad», concluyó el representante vaticano.

La situación en América Latina
Por lo que se refiere a América Latina, el informe anual de ICBL reveló que el estallido de minas y de otros materiales explosivos abandonados causó más de 500 víctimas en 2002.

El estudio señala que el mayor número de víctimas (530) se registró en Colombia, lo que representa un fuerte incremento en relación a las 216 del año anterior.

En Nicaragua se produjeron 15 víctimas frente a 19 en 2001 y en Perú 19 como consecuencia de accidentes relacionados con minas y restos de otros materiales explosivos, mientras que hubo una en Ecuador y otra en Chile.

El informe indica que nueve países latinoamericanos (Chile, Colombia, Cuba Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela) se enfrentan todavía al problema de las minas.

De los 35 países que integran las Américas, 31 se han adherido y ratificado la Convención de Ottawa adoptada en 1997, y dos más (Guayana y Haití) realizan actualmente los trámite correspondientes.

Además de Estados Unidos, Cuba es el único país del continente que se mantiene completamente fuera de la Convención. «Se cree que Cuba tiene sustanciales depósitos de minas, aunque no se dispone de información detallada sobre ello», afirma el informe.

Por otro lado, el informe de la ICBL señala que Colombia es el único país de la región donde las minas antipersonas se usan regularmente.

Los responsables de la utilización de estos artefactos letales son tanto los grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (Eln), como los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el propio Ejército.

En la actualidad se efectúan operaciones de limpieza de minas en Perú, Ecuador y Guatemala, mientras que en Chile se iniciarán el próximo año.

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ZENIT Staff

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