MÉXICO, miércoles, 1 septiembre 2004 (ZENIT.org–El Observador).- Por tercera ocasión en los últimos ocho años, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha criticado duramente la iniciativa de ley sobre casinos y casas de apuestas en México.
Esta iniciativa está preparada ya para votarse en el próximo período ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados de México, que se conforma de 500 integrantes, con mayoría relativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El período comenzó este miércoles y, según sondeos realizados por Zenit-El Observador, es muy probable que la votación, ahora sí, sea favorable.
Fuentes de la industria turística argumentan que el negocio de los casinos y las casas de juego –que, seguramente, invadirían los destinos de playa como Acapulco, Cancún, Los Cabos, Manzanillo, Puerto Vallarta o Ixtapa Zihuatanejo– alcanzaría entradas por un valor de cinco mil millones de dólares.
Ante ese panorama, la CEM plantea a los diputados interrogantes sobre la legitimación e implantación de casinos en territorio mexicano.
Se han hecho estudios, dicen los obispos, que demuestran lo engañoso de esa industria del «juego» y también de sus repercusiones negativas en la vida de muchas personas y familias.
Los obispos insisten, en su documento dado a conocer este lunes, que reglamentar juegos y sorteos es una cosa y aprobar los casinos, otra.
México necesita, afirman, un verdadero desarrollo de la persona y de sus dignidad. En este contexto –añaden– «la industria del juego y su posible legalización fortalecerán, aún más, las tendencias negativas del actual sistema económico».
Los obispos mexicanos ven en esta iniciativa una presión de grupos de poder financiero a los legisladores del país.
A éstos les recuerdan que «la economía debe estructurarse y rehabilitarse también desde la ética, lo mismo que la política».
Por lo demás, advierten sobre la posible desvalorización del trabajo remunerativo, en favor del «azar» y las apuestas entre los mexicanos.
En su parte doctrinal, la carta de la CEM apunta: «Si bien se deben de respetar los derechos de recreación y descanso, éstos van acompañados de los deberes del ahorro, de la recta administración y de la austeridad en favor de los que menos tienen y son excluidos. El dinero que gastamos lleva consigo una hipoteca social. Esto significa que debe estar al servicio del desarrollo de la sociedad, comenzando por asegurar que todos tengan satisfechas sus necesidades básicas».
Los obispos mexicanos hacen un llamado a las fuerzas políticas para unirse y, juntos, fomentar una campaña hacia una economía solidaria, basada en el valor de las personas y en la dignidad de su trabajo, y consideran que los casinos son un posible obstáculo para lograr que un mejoramiento real en la calidad de vida de los mexicanos.
