CARACAS, viernes, 11 julio 2008 (ZENIT.org).- Los obispos de Venezuela, reunidos en su 90 Asamblea Plenaria, hicieron pública este jueves una exhortación pastoral, titulada «Unidos en la Justicia y la Rectitud», en la que exponen «algunas inquietudes y propuestas sobre la realidad nacional en este momento histórico».
Los obispos recuerdan que «se trata del grave deber pastoral de ofrecer una orientación ética y moral para el discernimiento y la actuación de los fieles», por lo que proponen «estas reflexiones ejerciendo el derecho a expresarnos, sin pretender imponer a otros sectores nuestro modo de considerar y analizar la realidad».
Inician su exhortación con la frase «Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia» (Jn 10, 10). «Esta expresión del Señor -explican- nos interpela ante la grave situación que amenaza la vida de los venezolanos, producto del desprecio a la verdad, de la injusticia, la corrupción, la impunidad, de la inseguridad generalizada, que se manifiesta en el irrespeto a la vida desde sus comienzos; el influjo perverso del tráfico y consumo de estupefacientes; el relajamiento de las costumbres, hasta llegar a la corrupción de los niños, adolescentes y jóvenes en sitios de esparcimiento y planteles educativos; la trata de seres humanos, con fines de prostitución y de explotación».
«Esta realidad -añaden- hunde sus raíces en una profunda crisis moral, generadora de dolor y temor, a la cual la Iglesia desea responder con la persona misma de Jesús, que viene a sanar la debilidad del corazón humano, y lo abre a la esperanza, poniendo en él, por medio de su Espíritu, el deseo de vivir según la Ley del amor».
Según los prelados, «uno de los problemas más graves que sufre el venezolano es el de la inseguridad física, jurídica y económica». Dentro de este contexto, «la vida humana no es protegida ni respetada. Hay una violencia desatada y sin control, generada por la delincuencia y la impunidad. Son miles las familias que sufren hoy la desaparición de seres queridos. Esto debilita la esperanza de un pueblo que históricamente se ha caracterizado por su actitud respetuosa de la vida de las personas».
Recuerdan que hace siete años expresaban su preocupación por el considerable aumento de la delincuencia y que hoy existen «peores condiciones, sin vislumbrar soluciones a corto o mediano plazo». «A ello se ha sumado de forma alarmante el secuestro y retención indebida de personas, sobre todo en las zonas fronterizas».
Hacen un nuevo llamamiento «a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad ciudadana para que asuman con decisión la urgencia de resolver la problemática de la inseguridad» y exigen «al gobierno nacional todos los esfuerzos posibles para lograr la liberación de las personas que se encuentran actualmente secuestradas».
«Todos los cristianos -añaden–, como discípulos misioneros del Resucitado, hemos de promover la cultura de la vida y generar actitudes y comportamientos que hagan posible la civilización del amor en el encuentro fraterno y respetuoso entre todos».
Los prelados recuerdan el derecho de todos a la educación y afirman que «nuestro pueblo siempre ha tenido en alta estima la educación impartida en los centros educativos de la Iglesia» por esos expresan su «preocupación respecto a las dificultades encontradas para que los organismos oficiales competentes honren los convenios ya establecidos».
«Es obligante señalar -puntualizan- la amenaza que se cierne sobre algunas instituciones educativas católicas y privadas».
En cuanto al actual panorama político del país, los obispos afirman que «se caracteriza por una crispación de los ánimos que no es saludable para el importante evento electoral que se avecina».
Como en anteriores ocasiones, exhortan «a los electores a cumplir su obligación cívica de sufragar, uno de los actos que más fortalecen el sistema democrático».
Así mismo señalan que «a la obligación de participar que tienen los electores corresponde, por parte del Estado, en particular del Consejo Nacional Electoral, el deber de garantizar la pulcritud del proceso, su fácil acceso, la difusión inmediata de los resultados y el acatamiento de los mismos».
Dados los últimos hechos, las inhabilitaciones de centenares de ciudadanos por un órgano administrativo, los prelados ponen de relieve que «entre los presupuestos de un proceso de elecciones imparcial, transparente y libre, está la garantía para todo ciudadano, dentro de los límites establecidos por las leyes, de elegir y de ser elegido. A nadie se puede condenar o privar de sus derechos sin una sentencia judicial firme».
Dentro del cuadro político ya descrito, añaden los obispos «un elemento que agudiza la polarización es la imposición de cualquier tipo de consigna que amenace con la muerte».
Subrayan los prelados que «una auténtica separación de poderes es garantía de ejercicio pleno de la democracia» y que «el Poder Judicial, cuya misión es, precisamente, juzgar, incluso eventualmente a quienes detentan los demás poderes públicos, debe hacer valer y respetar su independencia y autonomía». Y afirman: «Nuestro pueblo quiere la vida, y una vida digna. Ésta se consigue con actitudes y políticas que promuevan el reconocimiento de la dignidad personal, los valores humanos, la paz, el respeto a las diferencias, el diálogo sincero y la apertura a los otros. El progreso de Venezuela no se logrará con una permanente conflictividad, sino mediante un clima de paz, abierto al reconocimiento e inclusión de todos sus habitantes y sectores humanos. La construcción del país es tarea de todos. Nadie debe ser excluido».
«Los cristianos -concluyen- no podemos abdicar de esta responsabilidad; antes bien, con la sabiduría del Espíritu de Dios debemos sentirnos llamados a ser mensajeros permanentes de la Buena Noticia de Jesucristo, el Señor, y trabajar por el bien común de todos los venezolanos».
Por Nieves San Martín
