NUEVA YORK, 19 enero 2002 (ZENIT.org).- Los gastos mundiales en armas continúan suscitando controversia.
El Wall Street Journal del 8 de enero informaba que los Estados Unidos habían aprobado la venta de 10 aviones F-16 a Chile y lo único que se necesitaba ahora era la decisión final del presidente chileno Ricardo Lagos. Los 700 millones de dólares de este trato lo convertirían en la venta más cara de armas norteamericanas a Latinoamérica en dos décadas.
Es la primera vez en que los Estados Unidos venden armamento tan avanzado desde que el presidente Bill Clinton levantara una prohibición no oficial de los años setenta a tales entregas a Latinoamérica. La prohibición solamente se quebrantó una vez, en 1983, cuando Ronald Reagan permitió que Venezuela adquiriera 22 F-16.
Las Fuerzas Aéreas chilenas afirman que los nuevos cazabombarderos reemplazarán a la actual flota de aviones, con 30 años de antigüedad, que patrulla los 6.435 kilómetros de costa, además de zonas extensas del océano Pacífico.
Esta venta de armas de alta tecnología, propuesta por primera vez a mediados de los noventa, ha generado una fuerte oposición. El gasto ha causado controversia especialmente con el vecino norteño de Chile, Perú. Los dos países se hallan enzarzados en un largo conflicto sobre delimitación de fronteras.
Mientras tanto, en Inglaterra, la venta de un sistema militar de control aéreo a Tanzania ha dividido a los ministros del gobierno. El canciller Gordon Brown respaldaba la venta mientras que Clare Short, ministro de desarrollo internacional, criticó duramente la decisión, según informaba The Guardian el 21 de diciembre.
BAE Systems recibió del gobierno una licencia de exportación para vender sistemas militares de control de tráfico aéreo valorados en 40 millones de dólares, a pesar de la oposición del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Según The Guardian, un portavoz del Banco Mundial calificó la decisión de “un error y una desilusión”.
Un estudio técnico del Banco Mundial al que tuvo acceso The Guardian afirma: “El sistema, según está contratado, es primordialmente militar y puede dar un soporte limitado para el control del tráfico aéreo civil”. El informe recomendaba que se renegociara el contrato.
Los críticos con esta venta afirman que sería más apropiado –y más barato- para las necesidades de Tanzania un sistema de control aéreo civil. Además, el Banco Europeo de Inversiones está dipuesto a dar Tanzania un préstamo más barato que el concedido por el Barclays Bank, pero únicamente con destino a un sistema más barato de control de tráfico aéreo civil.
Kevin Watkins, consejero de planificación de Oxfam, apuntaba que el coste del sistema equivale casi a un tercio del producto nacional bruto de Tanzania. En un artículo en The Guardian del 21 de diciembre, Watkins afirmaba que uno de cada tres niños de Tanzania sufría de malnutrición y que más de dos millones de niños en edad escolar jamás habían pisado un aula de clase.
La decisión de comprar el sistema militar refleja unas prioridades equivocadas, defiende Watkins. También expresó que Oxfam quiere una ley destinada a establecer criterios claros para vetar cualquier contrato parecido que socave los programas de reducción de la pobreza en los países pobres.
El negocio aniquilará cerca de dos tercios de las reservas presupuestarias que Tanzania había logrado como resultado de la HIPC, inciativa para los países pobres fuertemente endeudados. “Esta es la clase de imprudentes y poco escrupulosos prestamos que han ayudado a crear la crisis con la deuda de África”, observaba Watkins.
El problema de las armas ligeras
Pero los negocios con sistemas tan caros son solamente un aspecto del problema del tráfico de armas. El acceso fácil a las armas ligeras se ha identificado como uno de los factores que intensifican muchos conflictos. Escribiendo en la revista Ethics and International Affairs (2001, vol. 15, nº 1), William D. Hartung consideraba que la abundancia de armas ligeras ha llevado a un aumento del “mundo de los señores de la guerra”, en el cual las milicias y los rebeldes ignoran las leyes de la guerra.
