CHENNAI/NUEVA DELHI, lunes, 29 mayo 2006 (ZENIT.org).- Contestadas desde varios ámbitos civiles y religiosos como «anti-constitucionales» y calificadas de «anti-minorías», las «leyes anti-conversión» podrían encaminarse a su supresión en el Estado indio de Tamil Nadu, pero a su endurecimiento en Chattisgarh.
En Tamil Nadu, el nuevo gobierno de los demócratas del DMK («Dravida Munnetra Kazhagam») ha anunciado su intención de «anular» «la draconiana ley contra las conversiones forzadas», apuntó el jueves la Conferencia de los Obispos Católicos de la India (CBCI).
Introducida por el gobierno precedente –encabezado por el ex primer ministro Jayalalithaa–, la normativa tuvo que ser enmendada con una ordenanza, dadas las «vivas protestas de las comunidades cristiana y musulmana», recuerda la agencia del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras «AsiaNews».
Pero tal enmienda, según denunciaron repetidamente defensores de los derechos humanos y líderes religiosos, fue ignorada por las fuerzas policiales y activistas nacionalistas.
El pasado 25 de mayo, un documento –«Visión de gobierno»– que presentó el nuevo gobernador Surjit Singh Barnala a la Asamblea expresó su voluntad de «anular del todo la ley, visto que las enmiendas fueron inútiles».
El texto también anunció que se introducirá «legislación para garantizar a las minorías religiosas lugares reservados en el campo de la educación y en el mercado laboral».
Una perspectiva distinta enfrenta el Estado de Chattisgarh –alertó el viernes la CBCI–, donde se puede hacer más severa la «ley anti-conversión».
Y es que el gobierno del lugar –en manos del BJP («Bharatiya Janata Party», el mayor partido político, de impronta nacionalista-fundamentalista)– ha anunciado su intención de aprobar un decreto que «penalice a quien cambie de religión sin advertir a las autoridades».
La propuesta legislativa se orienta a que quien pretenda cambiar de religión tenga que informar con un mes de antelación al magistrado de distrito; quien contradiga esta norma se enfrentaría a una multa de hasta 100 mil rupias, además de detención hasta cinco años.
La misma suerte correría quien pretendiera «convertir a la fuerza» a los habitantes del Estado.
La propuesta podría convertirse en ley en la Asamblea estatal que se celebrará este próximo verano.
Como recuerda la nota de la CBCI, «la libertad de religión que permite a la gente profesar y propagar su credo está consagrada en el artículo 25 de la Constitución India», pero «el gobierno de Chattisgarh sostiene que tal ley no contradice esta previsión constitucional».
Igualmente confirma que esta norma hay que atribuirla al presidente del BJP, Rajnath Singh, quien ha pedido al gobierno del Estado que introduzca una legislación estricta contra las conversiones.
Bajo el gobierno o el apoyo del BJP, leyes así existen en otros Estados como Madhya Pradesh, Orissa y Gujarat; por ahora en Rajasthan la gobernadora ha devuelto la ley –considerada contraria a la libertad de los ciudadanos– a la Asamblea sin firmarla (Zenit, 22 mayo 2006).
Al recibir al nuevo embajador de La India ante la Santa Sede, hace pocos días Benedicto XVI aludió a las «inquietantes señales de intolerancia religiosa que han preocupado a algunas regiones de la nación» y expresó la necesidad de rechazar «firmemente» el «reprensible intento de legislar restricciones claramente discriminatorias acerca del derecho fundamental a la libertad religiosa».
El presidente del BJP reaccionó contra estas declaraciones y escribió al Papa diciendo que sus comentarios sobre las leyes «anti-conversión» habían «dolido» en el país.
A continuación el recién nombrado prefecto del dicasterio misionero, el cardenal indio Ivan Dias, recalcó que las conversiones «nunca deben ser inducidas por la fuerza, fraude o medios de atracción», y que de hecho la Iglesia católica considera tales conversiones «inválidas» ( Zenit, 24 mayo 2006).
«Pero cualquier oposición de ley o de hecho a una conversión genuina, además de constituir una grave violación a los derechos humanos y al espíritu de la Constitución India, es, sobre todo, una injustificada interferencia en la competencia única de Dios en la cuestión», recordó.
