COCHABAMBA, domingo 29 abril 2012 (ZENIT.org).- Los obispos de Bolivia han dirigido este 24 de abril un mensaje a los fieles invitándoles a ser promotores de la vida y denunciando los graves problemas sociales que afronta el país.
«Como en la noche de Pascua y con la misma fuerza y alegría, anunciamos la Resurrección del Señor. Nuestro pueblo ha participado masivamente en las celebraciones de la Semana Santa y se ha sentido profundamente identificado con el misterio del dolor, la cruz y el sufrimiento a través de signos de la fe sencilla y espontánea», afirman los obispos bolivianos en su mensaje.
De manera particular, recuerdan, «ha experimentado y celebrado el gozo de la vida nueva que ha comenzado en el Resucitado. Al igual que la primera Iglesia, nuestras comunidades tienen la convicción de que ‘el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús’ y no ha permitido que permaneciera en la muerte. La palabra definitiva no la tiene la muerte ni el sepulcro, la tiene Dios».
Como Iglesia, exhortan los obispos «estamos enviados a compartir la belleza de la vida, el gozo de ser cristianos y la seguridad que nos da la esperanza en Jesucristo. Si es urgente manifestar nuestra fe en la Vida Nueva que hemos celebrado, es también necesario denunciar todo aquello que degrada al ser humano y se opone a que renazca el perdón, la alegría, la paz y la fiesta que nos trae el Señor».
«El Sí de Dios a la vida celebrado en la Pascua –subrayan–, nos anima y fortalece para luchar por la defensa de una vida en plenitud, desde su concepción hasta la muerte natural. Por eso la Iglesia rechaza firmemente las leyes que se oponen a la vida que nace del amor de Dios».
Los prelados aluden a la actual situación de Bolivia afirmando que no pueden menos que «hacer referencia a la situación de deterioro social que nos envuelve: violencia, conflictos, bloqueos y miedo, que denotan una pérdida de valores espirituales y humanos, de principios éticos y morales, que han sido y son parte de nuestra identidad cultural y de nuestra historia».
Constatan «la permanente degradación de la convivencia pacífica entre las comunidades y los pueblos y la devaluación del respeto por el diferente, de la solidaridad, del sentido comunitario y del valor sagrado de la familia».
Recierdam que en sucarta pastoral: “El universo don de Dios para la vida” afirmaban que el problema del TIPNIS ha hecho reconocer y tomar conciencia “con más claridad, que la protección de la casa común es principalmente un problema ético y moral”.
A partir de esta óptica, reafirman «que los pueblos indígenas, como todos los sectores, tienen el derecho a expresar libremente y con medios pacíficos, como es una marcha, sus legítimas aspiraciones».
Esperan «que se eviten iniciativas que buscan dividir a los mismos pueblos, provocar enfrentamientos y fundamentalmente falsear la verdad. Una vez más reafirmamos con fuerza que el único camino es el diálogo franco, sincero y transparente, con miras al bien común».
Se muestran alarmadostambién por «el tema de la justicia y la manipulación de la misma por las arbitrariedades que se dan con frecuencia, incluso para atacar a los adversarios políticos y líderes que piensan diferente».
En sus visitas a las cárceles, dicen, han «sentido los reclamos por la retardación de justicia, una realidad conocida también por la opinión pública. Muchos hermanos sufren una prolongada detención preventiva más allá de los plazos previstos por la ley, privándoles del derecho a ser juzgados con transparencia y recibir una sentencia justa».
Lespreocupan «los proyectos que se están elaborando sobre los derechos sexuales y reproductivos tanto a nivel nacional como departamental. En muchos casos, la promoción de estos supuestos derechos esconde intenciones contrarias al reconocimiento del auténtico derecho a la vida y sostiene la difusión de contraceptivos y del aborto».
«Hay el propósito de imponer una visión y leyes contrarias al verdadero significado de los derechos humanos y a la misma cultura de los pueblo originarios», afirman.
De igual manera, ven «como signo de contradicción la presentación de un proyecto de Ley que pretende equiparar el matrimonio a la unión de personas del mismo sexo». «Nadie debe ser discriminado en sus derechos ciudadanos –señalan–, sin embargo la institución social del matrimonio debe ser tutelada y promovida por las leyes, como definido en la Constitución
Política del Estado. Para nosotros cristianos además, el matrimonio por su propia naturaleza heterosexual es una institución querida por Dios y amparada por su ley. El matrimonio, engendrando y educando a sus hijos, contribuye al crecimiento y estabilidad de la sociedad, característica que no tiene ninguna otra unión».
Entre los problemas sangrantes que atentan contra la vida y los valores humanos de la sociedad, los obispos destacan «el flagelo del narcotráfico y de la consecuente drogadicción. Son muchos los jóvenes, adolescentes y hasta niños que se han convertido en consumidores de la droga, y muchas las familias que se ven afectadas por esta desgracia que no podemos ocultar ni callar».
«El enriquecimiento ilícito y fácil que proporciona el narcotráfico –denuncian- es una tentación muy fuerte. Según las estadísticas continúa aumentando la producción y comercialización clandestina de la droga, generando victimas en nuestro país. Existe una espiral de violencia y la proliferación del crimen organizado, que no reparan en sembrar la muerte en nuestras calles».
Los prelados denuncian que se asiste «a una degradación de la convivencia pacífica del país, en la prensa se informa de cientos conflictos en los primeros meses del año. Pareciera que se ha institucionalizado el recurso a la violencia y a la presión como método de lucha para conseguir aspiraciones, sean o no legítimas. Así mismo es habitual recurrir sin reparos a la violencia verbal».
«Calumnias, amenazas, insultos y desprestigiar a las personas hacen cada vez más difícil el diálogo –denuncian–, que impide alcanzar el consenso para llegar a una solución justa en el marco del bien común y de la convivencia democrática».
«También –añaden–, en los barrios de nuestras ciudades y pueblos, se multiplican actos de violencia, linchamientos, atracos, que crean un clima de miedo en la población y que hacen patente la inseguridad generalizada que se está viviendo. Existen sectores que se toman la justicia por sus propias manos, justificando y promoviendo la implementación de la pena de muerte, en base a una pretendida y mal entendida ‘justicia comunitaria'».
«Es evidente –señalan- que faltan políticas claras que prevengan y garanticen la vida de los ciudadanos».
Y concluyen haciendo un llamamiento «a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a las familias, los agentes de pastoral, y los líderes políticos y sociales». Particularmente convocan «a los jóvenes para ser constructores de vida y esperanza en una sociedad más justa y fraterna. Todos estamos urgidos a ser testigos de la Vida Nueva, en este tiempo de la Misión Permanente, y a ser discípulos-misioneros».