La organizaciones humanitarias como la Cruz Roja han puesto de manifiesto que la proliferación de armas ligeras ha conducido a un notable aumento en los niveles de violencia de los conflictos civiles. El artículo cita un estudio que demuestra que, durante los años noventa, las armas ligeras han sido los únicos armamentos usados en los 46 conflictos de mayor envergadura acaecidos en esa década.
Hartung apuntaba que, mientras los gobiernos están entre quienes más proporcionan armas ligeras, muchas de las armas usadas en conflictos como los de Sierra Leona vienen de proveedores de armas privados enganchados al tráfico de armas ilegal.
¿Qué extensión tiene este comercio de armas ligeras? Ésta es la cuestión que Small Arms Survey a tratado de responder. Este proyecto comenzó en 1999 a instancias del gobierno suizo, junto con otros gobiernos interesados. Desde su centro, en Graduate Institute of International Studies de Ginebra, Small Arms Survey publicó el año pasado “Small Arms Survey 2001”.
Según sus autores, el número de fabricantes legales de armas ligeras ha aumentado en las dos últimas décadas, desde menos de 200 empresas en 1980 a las más de 600 de hoy. Más de la mitad de los fabricantes del mundo se localizan en los Estados Unidos.
Sin embargo, el volumen total de producción ha bajado. El estudio calcula que desde el año 1980 hasta el año 1998, la producción global ha alcanzado cerca de los 6,3 millones de armas ligeras al año. En el 2000, la producción estaba cerca de los 4,3 millones de armas de fuego. De esta cantidad, al menos el 75% se fabricaban en los Estados Unidos, demasiadas para su mercado interno.
El estudio calcula que el comercio legal anual de armas ligeras está valorado entre 4.000 y 6.000 millones de dólares al año. Los países exportadores más importantes, de los que hay datos, en los últimos años noventa, fueron, en orden descendente, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Rusia.
El volumen total del comercio ilegal de armas ligeras es difícil de precisar, hace notar el informe, aunque se estima en 1.000 millones de dólares al año.
Las Naciones Unidas organizaron una conferencia del día 9 al 20 de julio del año pasado sobre “Comercio ilegal de armas ligeras en todos sus aspectos”. Fue la primera vez que los gobiernos del mundo se reunían para tratar el tema.
La conferencia dio lugar a un programa de acción que contenía compromisos políticos y medidas concretas a nivel nacional, regional y global para poner freno al comercio ilegal de armas ligeras. Pero no se logró un acuerdo sobre la propuesta de que los Estados establecieran o mantuvieran regulaciones sobre la producción propia de armas ligeras. Tampoco se logró acuerdo en la propuesta de que la naciones solamente deberían entregar armas ligeras a otros gobiernos, excluyendo los grupos no gubernamentales.
Sin embargo, el programa de acción pedía que los gobierno ejercitasen un control efectivo sobre la producción de armas ligeras y sobre la exportación, importación, tránsito y transferencia de tales armas. La conferencia también pidió que se elaboraran amplias y cuidadosas memorias sobre la manufactura, encargo y comercio de armas ligeras.
El programa también pedía que las negociaciones regionales fueran conducidas con el propósito de concluir acuerdos importantes de cumplimiento legal obligado dirigidos a erradicar el comercio ilegal.
A nivel global, el programa pedía la colaboración con las Naciones Unidas para asegurar el cumplimiento efectivo de los embargos de armas decididos por el Consejo de Seguridad. También pedía el desarme y la desmovilización de los excomba
tientes y su reintegración a la vida civil.
Monseñor Celestino Migliore representó al Vaticano en esta conferencia de las Naciones Unidas. En su comunicado del 11 de julio, establecía la fuerte relación existente entre armas y violencia y, por lo mismo, que “las armas no podían ser tratadas simplemente como bienes comerciales”.
Manifestó que no sería deseable imponer una prohibición de toda clase de armas ligeras si existe un derecho a la legítima defensa por medio de las armas. Sin embargo, las Santa Sede hacía notar que éste no es un derecho absoluto y deberían darse unas condiciones específicas para que fuera lícita la producción, posesión y adquisición de armas.
