Las Caritas de América Latina rechazan Directiva Europea sobre Retorno

“Desistan de la tendencia a criminalizar las migraciones”

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ROMA, lunes, 21 julio 2008 (ZENIT.org).- Las Cáritas de América Latina y el Caribe han difundido un comunicado conjunto en el que rechazan con firmeza la Directiva Europea sobre Retorno aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 18 de junio y denuncian la tendencia a criminalizar las migraciones.

Los representantes de la Red de Caritas de América Latina y el Caribe, en su comunicado hacen un llamamiento al Parlamento Europeo, y a sus representantes en los gobiernos de la Unión Europea, para que «desistan de la tendencia a la criminalización de las migraciones y a la expulsión de las personas en situación irregular, que desde la política migratoria común vienen impulsando; tendencia que se concreta estos días en la Directiva aprobada el 18 de junio por el Parlamento Europeo».

El comunicado está firmando por monseñor Fernando Bargalló, presidente de Cáritas América Latina y el Caribe, y José Antonio Sandoval, secretario ejecutivo del Secretariado Lationoamericano y Caribeño de Caritas (SELACC).

Esta Directiva, añaden, «es contraria a un sistema migratorio global, seguro, humano y coherente con los Derechos fundamentales de la persona humana».

Los firmantes del comunicado rechazan «categóricamente que se considere a los migrantes en situación irregular como delincuentes, promoviendo su expulsión, medidas privativas de libertad y la prohibición de entrada».

De manera especial se oponen «a que se apliquen estas medidas a los menores de edad, ya que consideramos violan los Derechos fundamentales de los mismos».

No están de acuerdo «con el blindaje de economías y de sistemas de protección social que durante años se han beneficiado del esfuerzo de una población trabajadora, en busca de mejorar las condiciones de vida de sus familias».

«Nuestras tradiciones religiosas -subrayan las Caritas de América Latina- nos enseñan a acoger a nuestros hermanos y hermanas con amor. Todos los días somos testigos del sufrimiento de familias inmigrantes que han perdido a sus seres queridos, muertos en el mar, o de inmigrantes mismos que han experimentado explotación en su trabajo o abuso en manos de traficantes de personas y de otra gente inescrupulosa. Vemos también el dolor de los que quedan, vemos a los niños y ancianos asumir responsabilidades que no les corresponde para cuidar de los hogares, y también vemos el sacrificio diario, lleno de amor y ternura por cuidar a la familia desde la distancia».

Resulta alarmante, según los firmantes del comunicado «que la Europa culta, tradicional tierra de asilo y muy rica, haya aprobado esta Directiva para expulsar a los inmigrantes irregulares».

Es doloroso, añaden «constatar que representantes de países como Francia, Italia, España, Alemania, Holanda, Inglaterra, etc., cuyas migraciones en tiempos coloniales hacia América, Asia y Africa representaron para ellos no sólo una inmensa apertura de horizontes sino también la concreta posibilidad de crecimiento económico, hayan olvidado esa historia reciente y voten y aprueben ahora, de manera tan intempestiva, esta Directiva inhumana».

Alertan que «de no abordarse el fenómeno en su globalidad, los migrantes latinoamericanos, africanos y asiáticos expulsados ahora, retornarán en los siguientes años, si las condiciones para vivir dignamente en sus países de origen no cambian y mejoran sustancialmente». 

Solicitan al Parlamento Europeo que considere implementar medidas que tengan en cuenta cuanto sigue:

«Promover, junto a los países de origen de las personas migrantes, el desarrollo justo y equitativo, la creación de fuentes de empleo con inversiones, cooperación y transferencia de tecnología en los países de origen de la migración».

«Generar oportunidades para que los inmigrantes que ya están contribuyendo con su esforzado trabajo al continente europeo, salgan de las sombras y regularicen su situación migratoria satisfaciendo criterios razonables, y con el tiempo puedan optar por convertirse en residentes permanentes legítimos o, dado el caso, en ciudadanos europeos».

«Reducir significativamente, gracias a adecuadas reformas en el sistema migratorio europeo, el tiempo que las familias deben esperar para volver a reunirse como tales».

«Arbitrar canales jurídicos y legales para que los trabajadores, y sus familias, que migran a Europa, puedan ingresar y trabajar de manera segura, legal y ordenada, con sus derechos sociales plenamente protegidos».

«Implementar políticas de seguridad fronteriza que sean coherentes con los derechos humanos, de manera que la tarea crucial de identificar y prevenir la violencia y el terrorismo pueda realizarse sin que por ello se falte el respeto a la dignidad de cada individuo».

«Con nuestra intervención en la problemática migratoria -explican los firmantes- procuramos alentar un sistema justo que facilite la regularización migratoria en el respeto y valoración de la dignidad de cada persona y de su familia. Y, al mismo tiempo, que asegure que el sacrificio realizado por millones de seres humanos lejos de su patria se revierta en bienestar y crecimiento para sus familias en los países de origen».

«Como organizaciones y redes de índole religiosa, de solidaridad y de caridad -concluyen- llamamos la atención sobre la dimensión ética de la Directiva Europea y a poner en práctica políticas que resguarden la dignidad humana de todas las personas».

Por Nieves San Martín

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ZENIT Staff

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