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Los efectos no deseados de la planificación familiar en China

En medio de nuevas dudas, se relaja su dura política sobre el tema

PEKÍN, sábado, 29 octubre 2005 (ZENIT.org).- La feroces políticas de control demográfico de China han tenido como resultado el pago de un fuerte peaje en el último cuarto de siglo. Un artículo del 15 de septiembre en la New England Journal of Medicine presentaba una imagen de las consecuencias.

Los autores de «El Efecto de la Política China de un Solo Hijo por Familia después de 25 Años» observaban que las regulaciones cubren temas que van, desde el tamaño de la familia, hasta el matrimonio tardío y el espaciamiento de los nacimientos. El término «política de un solo hijo» es, de hecho, engañoso, dado que se aplica sólo a una parte de la población, especialmente a los trabajadores del gobierno y a quienes viven en las zonas urbanas. Por lo general, se permite a las familias rurales tener un segundo hijo, cinco años después del nacimiento del primero, especialmente si el primero ha sido niña.

Las restricciones están organizadas sobre un sistema de recompensas y castigos, que es administrado por los funcionarios locales y que varía ampliamente. Pueden incluir incentivos económicos para quienes cumplan, así como multas sustanciales, incluyendo la confiscación de bienes y el despido del trabajo, para quienes no cumplan.

La anticoncepción y el aborto son la espina dorsal de la puesta en práctica de esta política. Se favorecen las medidas a largo plazo, con los dispositivos intrauterinos y la esterilización que juntos suman más del 90% de los métodos anticonceptivos utilizados desde mediados de los 80. Los autores observan que a la mayoría de las mujeres no se les ofrece ninguna opción a la anticoncepción.

Hesketh y Zhu observan que las autoridades sostienen que esta política ha prevenido entre 250 y 300 millones de nacimientos. Los autores advierten que ya se sabe que las estadísticas de población en China están sujetas a la manipulación del gobierno. El índice de fertilidad total – es decir, el número de niños nacidos por mujer – bajó del 2,9 en 1979 hasta el 1,7 en el 2004, con un índice del 1,3 en las zonas urbanas y un poco por debajo del 2,0 en las zonas rurales.

Niñas eliminadas
Una consecuencia de las restricciones de la planificación familiar ha sido la creciente desproporción en el nacimiento de niños y niñas. La proporción de varones nacidos vivos con respecto al de niñas va del 1,03 al 1,07 en los países industrializados. En China esta proporción era del 1,06 en 1979, pero subió al 1,17 en el 2001.

El aborto selectivo por sexo, facilitado por la utilización de imágenes ultrasónicas para identificar el sexo de los bebés no nacidos, tiene la culpa de la gran proporción de niñas asesinadas. Y aunque se cree que el infanticidio es raro, se sabe que las niñas enfermas reciben menos cuidados médicos. La escasez creciente de mujeres ya ha dado lugar a secuestros y a tráfico de mujeres para el matrimonio y, según algunos analistas, podría ser una amenaza para la estabilidad del país en los próximos años.

El bajo índice de nacimientos ha llevado a un rápido envejecimiento de la población de China. El porcentaje de quienes tienen más de 65 años era del 5% en 1982, y ahora alcanza el 7,5%. Estas cifras son bajas comparadas con las de las naciones industrializadas. Pero la falta de un adecuado sistema de pensiones en China implica que la mayoría de los ancianos dependen de sus hijos como apoyo, lo que lleva a la cuestión de cómo afrontará esta carga, en los próximos años, un número siempre más pequeño de hijos.

Las autoridades han reconocido tácitamente algunos de los problemas causados por el sistema de planificación familiar, al adoptar una política más flexible en algunas regiones. A principios de este año se admitió de una forma más abierta, informó Reuters el 6 de enero. Con motivo de que la población china alcanzara la marca de los 1.300 millones, un editorial del China Daily apoyaba la política de un solo hijo pero concedía que: «Obviamente, la política de planificación familiar ha encajado mal en algunos lugares».

