Así lo afirman el comunicado emitido el 1 de abril en la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal de Venezuela, convocada ante la crisis económica, social y política que atraviesa Venezuela.
«El progresivo deterioro de las instituciones, la amenaza de un colapso nacional, la tentación de recurrir a la violencia para dirimir las diferencias políticas y sociales, nos llevan a apoyar la consulta popular, con miras a una solución pacífica, democrática y electoral a la crisis del país», afirma el documento.
«Descartadas otras formas posibles, la sociedad llegó al consenso de asumir el Referendo Revocatorio Presidencial como mecanismo constitucional adecuado», añaden en relación a la instancia que está prácticamente paralizada, debido a una pugna dentro del Tribunal Supremo de Justicia.
El presidente Chávez ha instado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que rechace la petición opositora de referendo revocatorio, pues según él, estuvo hecha con fraude.
Los dirigentes de la oposición venezolana afirman que el presidente manipula a las autoridades electorales para sabotear la consulta.
«Hemos solicitado al poder electoral, junto a otras personas e instituciones, transparencia y agilidad. Impedir o retardar, indebidamente, el ejercicio de este derecho, poniendo obstáculos y argumentando legalismos, es una grave injusticia, contradice los compromisos adquiridos entre las partes en conflicto y representa una amenaza a la paz», afirman los obispos.
«Es el pueblo soberano quien debe decidir el futuro del país; de esa manera se hace posible una salida pacífica –añaden–. Las represalias contra los despedidos de sus trabajos, o privados de sus derechos y beneficios sociales, por haber firmado la solicitud del referendo o por disentir de políticas gubernamentales, constituyen una violación a los derechos humanos y agravan la crisis nacional».
Los obispos católicos comparten «la angustia de tantos venezolanos por las reiteradas violaciones a sus derechos fundamentales y por la disolución del Estado de Derecho».
«Las ofensas a la dignidad de la persona humana y el olvido del bien común «deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia, y son totalmente contrarios al honor debido al Creador»», añaden.
«Rechazamos la violencia, venga de donde venga –aseguran–. Denunciamos las desmesuradas represiones por parte de las fuerzas de seguridad, con el trágico saldo de muertos, privados de libertad, torturados y humillados; de persistir esta situación, al abrigo de la impunidad, los ciudadanos quedarían indefensos y a merced de abusos y arbitrariedades».