Reuters también informó el mismo día de que China estaba tomando otras medidas para evitar el aborto selectivo de niñas. La agencia de noticias afirmaba que los datos del gobierno mostraban que nacían 119 niños por cada 100 niñas. El aborto selectivo por sexo ya es ilegal, pero los nuevos planes implican un ajuste de las regulaciones, incluyendo la prohibición de la utilización de máquinas de ultrasonidos para detectar el sexo de los fetos.

Las autoridades, no obstante, han dejado claro que no tolerarán oposición alguna a las políticas de planificación familiar. Associated Press informaba el 5 de enero del caso de una mujer de Shanghai, Mao Hengfeng, que fue sentenciada a tres meses de trabajos forzados por su oposición a estas políticas. Ya cumplía una sentencia de un año y medio por su campaña para abolir las políticas de planificación familiar.

Se intensifica la represión
Los acontecimientos recientes que han tenido lugar en la provincia este de Shandong indican hasta qué punto son duras las políticas de planificación familiar. El 7 de septiembre el Washington Post informaba de que Chen Guangcheng, un campesino ciego que hacía campaña contra la utilización de la esterilización forzada y el aborto, había sido detenido por las autoridades. Chen estaba de visita en Pekín mientras preparaba un pleito para desafiar los abusos.

Chen, que vive en Linyi, una ciudad al sureste de la capital, había protestado contra las medidas locales que exigen que los padres con dos hijos sean esterilizados y que las mujeres embarazadas con el tercer hijo se sometan a un aborto. Tres días después, el Washington Post informaba de que Chen había sido confinado en su casa por las autoridades y que no podría recibir visitas.

La revista Time del 19 de septiembre también informó de los acontecimientos de la provincia. El artículo describía gráficamente el caso de un aborto de un niño aún no nacido de nueve meses llevado a cabo por Li Juan.

El artículo explicaba que las políticas de planificación familiar se suavizaron a nivel nacional en el 2002, permitiendo a los padres tener niños extra, siempre que pagaran fuertes multas. Pero en muchos casos, los funcionarios locales del Partido Comunista todavía mantienen las antiguas y más duras restricciones y actitudes.

Enfrentándose a las críticas de los líderes provinciales al hecho de que el índice de nacimientos fuese todavía demasiado alto, los funcionarios locales lanzaron una campaña en marzo para eliminar lo que consideraban nacimientos extra. La revista Time describía la operación como «una de las más brutales campañas de esterilización y de abortos en masa en muchos años». Sólo en un departamento, 7.000 personas fueron esterilizadas a la fuerza entre marzo y julio. Según Time, algunos aldeanos fueron golpeados hasta la muerte por intentar ayudar a miembros de su familia a evitar la esterilización.

Los funcionarios también recurrieron a arrestar a miembros de las familias de aquellas mujeres que se negaron a ser esterilizadas, informó el 2 de octubre el Chicago Tribune. Y en un caso una familia fue forzada a pagar una multa y unos honorarios equivalentes a 617 dólares, más de lo que consigue un granjero medio de la provincia en un año.

El Washington Post siguió el tema con un reportaje el 20 de septiembre. El periódico indicaba que se había despedido a funcionarios de la ciudad de Linyi por abusos cometido mientras ponían en práctica la política de un solo hijo. Pero el periódico también citaba a Jian Tianyong, un abogado local envuelto en el juicio contra los funcionarios, que decía que sólo han sido castigados funcionarios de muy bajo nivel, dejando sin tocar a los líderes del partido.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha criticado los últimos acontecimientos. En una nota de prensa del 14 de octubre, Amnistía comenzaba por observar que no toma ninguna postura sobre la «política de control de natalidad» de China. Pero está preocupada por las violaciones de derechos humanos como resultado de los métodos de coacción utilizados para aplicar dicha política.

En referencia al aborto y a la esterilización forzadas, y a las detenciones de personas, Amnistía declaraba que considera tales acciones como «un trato cruel, inhumano y degradante que alcanza la tortura».

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